Alineamiento a la derecha

El Diario, 2 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Es de tal magnitud la tendencia derechizante prevaleciente en la sociedad mexicana –y la chihuahuense no es la excepción, al contrario– que, salvo el movimiento jefaturado por Andrés Manuel López Obrador (y en él deberá ubicarse, también, a Marcelo Ebrard), todas las fuerzas políticas mayores se mueven hacia ese polo de las concepciones políticas; quizá por eso se advierte tan diferente el lopezobradorismo y despierta tan encontradas pasiones.

¿Servirá lo anterior para explicarse el fortalecimiento, por lo menos a nivel de las percepciones, del PRI, porque se corrió ostensiblemente a la derecha, y no de ahora, convenimos, pero cuyo proceso se ha acelerado dramáticamente en la última década?

Ni duda cabe que la llegada del PAN obedece a tal fenómeno. Además de que supo convencer a la mayoría de los electores que era la agrupación con la fuerza suficiente como para desbancar al PRI en el 2000, más evidente fue en el 2006. Un importante segmento del electorado priísta –por supuesto que una buena parte de sus principales dirigentes, activistas y gobernantes– puestos en la disyuntiva de votar por la izquierda o la derecha, optaron por esta última, antes que hacerlo por el que le llamó chachalaca ¡al presidente Fox ¡Horror al crimen ¿Cómo votaremos por alguien así?

Esos giros a la derecha, por supuesto que tuvieron consecuencias. El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo ese origen, hombres de derecha, la mayor parte de ellos, y muy cercanos a las posiciones de la iglesia Católica y del PAN, avalados por la parte más conservadora del PRI. Lo mismo sucedió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y el IFE.

Otro rasgo les es inherente a todos ellos: Su afición a los salarios elevados.

Ahí los tenemos, ganando verdaderas fortunas mensuales en medio de un país que se desangra preso entre la violencia, la corrupción y las cadenas del Estado construido por el autoritarismo y a punto de iniciar un gravísimo retroceso en todos los órdenes, no solamente en lo político, y en este apartado no referido estrictamente a lo electoral.

Ese es el entorno de la discusión de la SCJN acerca de la constitucionalidad, o no, de las reformas efectuadas a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí, que sumadas a la primigenia efectuada en Chihuahua muchos años atrás, cuando el PAN gobernó, son realidad en 18 entidades del país. Reformas efectuadas con la participación activa del priismo nacional y cuyo elemento central lo constituye la concepción conservadora que se opone a la despenalización del aborto, con un argumento falaz: Que el Estado tutele los derechos de los individuos desde el momento de la concepción.

La discusión sostenida prácticamente toda la semana por los ministros de la SCJN versaba, además, acerca de la facultad de las legislaturas locales para establecer diversas regulaciones no suficientemente contenidas, dicen sus promoventes, en la Constitución General de la República, pero que en el fondo se encontraba, nítido, el debate sobre la despenalización del aborto, es decir, y hay que expresarlo claramente, que persista la criminalización del aborto, esto es, que aquellas mujeres sometidas a tan difícil trance, deban soportar, además, la posibilidad de ir a la cárcel, y de acuerdo con la legislación de esas entidades, ser acusadas de homicidio, hasta con agravantes.

Esa es la discusión real. Bastaba que ocho ministros declararan inconstitucionales tales reformas pero la derecha se sintió herida de muerte y se olvidó del país en el que casi es hegemónica, de los 50 mil muertos de la guerra de Calderón, de las causas que generan el gran número de combatientes de ambos bandos, de las no pocas muertas a causa de abortos mal practicados, de que quienes lo han practicado alguna vez son, en su gran mayoría, mujeres pobres, católicas, casadas y con dos o más hijos.

Con esta decisión colegiada se convalida que el ser humano en el vientre materno sea sujeto de derecho, dice la senadora Ortuño, algo que todos, hasta los promotores de la despenalización del aborto reconocen.

Derrochando intolerancia, a la decisión de la SCJN la califican de una justa decisión de “la sociedad que en su mayoría se ha pronunciado a favor de la CULTURA DE LA VIDA (Mayúsculas de LJVF)”, como si quienes hemos abogado, abierta o discretamente, por la despenalización del aborto fuéramos, como ellos lo dicen, promotores de la muerte.

Fue la ministra Olga Sánchez Cordero quien –a juicio del escribiente– mejor defendió dicha postura, partiendo de la verdadera discusión y llegó al grado de ridiculizar los argumentos usados por sus oponentes en el debate. Afirmó que las entidades podían ampliar los derechos de los ciudadanos, no restringirlos y afirmó que tal decisión restringiría los derechos inherentes a la mujer y de su salud reproductiva; el de la voluntad de muerte anticipada –como lo reconoce la Ley General de Salud–, porque la reforma de Baja California “reputa como nacido para todos los efectos legales al concebido hasta su muerte natural o no inducida”.

Su mejor argumentación la ofreció al expresar que tal legislación crea una gran incertidumbre en las mujeres pues “…una mujer que decide ponerse el dispositivo intrauterino (DIU) o utilizar la anticoncepción de emergencia no sabrá en qué casos está ejerciendo un derecho al utilizar un método anticonceptivo y en qué otros estará cometiendo un delito privando de la vida a otra persona”, expresó la ministra poniendo, quizá sin saberlo o quererlo, en ridículo a los ponentes de la otra postura pues llevó al absurdo la indefinición acerca del momento en que una mujer actúa previniendo la concepción o, por el contrario, la implantación del cigoto en el útero, ya sea por utilizar un DIU o la pastilla del día después, aceptada y difundida por la Secretaría de Salud.

Las preguntas de la ministra Margarita Luna Ramos golpean a la inteligencia de los mexicanos: “Pregunto, ¿cuál derecho se vulnera de las mujeres?”. “El derecho a interrumpir el embarazo, ¿dónde está concebido en la Constitución, en algún tratado internacional? En ninguna parte dice que está este derecho concebido en favor de las mujeres”.

La otra vertiente, peligrosísima en esta etapa de creciente balcanización en la que, con mucha mayor frecuencia de la razonablemente esperada, se advierten un mayor número de gobernantes locales cometiendo verdaderos excesos autoritarios, es la de que las legislaturas locales –obedeciendo tales deformaciones políticas– aprueban innumerables reformas regresivas, o solapan increíbles excesos de los gobernantes.

Ejemplos de ello son las referentes a la del tema de hoy, aprobadas en 18 entidades a ciencia y paciencia del PRI que se dijo “de izquierda”, es decir, el dirigido por Beatriz Paredes; la conducta de Humberto Moreira en Coahuila ordenando la aprobación del nombramiento del titular del SAT local hasta por dos períodos sexenales; o Peña Nieto prohibiendo las coaliciones electorales, Ulises Ruiz desfalcando a las arcas estatales de Oaxaca; Mario Marín mandando verdaderos destacamentos paramilitares para que apresaran a Lydia Cacho; o Emilio González, en medio de una borrachera ordenando la donación de 100 millones de pesos para la construcción de una iglesia; o Fidel Herrera regalando cientos de millones de pesos a los dueños del equipo de futbol Tiburones Rojos del Veracruz; o Eduardo Bours construyendo un emporio en las playas de Sonora… y las que no sabemos, o poco se saben.

Sin embargo, el escándalo surgió de adentro de una de las instituciones más férreamente opositoras a la despenalización del aborto, la iglesia católica. El Obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, aseguró, eufórico, que “Casi perdíamos ayer (el miércoles), pero una llamada del Papa, no sé a quién, no me pregunten, cambió todo”. Agregó, además, que en tal determinación participaron el gobernador de Baja California, “los gobernadores participaron, y el Presidente de la República participó en esta ley en favor de la vida que ha sido maravillosa, una noticia muy hermosa”. (Nota de Antonio Heras, La Jornada, 30/IX/11).

Por supuesto que tales declaraciones fueron desmentidas por los voceros de la SCJN y del episcopado mexicano, pero subsiste la duda ¿Dirá la verdad el prelado californiano?

¿Mentirá? ¿O mienten los otros altos dignatarios de esa misma iglesia?

INFORME.- Nos tocó en sábado el I Informe del Gobernador César Duarte. Habrá tiempo de abordarlo, y con más calma.