No cambian estrategia, siguen sin rumbo

El Diario, 3 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Las cifras son salvajes. A pesar de todas las acciones gubernamentales, de todos los órdenes de gobierno, la masacre continúa. Las ejecuciones en el país aumentaron durante los primeros seis meses de este año un 16 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el Ejecutómetro de Grupo Reforma, en lo que va del año han ocurrido 6 mil 641 muertes relacionadas con el crimen organizado, mientras que en 2010 se registraron 5 mil 703 entre los meses de enero y junio.

En 21 estados se registró un aumento en el número de ejecuciones en los primeros seis meses de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En tanto que en algunos pocos estados la incidencia disminuyó, como es el caso de Chihuahua, (especialmente Juárez que lleva cuatro meses con una tendencia, ligera, a la baja, al igual que Chihuahua capital, aunque ésta con una menor disminución, respecto al año anterior), en otros, como Nuevo León, se incrementó en más de 200 por ciento al pasar de 278 ejecutados en 2010, a 844 en lo que va del 2011.

Lo mismo pasa en Durango, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.

Tal incremento sigue demostrando que la estrategia es equivocada, no solamente se elevan las cifras mortales y la incidencia delictiva, sino que ahora estamos frente a un problema mayor, el incremento de la desconfianza de la gente hacia las autoridades y en que el problema de la inseguridad es el mayor o más importante.

GEA-ISSA, la empresa encuestadora favorita de Felipe Calderón –tan lo es que su ex director, quien actuara con ese cargo en las elecciones del 2006, Guillermo Valdés, es ahora el director del CISEN ¡Nomás– al aplicar un cuestionario en una encuesta nacional levantada en mayo pasado, se encontró con que el 71% de la población cree que la inseguridad y la violencia están afectando su situación económica y la de su familia. A su vez, el 27% no se siente afectado y el 2% no sabe.

En tanto que el 59% se siente afectado directamente por el problema de la inseguridad, mientras el 40% no se siente afectado directamente.

Más sorpresas: Si en marzo 62 de cada 100 aprobaban los operativos en contra del crimen organizado, en mayo esa cifra descendió a 53, en tanto que en el mismo período pasaba de 36 a 45 quienes los desaprobaban y sólo el 40% considera correcta la estrategia, en tanto que el 54 la considera incorrecta.

Tales respuestas tienen correlación con las obtenidas ante el cuestionamiento de si es correcto usar la fuerza pública para enfrentar al narcotráfico. 52% respondió que es incorrecta y sólo el 42 la respalda, en curvas totalmente encontradas que muestran la tendencia ciudadana de considerar equivocada la estrategia gubernamental.

Y ahí aparece el problema mayor, como en otras facetas de la vida política y social del país, éste se divide en dos. Ante la pregunta de si era necesario buscar un acuerdo con las bandas criminales, o continuar la lucha, el 48% respondió positivamente a la necesidad de buscar el acuerdo y el ¡47% que continúe el combate.

Peor no podía estar –para el gobierno– la percepción popular acerca de su principal eje de su actuación, el mismo que le ha costado no solamente la caída de la confianza en Felipe Calderón –según todas las encuestas efectuadas, por abajo del 50%, en todas– sino que ésta se ha reflejado en prácticamente todos los procesos electorales realizados después de las elecciones presidenciales del 2006 y que seguramente continuará, a juzgar por lo sucedido previamente en el Estado de México en el que, hasta el día de hoy, no solamente el candidato del PRI, Eruviel Ávila, lleva una cómoda ventaja, sino que el candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, aparece en tercer lugar, pero muy lejos de los punteros, Ávila y Alejandro Encinas, del PRD.

Y no se trata de cualquier candidato, Bravo Mena no solamente salió de las oficinas presidenciales, en donde se desempeñaba nada menos que como Secretario Particular de Calderón, sino que en sus alforjas lleva el haber sido presidente del Comité Nacional del PAN. Si lo que puede suceder el día de hoy en el EdoMex se repite en las elecciones federales del próximo año, no habrá mejor explicación para tal fenómeno electoral que la desastrosa gestión de Calderón y su empecinamiento en la actual estrategia contra el crimen organizado.

Y es que no se encuentra, por ninguna parte, la inteligencia (ni la contenida en los cerebros de los funcionarios, ni la realizada por los aparatos estatales), pues ni se combate la violencia, ni se reduce el número de víctimas de la misma y en cambio se privilegia la detención de jefes operativos (con algunas contadas excepciones) sin que se afecten, como dicen los especialistas en este tema, las bases de dinero, sus negocios ni sus fuentes de abastecimiento de armas.

Imbuidos, todos los gobernantes del ánimo guerrerista, no aceptan los múltiples llamados de especialistas, académicos, derechohumanistas, organizaciones de la sociedad civil, de las víctimas, de los miles de deudos, médicos, y de una buena parte de los medios de comunicación, a cambiar el enfoque.

Así, en la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores, en voz del Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, insistieron en su petición de la elevación del presupuesto de seguridad pública, coincidiendo, en todos sus aspectos, con la postura de Calderón quien expresó, ante tal solicitud, su coincidencia y señaló que podrían analizar sus prioridades con la Secretaría de Hacienda para trasladarlas al presupuesto de egresos de 2012, no sin enfatizar el crecimiento otorgado a las entidades federativas en los últimos años y les “aconsejó” hacer reasignaciones en sus propios presupuestos para darle prioridad a la seguridad.

Así que, a los 450 mil millones de pesos gastados en los últimos cuatro años por las dependencias federales encargadas de la seguridad pública, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Nacional y de Seguridad Pública, así como a la PGR, y los empleados por las entidades federativas, los titulares del Poder Ejecutivo de la Federación y los estados le aumentarán los recursos a esta estrategia fallida.

Pero no hay problema, son muy sensibles al sentir ciudadano y al momento de emitir discursos se olvidan de sus propias actuaciones. ¿Cómo es posible que Calderón lance una frase como ésta, espetada a los gobernadores y secretarios de Estado: “No hay que temer a los ciudadanos, hay que gobernar con ellos”? Híjole, ¿cómo puede decir eso si fue necesaria la movilización de miles para que una madre coahuilense, ante la desaparición de sus tres hijos, pudiera ser escuchada? ¿Ya se olvidaron de Marisela Escobedo que fue hasta sus oficinas para ser recibida y se encontró con todas las puertas cerradas?

Bueno, pues resulta que ni siquiera en la aplicación de tal estrategia cumplen con eficiencia sus propios objetivos. Han dicho una y otra vez que la utilización del ejército en labores policiacas era en tanto se capacitaban, modernizaban y limpiaban las corporaciones policiacas, pero hasta el momento sólo el 13% de los 400 mil policías del país han realizado los exámenes de confianza ¡Y el sexenio ya va a terminar ¿Cuántos sexenios necesitan para examinarlos a todos?

Y hay verdaderas monstruosidades. Del estado de Quintana Roo sólo se han evaluado a 6 de 6,043 elementos policiacos, según estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Incapaces, o reacios a modificar las actuales estrategias, no hay gobernante que, en los discursos, no diga que su gobierno está empeñado en rehabilitar el tejido social, o “recuperar los valores”, sin embargo, en reuniones como la mencionada nadie se acuerda de tales discursos y de la urgente necesidad de modificar las estructuras presupuestales para invertir ingentes sumas en esa reconstrucción social, que más bien podríamos ubicar como la construcción de un nuevo tejido social, porque el previo, el que dio origen a la actual situación, está demostrado, no era funcional y creó la aberrante realidad del México de nuestros días.

¿O deberemos esperar a que la cifra de la masacre rebase los 100 mil ejecutados?

¿Hasta cuándo entenderán que se necesita más dinero en la prevención de las adicciones, en el tratamiento de los adictos, en la construcción y operación de miles de escuelas de tiempo completo, en programas sociales, particularmente en las zonas fronterizas y las mayores urbes, ahí en donde se dieron vuelo impulsando a la industria maquiladora, en sustitución de la de transformación y olvidando la responsabilidad del Estado en el cuidado y educación de niños y jóvenes?