Reveses a la guerra calderonista

El Diario, 17 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Dos noticias, dos eventos, de enorme trascendencia, ambos relativos al principal problema, por lo menos para la mayoría de la población de los estados norteños, la seguridad pública, dan motivo a la reflexión pues sus consecuencias serán, uno, el protagonizado por los gobernadores -con la celebración de la Convención Nacional de Seguridad Pública, celebrada a principios de la semana en Chihuahua capital- de mediano plazo, y el otro, el protagonizado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá de impactar al país durante largas décadas –ojalá-. Los dos superan en importancia lo realizado por las fuerzas de la izquierda electoral en el estado de México, tema al que habremos de regresar con alguna frecuencia con motivo de las elecciones presidenciales.
Y es que seguramente los resultados de la elección mexiquense pudieran obnubilarnos por la contundencia de la victoria priista, pero también mostraron que López Obrador es quien tiene la mayor fuerza dentro del espectro de la izquierda, con una magnitud que impidió la concreción de la alianza entre el PRD y el PAN, cosa que finalmente hubiese llevado al perredismo a la pérdida de cientos de miles de votos en el inminente proceso electoral; demostró que finalmente Marcelo Ebrard estaba de acuerdo con esa línea política, instrumentada por el grupo hegemónico al interior del PRD, antagonista del ex candidato presidencial, el dirigido por el ex presidente nacional, Jesús Ortega.
La especulación del escribiente consiste en que con la alianza de todos modos el PRI se habría alzado con la victoria y se hubiese impedido la caída libre del partido de Felipe Calderón y no se habría podido dar pie a la reconstrucción de las fuerzas del PRD mexiquense, algo a lo que la participación de Alejandro Encinas y López Obrador contribuyó enormemente, solo recuérdese que la senadora Yeidkol Polevnsky solo llegó al 8% de las preferencias electorales, muy inferior al casi 21 de Encinas.
Tal diferencia puede contar, y mucho, el año entrante.
Pero en tanto se apagaban los rescoldos de aquella elección, los gobernadores se daban cita en Chihuahua para celebrar lo que denominaron Convención Nacional de Seguridad Pública, con todo y que, prácticamente, solo podían participar los mandatarios, sin más opiniones que las de sus equipos e invitados muy selectivamente escogidos.
Si bien alcanzaron acuerdos positivos, (bueno, relativamente) exhibieron su impreparación para hacer frente al enorme desafío levantado por la delincuencia organizada y la acelerada degradación social, que avanza por todo el país sin fuerza alguna que la detenga.
¿Qué explicación pueden dar quienes son, en la práctica y en la realidad, los dirigentes de las diputaciones federales, ante el hecho incontrovertible de que la ley para combatir el narcomenudeo fue aprobada por el Congreso de la Unión el 20 de agosto de ¡2009! y solo hasta ahora, a quince días de la puesta en vigor, reaccionen y exijan a la federación el otorgamiento de 13 mil millones de pesos para hacerle frente a los compromisos derivados de esa ley? (Perdón por la extensión de la pregunta).
Expliquémonos. La ley en comento –como dirían nuestros ínclitos legisladores- establece claramente en sus artículos transitorios que las legislaturas locales habrían de aprobar las adecuaciones necesarias al ámbito de sus competencias, además, ordena que el gobierno federal y los estatales habrían de destinar de sus respectivos presupuestos las partidas necesarias para resolver las necesidades derivadas de la aplicación de esta ley.
Y no son pocas atribuciones, no es solamente la relacionada con la detención de los presuntos delincuentes por este motivo, sino que les señala la obligación de atender aspectos como la prevención y atención a las adicciones pues inusitadamente esta ley tiene como atributo principal un enfoque privilegiadamente de salud pública.
Pues bien, entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre del año pasado, los diputados federales y sus líderes formales y reales debieron considerar en el presupuesto de egresos de la federación las partidas para la creación de los grupos policiacos respectivos, la de las dependencias necesarias para las adicciones, el equipamiento adecuado y la consiguiente capacitación del personal respectivo.
No había necesidad de pedir nada al gobierno federal que, por otra parte, debió considerar en su propuesta presentada a la Cámara de Diputados en la primera fecha, las partidas respectivas.
¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué esperarse, literalmente, al cuarto para las doce para reclamar que no existe la capacidad necesaria para hacerle frente a tal fenómeno?
Podemos coincidir en que los municipios no tienen esa capacidad, pero tuvieron dos años para atenuarla ¿por qué no se hizo? Y ahora los Presidentes Municipales, agrupados en la Federación Nacional de Municipios, solicitarán una prórroga para la puesta en vigor de la ley.
¡Ah pero no nos podemos quejar, al presentar las conclusiones de la mesa de trabajo que abordó este tema, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, nos lanzó un mensaje tranquilizador: “Se trata de un serio problema de recursos, pero que queden claros nuestro compromiso y convicción en la lucha contra el narcomenudeo”!
¡Híjole, si no nos lo dice no hubiésemos podido dormir, ya estamos tranquilos pues sabemos de su enorme compromiso!
El reclamo de los gobernadores es de un monto de 13 mil millones de pesos, a ejercer en los próximos tres años para la creación o reforzamiento de las unidades de inteligencia en las entidades, a efecto de perseguir el lavado de dinero y la aplicación de la ley de extinción de dominio para detener el flujo de recursos a las organizaciones criminales.
Y de que hay discrepancia en tales asuntos lo evidenciaron las declaraciones del alcalde juarense, Héctor Murguía, y su jefe de policía, Julián Leyzaola Pérez, quienes afirmaron que el cuerpo policiaco municipal ya está listo “pues desde hace meses emprendió la capacitación a los agentes y la preparación a toda la corporación”. (Nota de A. Salmón y D. Domínguez, El Diario, 12/07/11).
Murguía se quejó del monto, aunque no de la puntualidad de la llegada de los recursos federales que, dijo, siguen siendo muy pocos para equipar a las policías.
Leyzaola fue más preciso en la descripción de la preparación de los policías municipales juarenses en esta tarea, dijo que “la Policía Municipal cuenta con un equipo de reacción, especializado para la persecución del delito de narcomenudeo y se está capacitando a otro dedicado a la investigación de delitos como secuestro y extorsiones”. ¡Vóytelas!
Además, “… consideró que los vendedores de droga y quienes los surten, están modificando la forma de operar para evitar ser detectados, por eso es necesario mantener la vigilancia directa con policías a pie y en unidades de fácil acceso a los callejones para poder detenerlos al momento de realizar las transacciones de droga”. (Ibídem).
Es decir, unos sí sabían y otros no, unos sí hicieron la tarea y los otros prefirieron esperarse a reunirse con los demás para, al abrigo de la Conferencia de Gobernadores, deslindarse de las responsabilidades que la nueva legislación les deparó.
Aquí, repetidamente, hemos sostenido las graves deficiencias, incapacidades y ausencia de concepciones estratégicas de la administración federal en el combate al narcotráfico; en el presente caso no se escapa, pero en el tema abordado ahora son las mandatarios estatales quienes cargan con la mayor parte de la culpa de no afrontar con la suficiente solvencia uno de los aspectos centrales del tráfico de drogas.
Vamos, ni siquiera en la concepción, llamémosla armamentista, muestran eficiencia, al contrario. Tal pareciera que las ineficiencias de unos y otros se van sumando y al final nos quedamos con la impresión de que sí se quiere combatir al narco ¿Pero no tanto?
Y si esa tendencia sufrió un serio revés, propinado por la impreparación de los gobernadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les propinó otro, contundente, y altamente esperanzador para quienes aspiran a que el combate al narcotráfico, la guerra de Calderón pues, se conduzca bajo el más estricto respeto a la ley.
Al darle seguimiento a la determinación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, del 2009 en el sentido de que el artículo 57 del Código de Justicia Militar se contraponía con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, la SCJN resolvió que en casos de violaciones de los derechos humanos de civiles, cometidos presuntamente por elementos de las fuerzas militares, deberán ser tribunales civiles quienes “conozcan” del caso y no, como hasta ahora han pretendido las fuerzas armadas, los tribunales militares.
Enhorabuena.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com