¡Qué miércoles!

El Diario, 2 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Aterran, estremecen, pasman los titulares de los periódicos digitales de ayer que, además, echan por tierra aquella conseja popular de que ya perdimos la capacidad de asombro frente a la ola criminal:

A dos días de haber denunciado la corrupción, matan a Oropeza.

Ultiman a hombre a tiros en el bulevar El Saucito.

Matan a policía especial y hieren a cuatro clientes en asalto a sucursal de Santander

Narcos siembran el terror en Balleza; asesinan a jefe de Policía (Luego se informaría que sólo estaba herido pero sin saberse, hasta el cierre de esta colaboración, el verdadero estado en el que se encuentra).

Desaparece presidente seccional de Pachera, municipio de Guerrero.

Entran a su casa y le quitan la vida en fraccionamiento de ‘acceso restringido’.

Amanece reo sin vida en celda de UBR…

Justamente cuando nos aprestábamos a celebrar el hecho de que por tercer mes consecutivo la ola homicida se mostraba a la baja en Juárez, un nuevo crimen proditorio vino a sembrar el pesimismo entre los chihuahuenses pues las implicaciones del asesinato del ex subdirector del penal viejo de Chihuahua, la Unidad de Bajo Riesgo (UBR), Fernando Oropeza, son, a cual más, de negras.

Asombra que, por lo menos, en tres de los casos más paradigmáticos de los últimos meses no aparezca por ninguna parte el mínimo de proyección prospectiva en la Fiscalía General. Las respuestas, ante los naturales cuestionamientos acerca de la protección otorgada a las ahora víctimas fatales, son las mismas, no la habían pedido, dicen.

Así, en el caso de Álvaro Sandoval, el héroe de Palomas, la Fiscalía General afirmó que había rechazado la protección oficial; luego, ante el asesinato de Marisela Escobedo, arguyeron que la custodia era ‘discreta’, tan discreta resultó que los asesinos no batallaron para superarla y ahora, en el asesinato de Oropeza dicen que no solicitó protección gubernamental.

Algo deben hacer en Gobierno del Estado, pero ya. Ante los reclamos de Marisela Escobedo, se argumentó que su trabajo indagatorio no estaba bien hecho.

A Oropeza lo enviaron a recabar pruebas de la corrupción denunciada por él y a la que se declaró ajeno. Ahora tienen la prueba suprema de la existencia de una enorme red de corruptelas al interior de la UBR.

¿De veras, creen que no necesitaba protección un hombre que gritaba a los cuatro vientos que le habían sembrado las pruebas y que expresaba, sin tapujos, algo que todos los demás intuimos y ahora sabemos, que es la existencia de muy poderosos intereses al interior de los penales?

Podría haber mentido, pero hay un hecho que llama, sobremanera, la atención, la oposición a que personal de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) estuviese presente en la revisión del penal y a que, hasta una semana después, como si se escondiese algo, se les permitiera el acceso.

Más aún, llama la atención que el mismo Oropeza hubiese admitido que él le autorizó a un reo la introducción de las mesas del billar al penal. Todo lo anterior develó cruda, violentamente la enorme olla de corrupción que son los penales de Chihuahua y el enorme descuido con el que son manejados, abruman los casos de los últimos días que revelan la absoluta falta de control de las autoridades sobre ellos.

Y ahora no se puede argüir que la causa es el enorme número de reos del orden federal ¿Cómo, si el antiguo penal de la capital chihuahuense es de bajo riesgo?

O se pone en el primer lugar de las prioridades de la seguridad pública en el estado asumir el control de los penales o la pendiente por la que transitamos se volverá aún más inclinada, quizá hasta volverse una caída vertical en la ruptura del orden legal y del tejido social, hasta ahora vigentes.

Además, los acontecimientos acaecidos en la capital de Chihuahua en los últimos meses, nos están hablando de un agravamiento de la problemática de este tipo que, bien lo saben los juarenses, acaba por carcomer al total de la sociedad.

Finalmente ¿Los hechos anteriores no nos deben llevar a la conclusión, expresada por muchas voces al inicio de la actual gestión, en el sentido de que son muchas las funciones abarcadas por la Fiscalía General? Porque lo sucedido hasta hoy denota que la situación, en lugar de mejorar, se ha agravado.

Aún es tiempo.