El Diario, 28 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Uno de los casos mas dramáticos y de los más espeluznantes ocurridos en nuestra entidad, a partir del recrudecimiento de la guerra de los cárteles de la droga y la sostenida por el gobierno de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, ocurrió en la serrana población de Madera.
Nos puso de frente a la patética realidad de la procuración y aplicación de la justicia. Absolutamente deficitaria. Dos individuos, catalogados posteriormente por las autoridades prejudiciales como “afectados de sus facultades mentales”, fueron encontrados muertos y mutilados. Sus órganos genitales les fueron colocados en la boca, después de haber sido liberados por un juez de garantías que los encontró inimputables del delito de secuestro (probablemente también de violación) en perjuicio de una menor de edad, de dos años, a la cual metieron en un costal.
La información alrededor de la menor es escueta, queremos creer que la menor vive y podrá superar tan violenta agresión.
El problema mayor lo constituye la decisión del juez. Seguramente que la inimputabilidad es adecuada pues no hay noticia de protestas masivas de la población que, ante un hecho de esta naturaleza, y más en ciudades de las dimensiones de Madera, protesta seriamente ante lo que constituye una flagrante agresión a una sociedad, debe ser, y ésta es una especulación del escribiente, que en esa población los agresores son considerados algo así como –y perdonen la expresión– “los loquitos del pueblo” y que el juez acertó en no considerarlos aptos para recibir una condena, al ubicarlos como culpables de un delito, como si este hubiese sido cometido por una persona en plenitud de sus facultades mentales.
El problema consiste en que el nuevo sistema de justicia penal tiene detallado todo un procedimiento (aquí debo agradecerle al Lic. César Cabello sus precisiones, luego de escucharnos en el programa “Palabra Propia”, del colega José Luis Jáquez) para casos como el ahora tratado, consistente en que el juez debió suspender el proceso, abrir una pausa y solicitar un peritaje médico para que éste determinara, sin lugar a dudas, la integridad mental de los individuos. Una vez recibido éste y demostrada la inimputabilidad, determinar su culpabilidad y si se demostrara, sentenciarlos a recibir tratamiento en un lugar especializado, con vigilancia permanente durante el tiempo marcado por la sentencia.
¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué razón no actuó el juez de la manera establecida en el marco legal y así nos ahorrase otro espeluznante episodio de justicia por propia mano? ¿Acaso no conoce la ley? Y si es así ¿Por qué no la conoce, sólo porque es el juez de Madera?
Tal episodio viene a demostrarnos que más allá de la bondad de un mandamiento legal, si los encargados de aplicarlo no lo hacen, estaremos frente a una recurrente violación de la ley, el consabido incremento de la impunidad y el reforzamiento de la concepción popular de que las instituciones están podridas de manera irremediable.
Establecer lo anterior tiene como propósito el no dar pie a la otra posibilidad, aquella consistente en que se sugirió dejarlos en libertad y dejar que se aplicara la “justicia” popular, en este caso más salvaje que los actos realizados por los hoy difuntos, pues es la aplicada por ciudadanos en pleno ejercicio de sus facultades mentales y responsabilidades ciudadanas, y si así fuese sería con la anuencia de la autoridades, incapaces de aplicar la ley, con lo que se permite se cierren aún más los estrechos márgenes de legalidad hoy vigentes.
Si no es así, entonces se trata de una supina ignorancia, de la cual es responsable, no solo, por supuesto, el juez de marras, sino todos los responsables del Poder Judicial quienes deberán tomar, de inmediato, las medidas necesarias, evaluar urgentemente a todos los jueces, capacitarlos a marchas forzadas, evaluar sus condiciones patrimoniales y efectuar una profunda limpieza de ese poder.
Urge.
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