Conago al rescate

El Diario, 19 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Poco a poco crece la convicción de estar frente a un ambicioso e inescrupuloso plan presidencial encaminado a mantener en el poder al PAN los siguientes seis años. El discurso calderonista lo devela en prácticamente todos los eventos y oportunidades que se le presentan. El eje de tal ofensiva consiste en evidenciar ante el electorado que el causante de la gravísima crisis de seguridad pública es el PRI; y el objetivo estratégico es impedir a como dé lugar el triunfo de este partido en las elecciones presidenciales del 2012.

En tal esfuerzo poco importa poner en riesgo al conjunto de las instituciones gubernamentales, ni siquiera la viabilidad de las acciones en el combate al crimen organizado, la irresponsabilidad política es el rasgo central de quien ahora dirige al país, de modo tal que hasta en su propio partido crecen las más ácidas críticas a Felipe Calderón.

Tal actuación ha originado las más variadas reacciones, una de las cuales, por los resultados hasta ahora alcanzados, puede encomiarse, incluso sin tomar en cuenta que una buena parte de las motivaciones que le dieron origen es estrictamente electoral; pero si les concedemos el beneficio de la duda a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, debemos apuntar que sí hay una creciente preocupación entre los gobernadores por el ritmo de la violencia y de las muy escasas posibilidades de que amaine en el futuro cercano, de tal modo que las elecciones federales del próximo año pueden salpicarse de la extrema violencia y criminalidad ahora vigentes.

Precedido de varias tronantes declaraciones de algunos de los priístas más prominentes, entre ellos su dirigente nacional, Humberto Moreira, causadas, primero, por las bien documentadas filtraciones llegadas al escritorio de varios columnistas de medios de comunicación de la ciudad de México, acerca de la preparación de diversos operativos de la PGR –y hasta del ejército y la Policía Federal– para detener a algunos ex gobernadores priístas, supuestamente relacionados con el crimen organizado (que bien pudieron detener el nombramiento de varios de ellos en prominentes cargos del Comité Nacional), y luego por el desusado discurso de Felipe Calderón en el estadio de la Universidad Stanford (no tanto porque lo expresado faltara a la verdad, sino por el lugar y la oportunidad de realizar un pronunciamiento que influyera en varios de los más apremiantes problemas de la comunidad mexicana en Estados Unidos, de frente a la elección presidencial) la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) lanzó el primer operativo conjunto de seguridad a nivel nacional –Conago 1– con resultados positivos, por lo informado en Chihuahua hasta el día 5 de ese operativo.

De ningún modo podrá desligarse la instrumentación de tan descomunal acción gubernamental de la detención de Jorge Hank Rhon, y la clarísima intención de hacerla influir en el proceso electoral del Estado de México, y de pasadita –¿por qué no?– en las federales del año próximo.

Porque más allá de las motivaciones de los mandatarios estatales en materia de seguridad pública, lo cierto es que el lanzamiento de ese operativo tuvo –y esa es la percepción generalizada, incluso al interior del gobierno federal– el propósito de salirle al frente a la ofensiva presidencial y demostrarle al país que los gobiernos de los estados, además de voluntad, también tienen la capacidad necesaria para afrontar la ola de violencia y criminalidad.

En vista de los resultados preliminares del operativo, que parecieran ser exitosos, las siguientes preguntas son obligadas: ¿Por qué no se les había ocurrido antes? ¿Por qué hasta ahora? ¿Cuántas vidas y fortunas pudiesen haberse salvado de haberlo instrumentado años atrás, antes de que nos rompieran el endeble entramado social existente hasta 2007?

Porque sin tener más información que la muy escueta emitida por las autoridades estatales, pareciera no haber limitaciones económicas para mantener tales actividades de manera normal y permanente, sin que esas tareas las deban realizar las fuerzas militares, o las federales y sin que deba existir la motivación electoral para su ejecución.

Pero tal pareciera que en las oficinas presidenciales solo existen de esas motivaciones. No bien empezaban a informar de los resultados de los primeros días del Conago 1 y ya Alejandro Poiré, el polémico Secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya estaba elogiando el operativo, pero enfatizando que el 90% de los delitos cometidos en el país son del orden común, como queriendo decir –Qué bueno que se pusieron a realizar su trabajo, hasta que al fin–.

“Es importante recordar que más del 90 por ciento de los delitos en México corresponden al fuero común. Es decir, recae en el ámbito de atribuciones de las entidades federativas su investigación, persecución y juzgamiento. Así, las entidades federativas adquieren un compromiso manifiesto frente a la ciudadanía con este despliegue de más de 300 mil efectivos, que servirán también para sumarse a las labores de seguridad pública que las Fuerzas Federales han venido realizando en apoyo temporal a solicitud de las autoridades locales mientras fortalecen su confiabilidad y sus capacidades operativas y de inteligencia”.

Más. “(La Conago es) nueva etapa en la lucha contra el crimen en la que los mandatarios estatales refuerzan el cumplimiento de sus obligaciones legales en atención a delitos”.

Y lanza el reto (al que entusiastamente nos sumamos): “La lucha por la seguridad de los mexicanos no puede ni debe ser sólo una política de uno de los órdenes de Gobierno. Su efectividad en el cierre de espacios a cualquier manifestación criminal radica en que sea un esfuerzo permanente, sin distingos y en el marco de un frente común”. ¿De veras?

Probablemente no sean las acciones necesarias para enfrentar al total de la criminalidad desatada desde mediados del 2007, y que adolecerá de innumerables aspectos, amén de que se trata de un operativo lanzado al vacío, para detener a lo que caiga, y que carece de la muy necesaria preparación logística y de inteligencia, pero de algo servirá que el total de las fuerzas de los estados y municipios actúen de manera permanente en estado de alerta máxima.

Los resultados en el país, en los dos primeros días incluyen la realización de 617 arrestos, 131 mandamientos judiciales cumplimentados y 294 vehículos y 30 armas recuperados, que no levantan tanto el ánimo, ni las esperanzas alrededor de este operativo, pero en el ámbito local hay aspectos que destacan y concitan a la reflexión.

Según la Fiscalía General del Estado hasta las 13:00 horas del jueves, gracias a ese operativo se habían recuperado 120 vehículos con reporte de robo, (es decir, un promedio de 30 vehículos recuperados en los retenes y acciones de las fuerzas estatales y municipales) cifra que por sí sola llama la atención, si recordamos que el promedio de robos de vehículos en Juárez, durante los primeros cuatros meses de este año era de 50 al día, y en Chihuahua de 31. De ahí entonces que con tal operativo se estaría recuperando el 25% de los autos robados cada día.

Si esta cifra la comparamos con la dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, en el sentido de que recuperaron, en un mes, 196 automóviles con reporte de robo, es decir, un promedio de 6.5 vehículos diariamente (Nota del Staff, El Diario-Juárez, 18/06/11).

Además, en el reporte de las actividades estatales del operativo se asienta que se “ejecutaron 31 órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre otros: homicidio, robo, lesiones, daños, violencia familiar y violación agravada. Otras 106 personas fueron detenidas en puntos de revisión y patrullajes especiales por la comisión de delitos como secuestro (2), homicidio, robo, daños, lesiones, violación, violencia familiar y posesión de vehículo con reporte de robo, entre otros”.

Y se “aseguraron” nueve armas de fuego “algunas de ellas utilizadas en delitos de alto impacto como secuestro y homicidios”.

Si tales cifras son ciertas, si las detenciones se efectuaron con apego a la ley (para evitar que se repita el síndrome Hank-Rhon) querrá decir que estamos frente a una acción que puede inhibir la comisión de algunos delitos, que se va en el sentido correcto –faltan muchas cosas más– pero que adolece de un aspecto esencial ¿porqué sin coordinación con las fuerzas federales, o es mejor así, cada quien por su lado, a la luz de tantas experiencias amargas?

En todo caso, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no hacerlo permanente y con el debido respeto a la ciudadanía?

Porque si atropellan a los ciudadanos perderán el principal de los apoyos.