Juárez, preámbulo del Hank-Rhonazo

El Diario, 16 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
La gigantesca pifia cometida por el gobierno federal en el caso de Jorge Hank Rhon, más allá de las implicaciones y objetivos electorales –éstos últimos como parte de la estrategia de Felipe Calderón– ha puesto al desnudo una operación gubernamental, que puede llevar al país a un abismo sin fondo, además de mostrar, diríamos que en cadena nacional y a todo color, de qué modo mienten varios de los responsables de las principales dependencias encargadas de la seguridad pública federal y viene a confirmar las preocupaciones y suspicacias de quienes pusieron en tela de duda el nombramiento de Marisela Morales al frente de la PGR.

No es lo peor, como nunca, quizá con la misma estridencia de la matanza de Tlatelolco, –aunque, obviamente, sin los funestos resultados de aquellos hechos– desnudó las mentirosas acciones del Ejército Mexicano. Puede alegarse, en su descargo, que tales fallas, o acciones tan indebidas, deben achacárseles solamente a unos cuantos integrantes de esa institución.

El problema estriba en que las responsabilidades, derivadas de los hechos comentados, debieran fincárseles a los más altos mandos, y en ello debiéramos incluir a Calderón, al Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván y al Secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, así como a un abigarrado conjunto de funcionarios, de los más altos de estas dependencias.

Fueron capaces de montar un tinglado, mentirle a la nación y encima de todo ello, reclamarle al Consejo de la Judicatura Federal que hubiese difundido las argumentaciones de los jueces que dictaminaron el no ejercicio de la acción penal en contra de Jorge Hank Rhon.

Y doquier salta el reclamo: “Es que lo liberaron porque tiene mucho dinero”.

Efectivamente contó tal hecho, y el de pertenecer a la élite mexicana, no sólo la del poder político, y no sólo la del PRI; pero el problema mayor es que las detenciones efectuadas por el Ejército en Juárez –y en buena parte, las realizadas por la Policía Federal– en el marco de la lucha contra el crimen organizado, se han hecho del mismo modo, es decir, –para citar la frases de los jueces liberadores de Hank y de los ministros integrantes de la Judicatura Federal– de manera ilegal y, también, muy frecuentemente, mintiendo acerca de los hechos imputados y de la detención misma.

A lo largo de ya más de tres años nos han presentado, las autoridades encargadas de los diversos operativos aplicados en territorio chihuahuense, a infinidad de individuos como responsables de numerosos homicidios, y siempre con la leyenda de que “declaró…”, como si la simple declaración de los presuntos delincuentes bastara para declararlos culpables de los delitos señalados.

La mayoría de ellos, por lo menos en Juárez, han sido liberados por los jueces, con el contundente argumento de que las detenciones fueron realizadas de manera ilegal, recluidos en lugares distintos a los recintos carcelarios y declaraciones efectuadas ante autoridad no competente y sin la presencia del abogado defensor.

Y asunto concluido. De ese modo, infinidad de personas detenidas en algún momento, de manera circunstancial, y en muchos casos efectivamente involucrados en algunos hechos delictuosos, han sido detenidos por alguna autoridad, en otros hechos, o aparecen como víctimas de narco-ejecuciones y seguramente otros siguen en las actividades delictivas, todo por la premura y las ansias de presentar resultados positivos de las acciones gubernamentales en la lucha contra el narcotráfico. Los resultados han sido peores, el descrédito popular hacia las instituciones de seguridad pública es gigantesco y ello disminuye grandemente la posibilidad de que un cada vez mayor número de ciudadanos confíen en la campaña gubernamental de efectuar “la denuncia ciudadana”.

De esa envergadura es la pifia cometida en el caso Hank Rhon. Y podrán alegar infinidad de cosas los gobernantes panistas, pero los hechos son tan diáfanos que es imposible no pensar en que desde Los Pinos, siguiendo con su estrategia electoral, se fraguó este incidente para incidir en el proceso electoral del Estado de México.

Y de que se trata, por todos los medios, de justificar tan monumentales pifias, sirva de ejemplo la efectuada por el líder de los diputados locales del PAN, Héctor Ortiz Orpinel, quien aseveró que con el poder de Jorge Hank Rhon no dudaba que pudo comprar a la autoridad para su liberación ¿A cuál? ¿A los jueces federales? ¿Al juez local, en una entidad gobernada por su partido?