Agenda secuestrada

El Diario, 14 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Por doquier aparecen las evidencias que vuelven inútil el debate acerca de quién está imponiendo la agenda. La discusión es vana, la realidad del Chihuahua de hoy lanza todos los días siniestros mensajes y golpea inmisericordemente las escasas rendijas de esperanza de prontas modificaciones a la actual crisis de seguridad pública, que amenaza con carcomer hasta el último de los cimientos del tejido social hasta hoy construido.

Mientras los gobernadores de todo el país deciden lanzar un mega-operativo de seguridad, sin duda alguna impuesto por la delincuencia, con algunas de las características que hicieron fracasar la Operación México, mote con el cual Felipe Calderón declaró la guerra a los narcotraficantes, cuando aún resuenan las voces de los dolientes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, otros hechos, algunos de ellos de menor importancia, denotan plenamente la profundidad de la crisis de seguridad pública.

Por una parte, mientras los delincuentes imponen el cambio de mandos de la policía municipal de la capital chihuahuense, el gobierno norteamericano dio a conocer la aprobación de la petición de asilo político para la derechohumanista Cipriana Jurado, dado que ésta acreditó ante ese gobierno –y es lo grave– ser víctima de las agresiones de elementos del Ejército mexicano, a grado tal de estar en riesgo de perder la vida.

No podía tener peor colofón la movilización convocada por Javier Sicilia.

Al mismo tiempo, una pequeña nota, publicada por El Diario de Juárez, versión digital, daba cuenta de un hecho, al parecer intrascendente, pero que denota la infinidad de carencias del aparato prejudicial en la entidad. De acuerdo con la información proporcionada por la reportera Luz del Carmen Sosa (El Diario, 13/VI/11), “decenas de ciudadanos” formaron “largas filas en el módulo de información de la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia al ser víctimas del robo de sus vehículos. Pese a que este delito es el de mayor incidencia en la ciudad, la mala organización administrativa de la Fiscalía y la falta de personal en la Unidad de Investigación de robo de autos provoca que los afectados pasen horas haciendo ese trámite”.

¿Nos podemos imaginar la celeridad de la investigación y la resolución del robo de 50 vehículos –promedio– diariamente en Juárez, si ni siquiera existe la capacidad física para recibir la denuncia con prontitud?

Desespera tal realidad, y más cuando se puede comparar –por lo menos los habitantes de Juárez lo pueden hacer cotidianamente– con una realidad completamente contrastante. En días pasados, El Diario informaba que en El Paso, de 2004 a la fecha se habían presentado 106 homicidios, de los cuales se habían resuelto el 96 por ciento, en tanto que en Juárez, en el mismo período, solo se han resuelto el 3.7 por ciento. Y las tasas de homicidios demuestran palmariamente las diferencias, en tanto que la ciudad texana es de 1.5 por cada 100 mil habitantes, la de Juárez, el año pasado se elevó a 288.

Esas deberían ser nuestras metas, las que se trazaran quienes ayer lanzaron en todo el país el operativo destinado a combatir los ocho delitos del fuero común que aquejan a la sociedad, como parte del convenio signado por los secretarios de Seguridad Estatal de todas las entidades, el gobernador César Duarte y el jefe del Gobierno del Distrito Federal.

Y así evitar que se vayan acumulando las informaciones acerca de las cada vez más frecuentes solicitudes de asilo político de activistas y periodistas, como el caso del comunicador Jorge Luis Aguirre, o la de Cipriana Jurado, quien, según Carlos Spector, su abogado, es la primera vez que una defensora de los derechos humanos recibe asilo político por ser perseguida por el Ejército; o como Marisela Ortiz, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa; o Malú García Andrade, luego de sufrir el incendio de su casa a causa del lanzamiento de bombas molotov; o Marisol Valles, ex jefa de Seguridad Pública del municipio de Praxedis G. Guerrero; y las de Ricardo Chávez Aldana, periodista de Radio Cañón; Emilio Gutiérrez Soto, corresponsal de El Diario en Nuevo Casas Grandes y Horacio Nájera, corresponsal de Reforma en Juárez, éste asilado en Canadá.

Como dijo Sicilia, esto es vivir en el dolor, que ha obligado a la emisión de un grito de justicia que no nace de la banalidad política, como catalogó las impactantes expresiones recogidas a lo largo de la caravana, fruto de las acciones de los señores de la muerte y que le han robado a los mexicanos algo más que la agenda, la vida misma.