Maricones

El Diario, 19 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
Asombra la visceralidad con la que se comportan los más altos dignatarios de la iglesia católica. El arzobispo de Guadalajara (la diócesis más importante de América Latina), Juan Sandoval Íñiguez, incurrió en tales excesos, por demás inaceptables en alguien que tiene tan altas responsabilidades morales como lo es un prelado de ese nivel. Mostró no solamente su acendrada homofobia sino, también, su animadversión contra el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, al acusarlo de haber corrompido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¡En pleno!

Sus frases se quedarán para acrecentar la picaresca nacional y muestran cuán poco respeto le merecen quienes son diferentes a él.

El problema está en que sus frases, dichas en el curso de una conferencia de prensa, y a lo mejor originadas al calor de la misma, fueron secundadas por el Cardenal de la ciudad de México, Norberto Rivera, y el vocero de éste, agregándole un matiz elevadamente preocupante, el de pedirle a los mexicanos que no voten por los partidos que impulsan las leyes “del mal”, en una clarísima, flagrante e inaceptable violación de la ley al involucrarse directamente en asuntos de la vida político-electoral del país.

¿Cuál es el suceso que concitó tantas conductas tan irracionales y tanta necesidad de confrontarse con el gobernante de la capital del país y los componentes del máximo tribunal?

¿De veras la confirmación de la constitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF, que permiten el matrimonio de personas homosexuales y la de la posibilidad legal de la adopción de niños en esos matrimonios, merece que la jerarquía católica se desgañite y, casi, llame a la insubordinación civil a su grey?

¿Es tan baja la capacidad de tolerancia existente en los máximos dirigentes de esa iglesia? Si es así, qué mal estamos, qué poca voluntad existe en esa cúpula para aceptar los irremediables cambios de la sociedad mexicana de nuestros días.

Juramentados con sus dogmas (cada quien con los suyos), no sólo los dignatarios, sino también no pocos creyentes católicos nos muestran su baja tolerancia y su elevada pretensión por hacer de la vida pública la extensión de sus convicciones religiosas, por lo demás respetables pero que forman parte, precisamente, del entorno personal.

Si alguien cree que el matrimonio integrado por un hombre y una mujer es una ley natural, pues es su creencia y no la de la sociedad, la que está obligada a elaborar el marco legal que nos permita vivir en armonía, o por lo menos en la mayor armonía posible, pero no nos pueden venir a argumentarnos que hay una ley “divina” que así lo establece y que quienes viven y aman a alguien de su mismo sexo, viven en el “pecado”.

Bueno, pues eso se lo pueden decir los católicos a sus correligionarios en los ámbitos de su rito religioso, pero no pueden las leyes de los hombres basarse en tal dogma y menos aún los dirigentes religiosos pueden, impunemente, atizar la hoguera de la intolerancia religiosa, que es lo único que nos falta en estos momentos.

La terca realidad les cayó encima a los gobernantes que en los últimos meses arguyeron que la despenalización del aborto, los matrimonios homosexuales y las adopciones practicadas por éstos no formaban parte de la discusión de los chihuahuenses. ¡Vaya que se equivocaron, en estos días tales temas son el platillo principal de las discusiones de los chihuahuenses!

Una cosa deberá precisarse, la ratificación de la SCJN a la constitucionalidad de las leyes comentadas ahora, no significa que ya se aprobaron en Chihuahua los matrimonios homosexuales y la adopción de niños por ellos…

Por ahora. Sólo es cuestión de tiempo, la terca realidad del Chihuahua moderno se impondrá.