Fuero civil por encima de todo

El Diario, 17 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
El inaceptable hostigamiento de las fuerzas armadas en contra de la activista Emilia González Tercero, es una clara muestra de las consecuencias de la incorporación de los militares a las tareas policiacas, la declinación de la autoridad civil ante la autoridad castrense, y la también inaceptable determinación de las autoridades federales a que los delitos cometidos por militares en el desempeño de esas funciones sean conocidos (asumidos) por los tribunales militares y no, como establece el mandato constitucional, por tribunales civiles.
Tres organizaciones derechohumanistas, de amplia y confirmada solvencia civil –la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC); el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) – han denunciado el hostigamiento en contra de una de las fundadoras del primero de los organismos, quien ahora reside en el antiguo Paso del Norte. A raíz de las denuncias presentadas por ella en contra de supuestos abusos cometidos por elementos del Ejército Mexicano, Emilia ha sido requerida por la autoridad judicial militar, no siempre con los mejores modos y sí, por el contrario, con veladas y abiertas amenazas.
Según el comunicado de las organizaciones derechohumanistas, “el 27 de julio de 2010, 10 militares uniformados y armados se presentaron en el domicilio particular de la Sra. Emilia González Tercero”, ocasión en la que después de burlarse de la ubicación de su domicilio –qué escondidita está tu casa– “le solicitaron por medio de un citatorio presentarse en el campo militar 5-C para rendir declaraciones ante una agencia investigadora militar”.
Poco más de un año atrás, el 17 de junio de 2009, justamente cuando a alguien en el Ejército se le ocurrió, como excelsa maniobra de inteligencia, lanzar a los soldados a monitorear colonias enteras con el detector molecular (dispositivo que detecta armas, explosivos, drogas y dinero), un grupo de ellos, como lo hicieron en infinidad de domicilios, intentaron ingresar a su casa sin ninguna orden judicial y, como sucedió en muchísimos casos, fue amenazada, de no aceptar el ilegal ingreso de los militares, a que regresarían después y (le) “destrozarían (la casa)”.
Citada por la autoridad militar, Emilia resolvió acudir siempre y cuando la audiencia –cualesquiera que sean el motivo y carácter de la misma– que debería celebrarse en un recinto de las autoridades civiles pues, razonó, ella no estaba bajo la jurisdicción militar.
Emilia es la depositaria de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se le ordena al gobierno mexicano emitir medidas cautelares a favor de la derechohumanista, “por el riesgo al que se enfrenta en el caso de desaparición forzada de la familia Alvarado”, ocurrido meses atrás. Los organismos derechohumanistas creen que los hostigamientos militares pueden tener como sustento ese caso.
Más allá de las razones esgrimidas por la autoridad militar, para exigirle a un civil se presente –perentoriamente– a sus instalaciones para aportar elementos de un caso conocido por esa autoridad, pone de relieve, nuevamente, el abandono de sus funciones y facultades de la autoridad civil ante la militar, y la persistente intención de la autoridad militar por violar un precepto constitucional e intentar someter al fuero militar a todas las autoridades y al conjunto de la sociedad.
Más aún, evidencia la prepotencia de los mandos militares pues no se les puede aceptar que desconozcan la calidad de los ciudadanos citados, en este caso, de una persona que goza de lo que podríamos denominar “fe social”, en equiparación a la fe pública de la que gozan distintas autoridades, en especial los notarios públicos.
Y la tiene por su reconocida trayectoria derechohumanista, la misma que debiera ser conocida por la autoridad.
Casos como éste vienen a darle la razón que, bajo el pretexto de combatir al crimen organizado, la autoridad civil ha declinado de sus facultades y puesto en entredicho, gravemente, el estado de derecho en México.