Alerta roja

El Diario, 1 de agosto de 2010
Luis Javier Valero Flores
Qué saben las autoridades, acerca de la gravedad de la situación por la que atravesamos, y no sabemos los ciudadanos?
¿Cuáles son las amenazas recibidas que llevaron a las autoridades norteamericanas a cerrar temporalmente el Consulado juarense, y a llevarlos a decir no saber la fecha de reapertura?
¿Era lógico que ante la amenaza de una bomba, las autoridades norteamericanas resolvieran hacer una revisión de su sistema de seguridad en esa instalación a la cual acuden, aproximadamente, cuatro mil personas por semana, y la cerraran indefinidamente?
¿Más aún, que en la versión en inglés del comunicado se alerte a los norteamericanos para que ni siquiera acudan a las instalaciones aledañas al consulado?
¿Qué saben las autoridades municipales juarenses acerca de las amenazas emitidas por los grupos delictivos, que los llevaron a adoptar estrictas medidas de seguridad en el palacio municipal?
¿Es más grave la situación de lo que ya la percibimos y que ha llevado a la conformación de un verdadero éxodo de la mayor de las urbes chihuahuenses, de tal magnitud que el IEE calcula en 110 mil las casas abandonadas por los juarenses?
¿Tienen razón los especialistas en alertarnos acerca de la posibilidad del estallamiento de artefactos explosivos y en difundir –a través de los magníficos trabajos de los reporteros de El Diario-Juárez, publicados en la edición de ayer– las medidas a tomar en caso de un accidente de esa naturaleza?
Es de tal magnitud la crisis que ahora empiezan a difundirse instrucciones para defenderse de una explosión. La mencionada edición fue pródiga en estas informaciones y reveló la elevada preocupación existente en distintos actores de la vida social y empresarial del antiguo Paso del Norte.
Así, las prevenciones emitidas por el criminólogo Oscar Máynez no deben echarse en saco roto, “… Tenemos que aceptar que vivimos esa realidad, que estamos en riesgo porque los explosivos ya forman parte del panorama de inseguridad en México, por eso es necesario tomar medidas de precaución básicas”, aseguró. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 31/VII/10).
Más. Si evaluamos adecuadamente las frases del alcalde juarense, Reyes Ferriz, quien cayó en una desconcertante incongruencia, pues al tiempo que intentó enviar un mensaje tranquilizador a la población, ordenó un severo “blindaje” a la Presidencia Municipal, intensificando extraordinariamente las medidas de seguridad y, además, anunciando que ya busca extender tales procedimientos a la iniciativa privada “incluyendo centros comerciales donde hay grandes concentraciones de personas, aunque descartó que los ataques sean dirigidos a la sociedad civil”. (Nota de Rocío Gallegos, Juan de Dios Olivas (31/VII/10).
O sea, se instalarán tales procedimientos en lugares de concentración de la sociedad civil, a pesar de que, dice, ésta no es el objetivo de los grupos criminales, porque, asevera, éstos “están conscientes que si bien están atacando a autoridades policiacas, no pueden hacerlo con la sociedad” ¿Y quién afirma eso? ¿Acaso no tenemos la información, exactamente la contraria, escrita en una pinta, de serias amenazas de atentar contra “inocentes” si no se acatan las demandas de los grupos criminales?
A partir del estallido del carro bomba, la crisis de seguridad pública adquirió un nivel de extrema gravedad y que, sin exageración, puede catalogarse, la actual situación, como muy semejante a la sufrida por el pueblo norteamericano en los días posteriores al ataque a las Torres Gemelas, con la consiguiente sicosis generalizada, agravada, en nuestro caso, por la profunda sensación de encontrarnos en la más completa indefensión, además de la impotencia generada por la increíble incapacidad de quienes debieran garantizarnos la seguridad pública.
En tal sentido debiéramos, entonces, considerar las dos amenazas de bomba acaecidas el viernes, una de ellas en el periódico Norte de Ciudad Juárez, y la narcopinta en una barda del poniente de Juárez en la que vuelven a advertir del plazo impuesto a las autoridades a fin de que detengan a los agentes “federales corruptos”.
Nada de lo sucedido en los últimos días nos lleva a abrigar esperanzas en el mejoramiento de la situación, al contrario, cada hecho nos confirma en tal desesperanza. Luego del bombazo, las “pintas” de las bandas delictivas, amenazando con nuevos artefactos explosivos si no se ponía término a la protección, dicen, al Cártel del “Chapo” Guzmán, o exigiendo el cese de Fernando Ornelas, el jefe operativo del Centro de Inteligencia Policial (Cipol), o el secuestro de cuatro reporteros en la región lagunera, con la exigencia de los secuestradores, cumplida en esa zona, de la transmisión en la televisión local de videos de los grupos criminales, todos ellos son hechos constitutivos de la salvaje escalada del poder de las bandas criminales y la inoperancia de las autoridades, sobre todo de las de la mayor responsabilidad en la preservación de la seguridad pública, las federales, que nos llevan a pensar que en amplias zonas del país –y de la entidad– ya están presentes los elementos para declarar la existencia de un Estado fallido.
Y si nos guiáramos por las respuestas de los funcionarios, o sus posturas, peor. La deplorable imagen del recién estrenado Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, al “exigirles” a los secuestradores de los reporteros, la inmediata liberación, nos mostró, de la manera más terrible, su escasa aptitud para el puesto de principal responsable de la seguridad pública en el país.
Que las organizaciones de periodistas, nacionales y extranjeras, exigieran lo mismo es lo adecuado, que lo haga quien tiene, hipotéticamente, el mando de la Operación México (¿Existirá todavía, se acuerdan de la casaca militar de Felipe Calderón al ponerlo en marcha?) es patético.
Es de tal magnitud la crisis, que orilló a la principal empresa televisiva del país, Televisa, a no transmitir el que es, sin duda, su principal programa de reportajes de investigación, “Punto de partida”, conducido por la periodista Denise Maerker, en protesta por el secuestro de los reporteros Jaime Canales, camarógrafo de la estación local de Multimedios; Oscar Solís, reportero del diario El Vespertino; Alejandro Hernández, de Televisa Torreón, y Héctor Gordoa, enviado del programa de Maerker, y a llevar a ésta a expresar una severísima crítica al lamentable estado en que se encuentra la seguridad pública: “El secuestro de nuestros compañeros y colegas representa de manera más amplia el secuestro de todo el periodismo”.
Tal situación ni siquiera la palia el rescate de dos de ellos antecedida por la liberación de Gordoa y otro de los secuestrados, porque ese incidente, y lo que sufren un sinnúmero de medios de comunicación, sobre todo del norte del país, ha llevado a poner en grave riesgo la libertad de expresión “produciendo un vacío informativo en muchas zonas de México y que no sólo afecta el derecho de los mexicanos a estar informados y a la libertad de expresión, sino que afecta directamente la estabilidad de la democracia mexicana”, como le declaró a la reportera Sandra Rodríguez, Carlos Lauría, coordinador del programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, “la organización norteamericana más prestigiosa en su tipo”. (El Diario, 30/VII/10).
En ese contexto podemos ubicar las amenazas en contra del reportero del canal 44, Martín López, que lo llevó a refugiarse en Estados Unidos.
Pero si la desesperanza cunde entre los juarenses, las cartas dirigidas a los diputados locales por habitantes del noroeste del estado, son harto representativas de una situación semejante a la vivida por los fronterizos.
Si no fuera porque es la realidad, la estrujante realidad, movería a risa escuchar los planteamientos de esos chihuahuenses, que le piden al gobierno que un presunto narcotraficante, detenido días atrás, les revele el paradero de decenas de “levantados”.
En dramáticas misivas describen lo que era un conocimiento popular, de varios años atrás, acerca de la existencia de gravísimas condiciones de inseguridad en esa región, controlada por las bandas criminales que llegaron al extremo de establecer, casi de manera permanente, retenes en infinidad de carreteras de esa zona, no de las autoridades, sino de los integrantes de los cárteles, que de esa manera controlaban hasta el acceso a esas regiones.
Y dan cuenta del mismo fenómeno existente en Juárez, el éxodo “de cientos de familias las cuales hemos perdido los patrimonios alcanzados en toda una vida… más esto queda pequeño ante los hechos de faltantes de miembros de nuestros familiares, los cuales nos han arrebatado la bola de criminales que azota nuestra región… Señores diputados, no dejen en olvido este grito de auxilio que estamos pidiendo ante ustedes. Por el bien de nuestras familias de la zona del noroeste, por el bien de Chihuahua y por el bien de nuestro México”. (Nota de Silvia Macías Medina, El Diario, 30/VII/10).
Por si la situación no fuera de por sí grave, la ejecución de Ignacio Coronel (y planteamos que fue una ejecución, igual que la de Arturo Beltrán Leyva, porque no se ha otorgado un solo elemento que nos lleve a concluir de manera distinta) llevará la violencia a un estadio superior, y no solamente en Jalisco, o las entidades del Pacífico en donde, aseguran los organismos policiacos, este personaje era el mandamás.
La lucha será de carácter nacional, no solamente por su lugar en los mandos del Cártel de Sinaloa, sino por los espacios disputados por los otros cárteles que nos llevarán a presenciar –probablemente– otro escalamiento de la ola homicida en el país.
Pero como lo asevera José Reveles, uno de los periodistas mexicanos con mayor conocimiento del problema, la muerte de Coronel, o el descabezamiento de los cárteles, “no detendrá al narco”.
Y ahí tenemos otro de los graves problemas a los que nos enfrentamos, la estrategia aplicada por Felipe Calderón (si es que hay), al igual que la aplicada por Vicente Fox, está planteada más en términos de los éxitos mediáticos alcanzados, que en la efectividad de la misma.
Es tan errónea que ha sumido al país en una verdadera carnicería a la que no se le ve fin y ha llevado a los mexicanos a la pérdida de numerosos activos, entre ellos, los incipientes niveles de libertad de expresión y ha llevado a la nación al encendido de la alerta roja. Pareciera querer llevarnos a la conclusión que sólo la salida autoritaria es la solución a tan grave crisis.
De ninguna manera…