Ni perdón ni olvido

El Diario, 1 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Con motivo del octavo aniversario de la desaparición de Paloma Escobar, y el posterior hallazgo de su cadáver, su madre, Norma Ledezma, ahora coordinadora de Justicia para nuestras hijas, presentó una investigación sobre los efectos causados por el asesinato de Paloma, en un episodio más de la exigencia de encontrar a los responsables de su muerte.
Ocho años después de este asesinato en la ciudad de Chihuahua, recobra actualidad (la que nunca la perderá para sus allegados, menos en las circunstancias que rodearon su desaparición) pues este caso, y los que sucedieron en los dos años previos en la capital del estado, y fundamentalmente los acaecidos en Juárez en la década anterior durante los gobiernos del panista Francisco Barrio y el priista Patricio Martínez son de los primeros indicios (y vaya de qué envergadura) del exasperante clima de impunidad hoy prevaleciente en la entidad.
Importa detenerse en los ocurridos en los inicios de la actual década en Chihuahua capital pues, a diferencia de Juárez, el activismo de las madres y de un grupo de activistas le ha dado permanencia a su exigencia del total esclarecimiento de las desapariciones y asesinatos de jóvenes ocurridas en esa ciudad y le da plena vigencia al título del presente comentario.
Regresar a tales hechos conlleva a rememorar la conducta de quienes tenían la obligación de esclarecer los hechos, su responsabilidad y la de sus sucesores en esa altísima encomienda social. Por supuesto no son buenas cuentas, ni para los familiares, ni para la sociedad.
Encontrado el cadáver de Paloma Angélica Escobar Ledezma ocho años atrás, llegaba a cinco el número de jóvenes encontradas muertas en lugares cercanos a la ciudad de Chihuahua. Entre febrero de 1999 y marzo del 2002 se habían reportado catorce jóvenes desaparecidas en el antiguo San Felipe el Real, cuando la ola feminicida había amainado en Juárez y los reclamos de su sociedad habían disminuido.
2003 fue un doloroso año para los capitalinos; inició con la desaparición de Diana García, las protestas crecieron a partir de la desaparición de Viviana Rayas, hija del dirigente de los trabajadores de la SCT, José Rayas, también en marzo; dos meses después desaparecía Neyra Cervantes y en ese mismo año Claudia Urías.
A las graves fallas, abusos y omisiones cometidas por las autoridades prejudiciales en Juárez (ya había ocurrido el hallazgo de los cadáveres del campo algodonero y la renuncia del jefe del departamento de periciales debido a que no aceptó modificar sus dictámenes) se le sumaron las cometidas por sus colegas en Chihuahua. En el caso de Paloma Escobar llegaron al extremo –la entonces comandanta Gloria Cobos- de “sembrar” pruebas, con la intención de acusar al novio, para lo cual, al desgaire, se le “ocurrió” dejar en las cercanías del lugar en el que encontraron el cuerpo, la foto del joven.
Luego, ante las protestas de un sinnúmero de burócratas federales, en apoyo a José Rayas en la exigencia de encontrar a su hija, el entonces subprocurador general de Justicia, Jesús Antonio Piñón Jiménez, anunció que renunciaría a su cargo como segundo al mando en la PGJE, de no localizar a la joven desaparecida. Del mismo modo, el subprocurador de la Zona Occidente, Alejandro Astudillo, se pronunció igual.
Ni renunciaron, ni encontraron a Vivis; más aún, unos meses después, Piñón ocuparía la titularidad de la dependencia.
No pasó nada.
Es lo ocurrido a lo largo de casi una década, no obstante el cambio de gobernante estatal y de concepciones en la procuraduría. Justicia es el reclamo de las familias de las víctimas y de una sociedad que asistió horrorizada al crecimiento del clima de impunidad, que abarcaba a unas cuantas familias, no sabíamos que se cultivaba el agravamiento de la enfermedad, que sus dimensiones eran, ya entonces, impensables y que hoy es el principal factor de la violentísima ola homicida abatida sobre nosotros.
Entonces, como ahora, la impunidad campea en Chihuahua.
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