Auto confesiones, evidencia mayoritaria

El Diario, 4 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
El daño es irreparable. La decisión de sacar al ejército de las tareas policiacas y sustituirlo paulatinamente por las policías, federal y municipal, de la vigilancia en el antiguo Paso del Norte, puede ser una medida extremadamente tardía.
El socavamiento de la credibilidad ciudadana hacia las fuerzas armadas, la profundización de la impunidad y el rompimiento del orden legal en Juárez son inmensos. Un factor es fundamental para tal situación, la utilización de una fuerza no preparada para tales tareas. Los métodos aplicados para la detención de muchos de los presuntos sicarios, o integrantes de las bandas criminales adolecieron de monumentales fallas legales, y las violaciones a las garantías constitucionales cometidas por innumerables elementos del ejército, dieron al traste con la confianza de la ciudadanía a las a fuerzas armadas y, además, no impidieron la matazón de Juárez.
Se dijo muchas veces, desde que se empezó a mencionar la posibilidad de incorporar al ejército en las actuales tareas de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), que hacerlo implicaba demasiados riesgos, uno de ellos el de que sus elementos no tenían preparación alguna para acometer tareas policíacas, que su adiestramiento está dirigido a eliminar al “enemigo” y que, por tanto, podían cometer excesos.
Los hechos, por desgracia, han dado una contundente razón a tales planteamientos, varios casos de liberación de presuntos criminales, detenidos por el ejército, o recluidos momentáneamente en las instalaciones militares, muestran fehacientemente tales defectos en la concepción de tales operativos pues en la mayor parte de los casos la única evidencia consistente en su contra es la propia declaración inculpatoria, obtenida en una buena cantidad de ellos, mediante la tortura, sin la presencia de miembros de alguna de las comisiones de derechos humanos y sin la de abogados defensores, pues se comete el error de entregar a los detenidos a las fuerzas militares, como si tal agrupamiento fuera la fuerza ministerial.
Del mismo modo, cuando se aseguran armas, dinero, o cualquier otra evidencia, incluso las narcomantas, en un increíble acto de subordinación, las autoridades civiles declinan se sus facultades y entregan tales evidencias a los mílites.
Los casos que ejemplifican lo anterior son escalofriantes. El 28 del mes anterior, El Diario-Juárez publicó una nota: “Exoneran a dos por crimen de hombre pero continúa proceso por traer armas”. En ella se explicaba que dos presuntos sicarios, acusados de homicidio y portación de armas prohibidas, habían sido liberados por un asesinato cometido el 20 de marzo, debido a que “un Tribunal de Garantía determinó que no había elementos suficientes para iniciar un proceso” en contra de ellos.
Se les mantuvo el segundo pero recibieron la libertad bajo fianza por la cantidad de quince mil pesos. De los hechos solo hubo un testigo –menor de edad- y a pesar de que se enfrentaron a policías, los liberados por orden del juez sólo fueron acusados de ser coautores.
La defensa de los acusados dijo que no había señalamiento directo contra ellos solamente su confesión, obtenida bajo tortura, sostuvo la defensa y mostró un certificado médico, firmado por un galeno del Séptimo Batallón de la Policía Militarizada en el que certifica la existencia de “golpes en el tórax, cráneo, labio superior, mano derecha y una lesión y sangrado en oídos” en uno de los acusados. El otro “presentó lesiones en el tórax”. Ambos acusaron a los soldados de torturarlos.
Este caso es el más demostrativo de todas las cosas que no debe hacer la autoridad. No basta con que los detengan. O lo hacen en plena flagrancia o necesitarán una orden de aprehensión, o de cateo en su caso, y deberán entregar, de inmediato, los detenidos a las autoridades correspondientes.
Otro caso, demostrativo del desbordamiento de las autoridades prejudiciales y su incapacidad, es el señalado por la señora María Elena Villarreal: “Yo le traje al Ministerio Público los nombres, las direcciones, el cuchillo y no han hecho nada…”, le declaró a El Diario-Juárez (19/III/10), luego de reconocer a los presuntos asesinos de su hijo, victimado el 1 de enero.
La Sra. Villarreal acusó a las autoridades judiciales de no atender sus reclamos pues las fuerzas policíacas detuvieron a los presuntos asesinos, luego de cometer un robo a mano armada. Hasta esa fecha seguían libres del cargo de homicidio pues el fiscal no les había levantado ese cargo.
Su relato es desgarrador: “¿Dónde está la justicia?… yo los estoy identificando como homicidas, ya les traje el arma, un cartucho de bala, los nombres, las direcciones, ando detrás de ellos dándoles información que yo no tenía que recabar, ellos tienen que hacer su trabajo, no yo, por eso estoy molesta con esta ley que está ahorita”.
Igual ocurrió con dos de los presuntos sicarios de la masacre de Villas de Salvárcar. Habían sido detenidos y liberados, hasta en dos ocasiones (Nota del Staff, El Diario-Juárez, 18/III/10).
El colmo, habían sido presentados como “multiasesinos desde junio de 2009”. Salieron libres. Según las autoridades, se vieron envueltos en otros hechos delictuosos y fueron detenidos a principios de marzo.
En junio anterior fueron acusados de pertenecer a “la pandilla ‘Los Aztecas’ y de traer armas de fuego”. Los soldados los detuvieron en esa ocasión por conducta “sospechosa”. Al detenerlos, en el vehículo, según el parte del OCCh, les encontraron un arsenal.
No hay problema, salieron libres bajo fianza, impuesta por el agente del Ministerio Público Federal, José Ibarra Limón, “asesinado el 28 de julio del mismo año, horas después de que Luis Alberto Camacho Ramos (uno de los acusados del presente ejemplo) sufriera un atentado en el que resultó lesionado”, debido a que, para sostener la acusación y de su pertenencia a tal agrupamiento criminal, la autoridad no contaba más que con sus propias declaraciones, ninguna otra evidencia ¿Así, cómo?
La segunda detención ocurrió el 7 de octubre, cuando la OCCH presentó a cuatro presuntos sicarios. Entre ellos iban los señalados. Fueron detenidos en posesión de drogas y de armas de fuego y “los responsabilizaron de 25 homicidios, pero únicamente se les consignó a un Juzgado de Distrito por los ilícitos federales” y no de los homicidios, no tuvimos tiempo de fincarles acusaciones por homicidio, dijo el subprocurador Alejandro Pariente.
En marzo fueron detenidos por ser los autores, según las autoridades, de otro par de homicidios. Ya presos, uno de ellos, “fue vinculado a proceso por el homicidio de otro hombre, cuya identidad no fue establecida, a quien supuestamente mató el 12 de julio de 2009”. Esta es la persona que en la declaración ante un agente del Ministerio Público, afirmó que le pagaban mil pesos a la semana por ser “soldado” de “Los Aztecas”. Luego, el 17 de marzo fueron presentados como sospechosos en el caso de Villas de Salvárcar.
No se necesita mucha perspicacia para suponer que serán liberados del cargo de homicidio pues, hasta la fecha, la autoridad no le ha agregado (por lo menos públicamente) ninguna otra evidencia en su contra.
Una golondrina no hace verano, dirá alguno de los lectores, el problema es que lo hasta aquí planteado tiene una siniestra conexión con los datos publicados por El Diario.
No sorprenden las cifras publicadas (Nota de Blanca Carmona, El Diario, 1/04/10) acerca del rezago de la PGR. Ante los casi cinco mil asesinatos ocurridos en Juárez de enero de 2008 a la fecha (626 en lo que va del año –hasta el último día de marzo-), la delegación Chihuahua de la PGR tiene abiertas alrededor de mil 300 indagatorias, de las cuales, 941 están rezagadas, en una estadística contrastante con los discursos del Secretario de Seguridad Pública Federal y del Procurador General de la República, en la última visita de Felipe Calderón a esa ciudad, en la que afirmaron la tendencia a la baja de las cifras de mortalidad.
Más aún, del total de las indagatorias, 320 corresponden al presente año.
El tamaño del problema es enorme, incluso cuantitativamente. Según el delegado de la PGR, Héctor García, en el estado se encuentran 72 agentes del Ministerio Público, de los cuales 43 es asignados a Juárez. Pero de esas mil 300 causas, sólo 128 han sido turnadas a los jueces de Distrito, y sólo en la mitad de ellos “se logró la detención de los sospechosos y fueron presentados”.
Si tales son las evidencias, que muestran una incompetencia supina y una absoluta falta de estrategia, -de ahí los frecuentes errores cometidos en la detención de presuntos criminales y el increíble rezago- ¿Cómo pueden esperarse resultados positivos de la OCCh?
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