Salarios, mini reforma

El Diario, 14 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Nos siguen debiendo, los funcionarios públicos, y especialmente los diputados locales, una auténtica reforma de los ingresos percibidos por el desempeño de la función pública. Ya sabemos que en las campañas se desgañitan por hacernos creer que sólo los motiva a participar de esta actividad, su elevada vocación de servicio. Pero en cuanto aparece el tema de sus ingresos, todos los discursos caen estrepitosamente. Días atrás, la legislatura local aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, a fin de contar con “un marco legal para regular los salarios de los funcionarios de los tres poderes locales, así como de los 67 ayuntamientos, con el principio fundamental de que nadie puede percibir un ingreso mayor al del gobernador del estado”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario, 11/VIII/12). Reacios a respetar la ley, y a aceptar que sus ingresos deberían ser sensiblemente menores, la clase política hace toda suerte de malabarismos para simular que le impone topes a sus ingresos y se resiste con toda su fuerza a ser tratada por el fisco del mismo modo que el resto de los ciudadanos. Aspecto central de la nueva regulación es el de la obligatoriedad del establecimiento de los tabuladores salariales, para que los salarios de los funcionarios públicos se asignen de acuerdo con el nivel de responsabilidad. Pero tal regulación deja de lado el establecimiento de parámetros mediante los cuales se pudieran asignar tales salarios, de tal modo que prevalecerá, finalmente, sólo un criterio, el de limitar los ingresos a niveles inferiores a los del gobernador del estado. Y es que la realidad es apabullante. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Javier Ramírez Benítez, tiene un ingreso mensual de 154 mil 232 pesos (integrado por un salario de 18 mil 971 pesos, mas una compensación de 135 mil 261) es decir, superior al del jefe del Poder Ejecutivo que gana 131 mil 348 pesos, compuesto, el de éste, por un salario de 40 mil 648 pesos y una compensación de 90 mil 700 pesos. Y así por el estilo. El presidente del Congreso del Estado tiene ingresos por 67 mil pesos, el presidente del Tribunal Estatal Electoral gana al mes 125 mil 435 pesos, los magistrados del STJE, 124 mil 692 pesos; “el presidente del Instituto Estatal Electoral, 114 mil 930 mensuales; los magistrados del TEE, 113 mil 232 y el coordinador parlamentario del PRI, con 98 mil 716, son los que siguen en el tabulador de ingresos”. (Ibídem). La nueva ley deja de lado, a pesar de que existen varias iniciativas al respecto, otros parámetros que debieran contemplarse, como el monto del presupuesto ejercido, la población gobernada y, sobre todo, los niveles salariales de la población, pues esta reforma no cambia la realidad que ubica a los funcionarios públicos mexicanos como los más caros del mundo. Así, si en Chihuahua un salario mínimo anualizado (sma) llega a la cantidad de 22 mil 750 pesos, el gobernador del estado obtiene ingresos equivalentes a 69 salarios mínimos anualizados, superiores al ingreso de los presidentes de Chile (33), Estados Unidos (29), Japón (24), Brasil (21), Francia (18), Inglaterra (13) y Argentina (11) y ya no hablemos del presidente, que obtiene el equivalente a 140 salarios mínimos anualizados, o los ministros de la SCJN, con ingresos de casi 286 sma’s. (Los datos de los mandatarios tienen como fuente a Ernesto Villanueva, Proceso No. 1835, 1/I/12). Pero esa es una parte de lo controversial de los ingresos de los funcionarios públicos, la otra es el porqué ellos no pagan impuestos al igual que el resto de los ciudadanos, por lo menos los que devengan salarios como trabajadores y empleados. Porque ellos sólo pagan impuestos de la parte menor de sus ingresos, lo peor es que los encargados de impartir justicia, los integrantes del Poder Judicial, son quienes obran de la peor manera, pues de los más de 154 mil pesos que gana mensualmente el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sólo paga impuestos sobre 40 mil pesos de sus ingresos. Igual sucede con el resto de los funcionarios, intencionalmente dejan en cantidades bajas el denominado salario y en altas las compensaciones. Así, de manera arbitraria, quienes debieran ser los primeros en cumplir con las leyes, sobre todo las fiscales, pues se trata del primero de los actos que nos convierten en ciudadanos, es decir, la aportación equitativa a la sociedad, no lo hacen; no actúan solidariamente, y eso que tienen una elevada vocación de servicio.