Narcomenudeo, pendiente de los diputados federales

El Diario, 23 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Ayer terminó la reunión plenaria de los senadores electos, miembros del PRI, realizada en la capital del estado, en la que entre los aspectos más importantes destacaron que, ahora sí, como creen que tendrán en sus manos la presidencia de la república y la casi mayoría del Congreso de la Unión, aprobarán, las multimencionadas reformas estructurales, consistentes en quién sabe qué; y la confirmación de la agenda legislativa que propondrá Enrique Peña Nieto, en caso de ser ungido presidente electo por el Tribunal Electoral de la Federación, a cargo del ex coordinador de campaña del mexiquense, Luis Videgaray, quien no acaba de reponerse de las gravísimas acusaciones lanzadas en su contra por el ex coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, Ricardo Monreal. Creer que las cosas tomarán sus niveles de “normalidad” es algo que se respiró durante los tres días de duración de la reunión de los senadores electos. Nada de eso es cierto, el país atraviesa por un endurecimiento de la violencia (y en ello, la información proporcionada por el INEGI vino a enturbiarle el ambiente al gobernador chihuahuense, pues las cifras informadas no hacen hincapié en el descenso de las ejecuciones cometidas en la entidad durante el 2011), por el crispamiento derivado del cuestionamiento a la elección presidencial y por el agravamiento de una carestía, de tal manera incontrolable, que ya hizo expresar al Secretario de Economía, Bruno Ferrari, una más de las frases que nuestros políticos aportan inagotablemente a la picaresca nacional: “Dejen de comprar huevo, hasta que baje de precio…”. Híjole, cuántas cosas dejaríamos de comprar si esperáramos semejante milagro. Bueno, pero en medio de tantos eventos y fenómenos, la puesta en vigor de la ley para combatir el narcomenudeo ha puesto de relieve la desatención de la clase política a las cosas fundamentales. Hace un año, la Conferencia Nacional de Gobernadores celebró, en la ciudad de Chihuahua, una reunión sobre seguridad pública en la que el acento estuvo en la petición de los mandatarios a la federación para que se pospusiera un año la puesta en vigor de tal regulación. ¡Ya pasó el año! ¿Y que cree usted? ¡Todos los gobernadores se quejaron de la falta de recursos proporcionados por el gobierno federal a fin de atender las numerosas aristas derivadas de la aplicación de tal ordenamiento! ¿Y los diputados federales? ¿Y los funcionarios de Hacienda encargados de elaborar el presupuesto federal del 2012? ¿Dónde estaban? ¿Qué no se dieron cuenta que la ley obliga al Gobierno de la República a destinar una partida especial para cumplir con la ley anti-narcomenudeo, en varias facetas, una de ellas esencial, la de la atención a las personas adictas? Nadie se percató de tal “asuntillo”. Es que “andábanos” en campaña, todos, diputados, gobernadores, funcionarios federales, todos, ni quién se acordara de aprobar, por allá del 15 de noviembre pasado la mentada partida esa. Así, ahora nos encontramos que los alcaldes –la mayoría– no prepararon a sus policías –¿Con qué ojos, mi divino tuerto?– para combatir a los delincuentes de este tipo; las autoridades estatales no tuvieron los recursos suficientes para crear las instancias necesarias (nada más, imagínese, crear instituciones encargadas de la atención a los adictos, construir las instalaciones necesarias y contratar el personal adecuado. ¡Híjole!), amén de la preparación de los suficientes agentes ministeriales y personal del Poder Judicial local para hacerle frente a un nuevo “lote” de delincuentes que deberá ser tratado por las instancias estatales. Lo bueno de todo esto es que los nuevos diputados federales habrán de tomar posesión el fin de mes y para el 15 de septiembre, fecha límite para que el Ejecutivo federal presente el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, ya estarán “acomodados” en sus curules y podrán repasar los pendientes. Uno de ellos será el ahora abordado, que merece la mayor de las atenciones, no tanto porque pasemos de la eterna disputa, hasta ahora, entre los gobernantes de los distintos niveles de gobierno, acerca de las responsabilidades en el combate al tráfico de drogas (aunque también sea muy importante), sino porque la nueva ley establece una serie de nuevas normas para intentar, por parte del Estado mexicano, la rehabilitación y atención de los mexicanos que cayeron en tales adicciones. Y esas sí son palabras mayores.