Lo usual, las cuotas escolares

El Diario, 21 de agosto de 2012 Luis Javier Valero Flores Como todos los años, al inicio de los cursos escolares, no podía fallar el tema de las cuotas, asunto en el que tradicionalmente las autoridades actúan como tratando de escabullirlo, intentando que no se convierta en problema la oposición a pagarlas, pero aspirando a que la recaudación sea cuantiosa, lo más alto que se pueda, siempre y cuando no se usen para condicionar el ingreso a la escuela. Y, como siempre, las autoridades educativas estatales publican un comunicado en el que plantean, a veces más claros o enfáticos, las prohibiciones establecidas, y otras, como es el caso, sus planteamientos dan pie a la especulación de que no se va a actuar rigurosamente, o que, de plano, dejarán abiertas algunas rendijas para tales ordenamientos. Tal situación se presenta, además, en un momento en el que la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, ha requerido a las agrupaciones de padres de familia a que integren adecuadamente sus organizaciones y que paguen los impuestos a que haya lugar, sin involucrar en tales movimientos financieros y fiscales las cuentas bancarias personales de los dirigentes de las agrupaciones. Pero tal propósito no tiene exclusivamente tal objetivo, sino seguramente el de darle transparencia a los recursos aportados por los padres de familia para suplir las enormes deficiencias del Estado mexicano en materia de impartición de educación, especialmente la básica. Pero resulta que el comunicado publicado ayer por la Secretaría de Educación Pública del Estado da por hecho que las cuotas escolares son obligatorias –claro, entregándoselas a las asociaciones de padres de familia– y que sólo se podrá eximir del pago de ellas a quienes “no cuentan con la capacidad económica para aportarlas”, dejando de lado que los mexicanos tenemos la plena libertad de agruparnos, o no, en las organizaciones que nos plazcan. Tal situación se agrava en el caso de los uniformes escolares, pues en el primer párrafo de tal comunicado acepta que “no está considerado como obligatorio”, y en la parte final asienta que “en caso de acordarse el uso de ellos, no debe condicionarse la marca, ni el lugar de compra”, y ahí sí que está mas clara la actitud ¿“Acordarse”, quien puede aprobar que una no obligación se transforme en una norma obligatoria, siempre y cuando no se condicione la compra? ¿Por qué detenerse tanto en asuntos aparentemente tan triviales? Es que no lo son para una buena parte de la población, quizá la mayoritaria, todavía, pues el inicio de actividades escolares pone en verdadera crisis económica a infinidad de hogares, ahora alivianada por la determinación del gobierno de Chihuahua, desde los tiempos de Reyes Baeza, de regalar los útiles escolares a los alumnos de educación primaria de los planteles públicos, en uno de los múltiples actos que muchos gobernantes en el país le imitaron al gobierno de López Obrador en el DF, en el período 2000-2005. Más aún, hay dos argumentos, esenciales, para oponerse al cobro de cuotas escolares por parte de las organizaciones de padres de familia –que debieran velar, más, por otros aspectos igualmente importantes de la dinámica escolar y cuya principal preocupación no debieran ser las condiciones físicas de los edificios escolares– consistentes en que tales cobros son inconstitucionales pues, por ley, las administraciones estatales y la federal debieran cubrir absolutamente todas las necesidades de los planteles escolares, para concretar el principio básico de que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita. Lo peor es que desde el año 2001, por lo menos, se acumulan los recursos de una partida aprobada por la Cámara de Diputados, destinada a otorgarse a los gobiernos estatales para que éstos, con ese dinero, acudan a darle mantenimiento a todas las instalaciones escolares y, por supuesto, a reparar las que lo necesitaren. Y si estos recursos salen etiquetados de ese modo ¿Qué, o quiénes cambian su destino? ¿Para qué someter a las agrupaciones de padres de familia, y a éstos mismos, a la presión de pagar cuotas escolares, a fin de que sus hijos reciban la educación “gratuita” otorgada por el Estado que, en teoría, pagamos con nuestros impuestos? ¿Y si estos no sirven para eso, entonces, para qué? ¿Para transformar fachadas de edificios públicos? ¿Cuántas aulas habrían podido rehabilitarse con la aplicación de los recursos aplicados a cambiar una fachada que ya formaba parte de la memoria arquitectónica de varias generaciones de chihuahuenses?