A río revuelto, conducta criminal

El Diario, 31 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores En tanto el país entero se hunde cada vez más en la vorágine de la elección presidencial, los efectos de la política económica aplicada a lo largo de ya tres décadas se resienten casi en cada aspecto de la vida nacional. Y todavía los candidatos del PRI y del PAN insisten en la continuidad de la misma. Se requiere de un cambio absoluto en ella, y de ninguna manera en la restauración, como lo propone nuestro amigo Francisco Rodríguez Pérez (El Diario, 30/V/12). Deberá ser a fondo el cambio. Una de esas ramas de la economía que necesita urgentemente de la revisión es la de la minería. Durante más de una década, los gobiernos locales (para no hablar de los federales, autoridades responsables del desastre económico y ambiental generado por la salvaje explotación minera) han afirmado, a nombre de las empresas mineras, especialmente las canadienses, que la presentación de una catástrofe ambiental, o de un accidente de este tipo, es lo más lejano a la actividad de las empresas que saquean las riquezas de La Tarahumara. Han afirmado que todos los pasos del proceso de la extracción, especialmente del oro, están dentro de las normas y exigencias ambientales y de seguridad existentes en el país. Pero hete aquí que el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eduardo Esperón, declaró que su dependencia detectó a varias “unidades fleteras que transportan cianuro en condiciones inseguras, lo que en caso de un accidente podría desencadenar una catástrofe”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario, 28/V/12). La razón, según la versión del funcionario, para transportar dicha sustancia, esencial para la explotación aúrea por medio de la lixiviación de cianuro de sodio, es que “las empresas transportistas son contratadas por las compañías mineras para llevar el químico hasta sus instalaciones a bajo costo”. Sin dar más detalles, cosa que debiera superarse, el funcionario federal informó que eran cuatro las empresas mineras, instaladas en Chihuahua, las responsables de tan peligrosa violación a las normas ambientales y de seguridad civil, tanto en el orden federal, como en el estatal. (Ibídem). Todo, con el objetivo de ahorrarse unos pesos quienes se llevarán a la bolsa en cuestión de unos cuantos años, cientos de millones de dólares de ganancias netas. En el curso de la entrevista, el funcionario federal anunció que se pondría en contacto con “funcionarios de la Unidad Estatal de Protección Civil, para establecer una estrategia para evitar que este tipo de prácticas se sigan presentando, pues ponen en riesgo a la ciudadanía”. Además, dio a conocer parte de las estrategias de estas empresas para burlar la vigilancia, esto es, para evitar las revisiones, la utilización de unidades de las denominadas de “caja corta”, así como que son cargadas en la ciudad de Cuauhtémoc. Así descritos los hechos, debieran ser motivo de una profunda investigación, además de informar a la sociedad chihuahuenses cuáles son las empresas que incurren en tales violaciones, altamente repudiables y que echan por tierra todas las argumentaciones, tanto de ellas, como de infinidad de funcionarios gubernamentales que han defendido hasta la exageración a quienes hoy se muestran como auténticos mercachifles, a quienes no les interesa -como algunos hemos planteado- de manera alguna la seguridad, la economía y el bienestar de los chihuahuenses. Más aún, en un aspecto de tal modo de extraer el oro, que no se había considerado como motivo de crítica y que diera pie a hacer algunos llamados de alerta, como lo es el transporte del cianuro de sodio, nos topamos que hasta en esta actividad las empresas involucradas en esto no merecen la confianza en el manejo de sustancias tan peligrosas, y en un método -la lixiviación por cianuro de sodio- que en Canadá se ha prohibido por los desastres ambientales y el extremo riesgo a que se somete a la población. Bueno, si hasta en el transporte de esa sustancia son desconfiables ¿Quién puede asegurarnos que allá, en la sierra, sin autoridades confiables que los vigilen, cumplan con las mínimas normas de seguridad exigidas por las autoridades de los tres niveles? Revisar los métodos de explotación de las empresas mineras asentadas en Chihuahua (recordemos que lo mismo sucede en otras regiones del país) es imprescindible, pero nada de eso les ha merecido comentario alguno a Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota o Gabriel Quadri. Ni modo, aunque se quejen los antilopezobradoristas, el único que ha repudiado y ha propuesto una exhaustiva revisión de las concesiones mineras es el candidato de las izquierdas. Independientemente del resultado de las elecciones, es un asunto que deberá revisarse.