Crisis militar en todo lo alto

El Diario, 20 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores La detención de cuatro militares de alto rango, a quienes se les acusa de haberse involucrado con el crimen organizado en su modalidad de tráfico de drogas, ha puesto en crisis al cuerpo militar. De ser ciertas las acusaciones, y por la naturaleza de ellas, entonces deberíamos estar en la víspera de la detención de infinidad de personas involucradas en tales delitos y no solamente militares. Sin embargo, y precisamente por lo anterior, y dado el nivel de desconfianza del que goza el actual gobierno, nadie podría descartar en el fondo de tales detenciones la seria disputa al interior del Ejército por el cargo que más importa, el de secretario de la Defensa Nacional, hipotéticamente a cargo del nuevo presidente de la República pero que en la práctica, quienes dirigen al instituto armado son los que le presentan las opciones de las cuales el mandatario que asuma el poder el próximo 1 de diciembre, deberá seleccionar al responsable de las Fuerzas Armadas. El principal de los detenidos, el general Tomás Ángeles estuvo entre las opciones que le presentaron a Felipe Calderón en 2006. No fue el designado y durante dos años se desempeñó como subsecretario. Su detención representa la de más elevado rango militar que se haya dado. Sus implicaciones seguramente serán de largo plazo pues a pesar de que hayan transcurrido casi cuatro años de su salida de las responsabilidades, primerísimas, que tuvo, precisamente por ello concita, a la vez, preocupación y suspicacia, porque no se tiene la seguridad de que su detención se deba a las acusaciones que ahora le hacen sino, por lo escrito líneas arriba, o por ejemplo, a su oposición al uso del ejército en las tareas para las que fue usado a lo largo del sexenio. Más aún, en caso de que las acusaciones cuenten con un real sustento, llama la atención que, otra vez, se señale solamente a mandos militares que apoyan, o apoyaron a un grupo criminal enfrentado al Cártel de Sinaloa. Debemos recordar que el grupo de los hermanos Beltrán Leyva se había separado del jefaturado por Joaquín Guzmán y Mayo Zambada. Para la hipótesis de las diferencias en cuanto a la estrategia sirven de argumento los cables revelados por WikiLeaks, en los que los funcionarios norteamericanos se quejaron de que el ejército mexicano se resistía a “apoyar” las acciones de los norteamericanos y que los funcionarios mexicanos deberían ejecutar. El periodista Raymundo Riva Palacio sostiene que el general Tomás Ángeles “fue un militar que en los 80, como agregado en la Embajada de México en Washington, encabezó la defensa latinoamericana a los designios del Pentágono que querían –con el respaldo del presidente Carlos Menem en Argentina–, crear una fuerza panamericana que respondiera a los intereses estratégicos de Estados Unidos en el mundo”. (“El general en desgracia”, El Diario, 17/V/12). La detención de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, y del teniente coronel retirado, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, tienen como sustento las declaraciones de testigos protegidos y de otros detenidos. Se les acusa de proteger las operaciones que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva realiza en Quintana Roo, el Distrito Federal y Morelos, y de tener bajo su responsabilidad permitir el traslado de aeronaves cargadas de drogas, de acuerdo con los testimonios aportados por un testigo protegido de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (la DEA), identificado como Jennifer, cuyo nombre real es Roberto López Nájera, además de los de Sergio Barragán Villarreal, El Grande, testigo protegido de la PGR, de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y del mayor Arturo González Rodríguez, detenido años atrás, en el sexenio de Vicente Fox. Pero las luces de alarma acerca de este caso ya se prendieron. Según la información proporcionada por distintos medios de comunicación, la investigación sobre los generales inició en 2009, a raíz del asesinato, en Cancún, del general Mauro Enrique Tello Quiñones, a la sazón jefe de seguridad pública de aquel puerto. La Secretaría de Defensa Nacional informó que personal de la Procuraduría General de Justicia Militar, “cumplimentó” (sic) la orden de localización y presentación “solicitada por la PGR el día 7 de mayo de 2012”. Y empiezan a aparecer las contradicciones, pues se informó que la decisión de que los casos fueran vistos por la PGR obedeció a que “los supuestos ilícitos fueron cometidos cuando los militares estaban en situación de retiro” y a que la investigación fue iniciada por la SIEDO en 2010, cuando la dirigía Marisela Morales Ibáñez, la actual procuradora general de la República. O sea, que Ángeles se retiró –lo retiraron– y se fue de bruces al crimen organizado, ya sin fuerza, sin mando y sin recursos para participar en tales actividades. Luego, si las investigaciones se están haciendo desde aquellas fechas ¿Por qué solicitar órdenes de arraigo y no de aprehensión? ¿Quiere decir que aún necesitan 40 días para efectuar las investigaciones que no pudieron realizar en más de dos años? Saltan las dudas por todos lados. Los generales fueron “llamados” ante la autoridad mediante una “orden de presentación” y fueron elementos militares los que los llevaron a la PGR, sin orden de aprehensión. Todavía hasta las primeras horas de la tarde de ayer sábado las autoridades civiles, las de la PGR, no le habían permitido a los abogados defensores acceder a entrevistar a sus clientes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que se ¡Tardará dos meses en acreditar que se han violado los derechos humanos de los detenidos! ¡Cuántas coincidencias! ¡No puede ser! Siguen las coincidencias. Acosta, al igual que el general René Juárez Loera (que fuera el primer responsable de la Operación Conjunta en Chihuahua) fue asesinado a mansalva y sin contar con escoltas ¿Cómo explicarse tal hecho si quien ejerció algún mando en los organismos policíacos se les dota de seguridad durante un tiempo más o menos prolongado? ¿Por qué a ellos no? Cualesquiera que sean las respuestas a todos los cuestionamientos planteados, por primera vez se nos aparecen, de manera tan contundente, los resultados de haber involucrado al ejército en la llamada guerra al narcotráfico. El balance no puede ser peor. Ni los niveles delictivos bajaron, ni se debilitaron los grupos organizados, ni disminuyeron en número, al contrario ahora son más, y más fuertes; ni disminuyó la cantidad de droga trasladada a Estados Unidos, ni la presente en las calles de nuestras ciudades; y se perdieron, para el control gubernamental, extensas áreas de territorio nacional y hoy numerosos efectivos, mandos bajos y altos de las fuerzas armadas participan de la corrupción generada por las bandas del crimen organizado. Más aún, ya se encuentran sometidos a procesos penales algunos oficiales, acusados de ordenar múltiples ejecuciones. Y no hablamos de los derivados de las denuncias de civiles, ni de los procesos civiles seguidos a algunos de ellos, no, sino, por ejemplo, de los procesos militares instalados en contra del Coronel Elfego José Luján Ruiz, cuando era el jefe militar de Nuevo Casas Grandes, acusado de dar muerte y calcinar a dos soldados desertores que se habían pasado a las filas de “La Línea” (Reforma, 14/II/12); y del general de Brigada Diplomado del Estado Mayor Manuel de Jesús Moreno Aviña, acusado, cuando dirigía la partida militar en Ojinaga, de ordenar la ejecución de al menos seis personas, también pertenecientes al mismo grupo delictivo (Reforma, 30/I/12). Se los dijimos ¿Y si fracasa el Ejército –en combatir a los narcos–, qué nos quedará?