Compromisos alcanzables

El Diario, 24 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores A pesar de la opinión de muchos colegas y de algunos amigos, que hablan de campañas desarregladas, que no alcanzan a interesar a la mayoría de los ciudadanos, que no hay propuestas ni programas creíbles, el escribiente cree que las campañas electorales han tomado vigor y han empezado a interesar a una buena parte de la población. Como hasta los partidos lo admiten tácitamente, las que interesan mayormente son las de los candidatos presidenciales y hoy, en casi cada reunión, el tema central es la intensa disputa entre ellos. Seguramente que para esto han influido decisivamente dos hechos. El debate presidencial, a pesar de la escasa audiencia (sólo podía llegar al 45% de los televidentes) y el episodio conformado por el incidente de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana y las manifestaciones que desató, la del sábado en contra de Peña Nieto y Televisa, la del domingo en favor de López Obrador y la estudiantil del lunes, también a favor del tabasqueño. Pero hay cosas en las que debamos detenernos y que poco importan –aparentemente– a los candidatos del PRI y del PAN. Uno de ellos es el salario de los funcionarios de los primeros niveles del gobierno federal. Tanto Peña Nieto como Josefina han insistido, más en los últimos días, en que propondrán la disminución de los diputados plurinominales. El priista propone la disminución a 100 y la panista pretende la desaparición absoluta de estos puestos. En el fondo de sus propuestas yace el elevado rechazo a tales legisladores –debemos decirlo sin ambages, por ignorancia– producido por lo costoso que nos resultan, además de los elevados índices de ineficacia mostrados por la gran mayoría de ellos. Convenimos en una parte de la argumentación, en lo elevado de los salarios de los legisladores; en la otra parte, México debe encaminar sus pasos para transformar el régimen presidencialista actual por un régimen parlamentario, en el que, necesariamente, deberán existir los legisladores de representación proporcional, y por definición los partidos tendrán el porcentaje de diputados igual al porcentaje de votación obtenido. Pero el problema es otro. Nadie habla, bueno, ni Peña ni Josefina, del crecimiento del número de plazas en el gobierno federal con el nivel salarial de subsecretario que, de acuerdo con un estudio efectuado ¡Por el grupo parlamentario del PRI! pasó de menos de 100 con Ernesto Zedillo, a más de mil 100 en el actual gobierno, con salarios alrededor de los 200 mil pesos mensuales. Si a tales cifras le sumamos el de directores y subdirectores generales, así como el de delegados y subdelegados federales, nos vamos a encontrar que la falta de explicaciones acerca de hacia dónde se fue el dinero producto de los excedentes petroleros de toda una década –la de los gobiernos del PAN–, tiene, paradójicamente, una excelente explicación: A los bolsillos de quienes lograron subirse al barco de la burocracia federal, pero no cualquiera, sino la de los primeros niveles. ¿Cuántos funcionarios gozan de tales privilegios? Porque, además, debemos agregarles los salarios de los secretarios particulares, los secretarios privados, los asesores, las secretarias, los asistentes, el pago de los celulares, de la renta del vehículo, el chofer, de las oficinas, del gasto de ellas, los vehículos de todos los colaboradores de los funcionarios de los primeros niveles, es decir, todos los mencionados... ¿Le seguimos? ¿Cuánto significa tal parafernalia burocrática de pedigree? Bueno, pues los gastos de los diputados se convierten, frente a aquello, en una verdadera bicoca, y por si fuera poco, el ahorro de 100 o 200 diputados palidece ante el verdadero enjambre representado por el número de funcionarios mencionados líneas arriba. Por ejemplo, no es una novedad asentar que la mayoría de los delegados de las dependencias federales tienen un salario (integrado por el salario y la compensación, que para los términos periodísticos, basta con señalarlo como el salario) superior o cercano al del gobernador del estado. Por supuesto que no se dejan de lado los salarios de los magistrados, ministros y jueces del poder judicial, especialmente del ámbito federal, y los de los órganos autónomos –IFE, CNDH, TEPJF y el IFAI– que son verdaderos insultos a los mexicanos y a la incipiente democracia con que contamos. ¿Será por todo eso que no hablan de ese tema, y el único que machaconamente insiste en ello es el candidato de izquierda, López Obrador? ¿Será por eso que no lo quieren? ¿Por qué no obligar a todos los candidatos, de todos los partidos, a comprometerse a una disminución de sus salarios, por allá del orden del 40%, por lo menos?