Legalización de chuecos, tufo electorero

El Diario, 10 de mayo de 2012. Luis Javier Valero Flores. ¿Cuáles son las razones por las que Felipe Calderón, por fin, resolvió dar paso a la regularización de vehículos extranjeros internados ilegalmente? ¿Por qué hasta ahora, dirá más de un panista, y no en abril, cuando el efecto sobre el electorado podría ser mayor al de ahora? ¿O será precisamente por eso, que calcularon el efecto sobre los ciudadanos, precisamente en la época en la que se podría detener la caída en las preferencias electorales de su candidata a la presidencia? Si existiese alguien que no reconozca el elevado interés de Calderón sobre el desarrollo de las campañas electorales y los pasos dados para reforzar a su partido, seguramente será alguien muy ajeno a los acontecimientos políticos ocurridos en los últimos 4 años, por lo menos. El anuncio lanzado por el gobernador chihuahuenses, César Duarte, en ese sentido, “el presidente de la República, Felipe Calderón, dio luz verde a la regularización”, luego de la reunión sostenida, en la que “se logró una conciliación entre los dos niveles de gobierno”, aún deberá esperar para su concreción, pues no sería una sorpresa que en el camino algún funcionario federal actuara para retrasar tal hecho, y que ya sabemos no sería por su propia iniciativa, sino porque quien ocupa hoy la residencia presidencial demostró, a lo largo de ya casi seis años, que sólo lo guió el interés electoral, igual que su antecesor, Vicente Fox, pero éste era el triunfador sobre el viejo régimen y Calderón, en teoría, debió ser el mandatario que consolidara la renovación democrática del país. No fue así y a cambio su desempeño llevó a su partido (y estamos a solo unas cuantas semanas de vivirlo) a una de las peores derrotas que los partidos gobernantes hayan sufrido en el ámbito internacional. Y el problema de los carros “chuecos” fue uno más de los asuntos que evidenciaron la incapacidad gubernamental del panismo. La apertura de la frontera norteña a la importación de camionetas, “vehículos de trabajo”, se dijo en los lejísimos años de fines de los 80’s, en realidad se convirtió en el primer paso para el desmantelamiento de la industria nacional de autopartes, cuyo segundo paso fue la firma del Tratado de Libre Comercio, al disminuir el porcentaje de partes nacionales que debían contener los vehículos armados en nuestro país. Al mismo tiempo, fue uno de los pasos más importantes para la construcción de una vastísima red de corrupción en el sistema aduanal, cuyas redes llegaban, según se informó en varios reportajes publicados por El Diario a lo largo de dos décadas, hasta los primeros niveles de la Secretaría de Hacienda federal. Por desgracia, todos los actos gubernamentales alrededor de este asunto han estado enmarcados en la conveniencia electoral. Al anunciar la instrumentación de los primeros permisos, Augusto Gómez Villanueva, líder de la CNC, le prometió 20 millones de votos al candidato de su partido, Carlos Salinas de Gortari. Ahora no parece ser la excepción, se podrán argüir infinidad de cosas pero es extraordinariamente coincidente que, en el momento en que pareciera que Josefina Vázquez Mota va rumbo a convertirse en la tercera fuerza de la elección presidencial, Calderón aceptara que “Chihuahua cumplió con todos los requisitos” planteados por el gobierno federal y, por tanto, dar paso a la ansiada regularización de cientos de miles de vehículos en Chihuahua, y con ello, dependiendo del modo en que acordaron tal hecho, captar algunos cuantos millones. Pero este hecho, por sí mismo, es prueba palpable de las graves deficiencias del transporte urbano, pues se demostrará que las dos principales urbes chihuahuenses, Juárez y Chihuahua, ostentan los primeros lugares en el índice de vehículos circulantes por número de habitantes, y quizá alguna de las ciudades medianas de la entidad -Parral o Cuauhtémoc- se encuentran, también, en tales circunstancias. De concretarse tal regularización -por lo menos ésta- podrá ponerse fin, así sea temporalmente, a uno de los negocios más corruptos existentes en Chihuahua, el de las organizaciones supuestamente defensoras de los propietarios de tales vehículos, lo que ha significado el robo, literalmente hablando, a decenas de miles de chihuahuenses. Más aún, tal legalización mostrará cuan certera es la afirmación gubernamental que estos vehículos son los usados preferentemente para cometer delitos, o que sus propietarios son aquellos que pretenden, permanentemente, evadir sus obligaciones fiscales. Probablemente ni una cosa ni otra, seguramente nos encontraremos que la absoluta mayoría de ellos son simples ciudadanos enfrentados a la terrible realidad de un transporte público increíblemente deficiente, gracias a que los concesionarios se han convertido en uno de los segmentos empresariales más protegidos de los grupos gobernantes. asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com