Recrudecimiento homicida en la capital

El Diario, 6 de mayo de 2012. Luis Javier Valero Flores. Apenas se recuperaba del pasmo causado por la masacre del Bar El Colorado, una semana atrás, cuando ya una nueva ejecución múltiple ocupó el centro de la atención de los habitantes de la capital chihuahuense, ahora ocurrida en uno de los sitios preferidos de las capas medias de esta ciudad, el Applebee’s, lugar en el que meses atrás habían ultimado al que fue jefe de la policía municipal de las dos urbes mayores de Chihuahua, J. Refugio Ruvalcaba. El viernes, un comando armado ejecutó a tres personas en una de las horas de mayor concurrencia del restaurante y puso nuevamente en estado de crisis la confianza de la ciudadanía en las autoridades. Imposibilitados de contar con más información que la publicada en la página digital del Gobierno del Estado, en la que se informa de un total de homicidios, en la entidad, de mil 209 en el primer trimestre del año, sin más detalles y sin especificar los lugares en los que ocurrieron, deberemos de contar, para los efectos de este trabajo, con las muy escasas informaciones aparecidas en la prensa local, y recopiladas acuciosamente por la empresa de Lorenzo Pérez (Inpro, negocio al que el escribiente recurre casi diariamente para consultar la hemeroteca digital) y de las cuales podemos inferir, con lo que coincidiremos con la muy extendida percepción ciudadana, el notable incremento de las ejecuciones en la capital del estado. Fenómeno al que el Secretario de Gobierno, Raymundo Romero, calificó como “el efecto cucaracha”, lo que implica que alguna localidad, o varias, de la entidad, quedaron limpias. El problema es que aún seguimos buscando a la ciudad chihuahuense que se liberó del flagelo de la violencia, como para que haya expulsado a las “cucarachas” y éstas llegaran a la ciudad de Chihuahua. Así, en el portal del Gobierno de Chihuahua, en el sitio de la Fiscalía General del Estado, se informa que del 1 de enero al 31 de marzo del presente año se presentaron 774 eventos en los que murieron 203 mujeres, 997 hombres y 9 personas de sexo indeterminado lo que hace un total de 1,209 homicidios en nuestra entidad. De esta manera, sin tener a la mano la información oficial –porque hasta el ejecutómetro, que el portal La Opción.com.mx mantuvo durante el año anterior, ha desaparecido– sólo podemos especular que la cifra diaria de ejecuciones en la ciudad de Chihuahua, en lo que va del año, debe rondar entre las 2 y 4. Más preocupante es el hecho de que, de ese total, 50 personas fueron victimadas en centros sociales, ya sean los denominados antros, en cantinas o restaurantes, lo que arroja, tan solo los caídos en estas circunstancias, una tasa de 6.25 por cada 100 mil habitantes, sin tomar en cuenta los que son asesinados diariamente. Si estos cálculos no están lejos de la realidad, significaría que la capital de Chihuahua podría estar disputando el liderazgo nacional de ejecuciones, pues si lo llevamos a los primeros cuatro meses, con un promedio de ejecuciones diarias, serían 360 ejecutados, equivalentes a 45 por cada 100 mil habitantes, y eso en el primer cuatrimestre, que llevados al año nos reportaría una tasa de 136, la más alta del país, incluida en esta clasificación la ciudad de Monterrey, por supuesto, por encima de las cifras del antiguo Paso del Norte. Además, las ejecuciones se han presentado de manera tan dramática y cuantiosa que, por ejemplo, en dos días, del 13 al 14 de marzo, se presentaron 14 ejecuciones atribuidas al crimen organizado. Y entre las víctimas hay algunas en las que la autoridad está más obligada a encontrar y castigar a los asesinos (ya lo sabemos, lo está en todos los casos) pero en el de los asesinatos de periodistas dicha obligación se acrecienta, por una sola y objetiva razón, son éstos los encargados de informar a la sociedad de los hechos y fenómenos ocurridos y cuando uno de ellos es asesinado, la autoridad está obligada a demostrar, –cuando se sospecha que fue un hecho circunstancial, como lo son las ejecuciones de los periodistas Javier Moya y Javier Salinas, ocurridas apenas la quincena anterior– que no obedeció a razones atribuibles al ejercicio de su profesión. Con otro agravante, entre las víctimas se cuentan varios elementos de las agrupaciones policiacas, incluso de algunos mandos de la policía municipal de la capital del estado. Pero, como ha ocurrido en prácticamente todo el país, la impunidad es el rasgo característico de todos estos hechos, y cuya principal consecuencia es la inquietante e incesante inseguridad, ante la cual el principal sentimiento popular es el de la impotencia pues no se aprecia –al igual que en lo más alto de la curva de violencia en Juárez– que la autoridad cuente con un mínimo de posibilidades de enfrentarla y superarla. Más aún, y es un aspecto que deberán considerar, la información acerca de la ola homicida tendrá que circular, porque pensar que se puede detener o controlarla, a fin de, pensando de buena fe, no contribuir al desánimo a la ciudadanía, o para que se difunda la idea de que se hacen las cosas bien, o que se está gobernando de manera adecuada, es contribuir a tal estado de desasosiego popular. Además, hay otra realidad, la incoordinación de las autoridades federales con las estatales (o al revés, como el lector lo quiera ver, según sus filias políticas) es realmente existente y la falta de investigación de los crímenes, por parte de las autoridades federales, continuará, y si las autoridades estatales se esperan a que lo hagan, la actual situación persistirá, de ahí que éstas deberán asumirlo. El gobernador César Duarte afirmó que el poder era para poder, y en materia de seguridad pública –tema al que se refería– ha quedado claro que no basta con el concurso de decenas de miles de elementos, ya sean policías o militares, la experiencia juarense nos lo mostró, y la ola homicida bajó quizá más que al combate oficial, a la dinámica propia de la guerra de los cárteles, al cansancio o agotamiento de sus activos –en parte, probablemente, al encarcelamiento de algunos de sus mandos– pero en esa disminución no se aprecia que se deba al apresamiento de los sicarios, o merced al esclarecimiento de los hechos de sangre en que hubiesen participado. Y esa es la dolorosa realidad. La absoluta mayoría de los crímenes relacionados con las bandas del tráfico de drogas está impune porque no hay capacidad gubernamental para esclarecerlos. Para resolverlos se necesitaría aplicar la inteligencia gubernamental, no solamente la de los funcionarios gubernamentales en lo personal, sino la del aparato estatal de inteligencia, es decir, los órganos encargados de indagar todo lo relacionado con los criminales. Eso no ha existido hasta ahora, porque ante hechos como el abordado en esta ocasión, numerosos ciudadanos reclaman que haya más vigilancia –seguramente se necesita más pues tanto en Juárez como en Chihuahua existe un déficit de policías– pero será imposible establecer una pareja de policías en cada establecimiento comercial, de servicios o turístico. No, el problema es de más fondo, es el de la falta de aplicación de medidas elementales de seguimiento del comportamiento de los grupos criminales, de sus fuentes de abastecimiento, de financiamiento, de conocimiento de sus negocios, tanto los lícitos, como los ilegales, de la ruta de las armas, de los vehículos (los chuecos, los robados y los de lujo), etc. Pero si no son capaces de seguirle la pista al cobre que se roban de las tuberías ¿Se imaginan que puedan hacer lo sugerido líneas arriba?