jueves, 3 de mayo de 2012

Debate clandestino

El Diario, 3 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores La polémica desatada alrededor de la negativa de las cadenas televisivas para transmitir el primer debate presidencial, en canal preferencial (Televisa lo hará a través de canal 5), y de Tv Azteca para no transmitirlo en ninguna de sus frecuencias, además de esa inaceptable postura, esconde en realidad un más inquietante propósito: El de forzar a los candidatos y partidos a efectuar una reforma electoral que regrese al viejo esquema en el que se podía contratar propaganda política en los medios electrónicos de comunicación. Los argumentos son verdaderamente pedestres y extraordinariamente peligrosos para la comúnmente llamada incipiente democracia mexicana. En todos los tonos se apela a la libertad que gozamos los mexicanos. Los candidatos de la derecha –PRI y PAN– se cuidan de no pronunciarse claramente sobre un aspecto que es central para la continuidad del régimen de plena competencia electoral que ahora tenemos. El duopolio televisivo decidió, en la práctica, hacerle el vacío al debate presidencial pues le apuesta a que el candidato Enrique Peña Nieto (delantero en todas las encuestas, fruto fundamentalmente de la indebida e ilegal promoción realizada durante años en las pantallas televisivas) se mantenga en esa posición y no someterlo a la posibilidad de un descalabro en ese evento. Con ello, envían un mensaje imposible de evadir: Lo consideran débil frente a sus adversarios y, podríamos agregar, sobre todo frente al candidato de las izquierdas, López Obrador. Así que si acaso perdiera el debate, que la pérdida de preferencias no sea mayor. Tal es la estrategia del duopolio. No están mal en sus apreciaciones. No podríamos descartar que el equipo del mexiquense cuente en sus manos con encuestas profesionales acerca de la percepción ciudadana de quien podría ser el ganador del debate, en la cual está muy extendida –por lo que aprecia el escribiente– la de que el tabasqueño saldría ganador de tal ejercicio, como lo muestra el sondeo de El Diario-Juárez, versión digital, en el que el 55.8% así lo ve, en tanto que el 24.3 ve triunfadora a Josefina Vázquez Mota y en un lejano tercer lugar a Peña Nieto con un 15.4%, de una muestra de 5 mil 496 votos que lo hicieron a través de tal medio. Por ello, seguramente, echaron mano de todo. Televisa transmitirá, como todos los domingos en el canal 2, el programa “Pequeños gigantes”, y TV Azteca decidió transmitir uno de los juegos de la liguilla del fútbol mexicano, Tigres de la UANL contra el Morelia, en un horario desacostumbrado para la afición michoacana pues en esa ciudad se realizará. Puras coincidencias, resulta que la empresa propietaria del Morelia es ¡TV Azteca cuyo dueño ha hecho gala de su prepotencia al burlarse del órgano electoral al sostener en las redes sociales que el debate será entre quienes decidan ver el fútbol o el debate presidencial. Ante esa actitud y la no sorprendente postura del IFE, la izquierda ha solicitado al gobierno federal aplique el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión que lo faculta a ordenar la transmisión en cadena nacional de un evento trascendente. Tales posturas apuntan a un solo objetivo, y para el cual ha echado mano de cuánto recurso tienen al alcance, en especial el de atenuar el impacto de las campañas electorales, sobre todo de los candidatos al Congreso de la Unión; a condicionar el acceso a la radio y la televisión al compromiso de restablecer el antiguo marco jurídico mediante el cual recibían hasta dos terceras partes del financiamiento público de los partidos, en sumas que se han llegado a calcular, incluyendo las campañas estatales, en más de 20 mil millones de pesos en año electoral. Y si todas estas manifestaciones son altamente preocupantes, lo es más el ominoso silencio de los hombres más poderosos de México y las cámaras empresariales. Por su silencio deberemos entender que respaldan tal pretensión de las empresas televisivas que, juntas, controlan cerca del 95% de las estaciones de televisión y alrededor del 90% de las de radio. El problema radica en que los propietarios de Televisa, la principal empresa en esta materia, es propiedad no solamente de la familia Azcárraga, sino que de su propiedad participan varios de los más poderosos hombres de empresa de las últimas tres décadas. Así que el mensaje no es tan solamente de los funcionarios –y de sus conductores y comentaristas, al fin y al cabo empleados de ellos– sino de una parte importante del empresariado mexicano. Dobléguense.

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