Espeluznante

El Diario, 8 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
La información estremece, de lo contundente que resulta, de lo que trasluce; porque nos deja ver la desmesura de la capacidad criminal y el arraigamiento de la corrupción en las filas de las agrupaciones encargadas de la procuración de justicia y porque devela las entrañas de una extensa y dañina red criminal, precisamente ahí en donde tal cosa debiese no existir: “Arsenal del Cereso se utilizaba para ejecuciones en las calles”, dice el titular de El Diario-Juárez en su portal de internet, ayer por la tarde.

Noticia de tal envergadura nos deja pasmados, del mismo modo que años atrás, cuando iniciaba la actual ola homicida, se informó que la directora del penal de Gómez Palacio, Durango, era quien daba las órdenes a los reos para ejecutar a personas afuera de tal cárcel.

No otra cosa –o parecida– puede esperarse de lo acontecido a partir del domingo por la noche en el penal de Juárez, cuando encontraron un verdadero arsenal en distintas áreas del Cereso estatal de Ciudad Juárez. Esta noticia, de por sí, causó una gran desazón, pero lo informado ayer por Jorge González Nicolás, titular de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito, de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte (que abarca los municipios Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero del Valle de Juárez y Juárez) quien dijo que al cotejar las armas decomisadas en el penal encontraron concordancia con los casquillos localizados en distintas escenas de algunas ejecuciones.

Además, concluyeron que las armas eran sacadas del penal, usadas para asesinar y regresadas al recinto penitenciario y ocultadas ahí mismo, todo ello en el transcurso de los últimos tres años, precisamente cuando arreció la oleada criminal en el país ¿Cómo se hacía tal cosa?

Es decir, que durante todo este tiempo estuvo montado un operativo al interior del penal –con las correspondientes complicidades– para asesinar a mansalva en las calles de Juárez, sin la posibilidad de que fueran detectadas las armas con las cuales se cometían los asesinatos, por lo que los motines, enfrentamientos y ejecuciones al interior de los penales eran sólo parte de la salvaje guerra desatada entre los grupos criminales existentes en el antiguo Paso del Norte, pero que deja viva la incertidumbre acerca de la posible participación de mandos policíacos y de los órganos de seguridad pública en tales ejecuciones, del mismo modo que un jefe militar hacía en Ojinaga por esos mismos días, delitos por los cuales ahora está sometido a proceso militar.

La revelación de estos hechos –tanto los del penal, como los de las ejecuciones ordenadas por el militar en Ojinaga, amén del proceso seguido contra otro jefe militar, de cuando estaba asignado a Nuevo Casas Grandes– devela que estamos frente a la posibilidad de una de las peores consecuencias de lanzar a las fuerzas del orden público, de la manera como se hizo con las mexicanas en el marco de la Operación México Seguro, lanzada por Felipe Calderón al inicio de la actual administración federal.

Y esa consecuencia es la aparición, con mayor fuerza y más extensión al interior de las agrupaciones policiacas y militares, de grupos y mandos que decidieron aplicar por su cuenta la justicia –en el mejor de los casos– o, simplemente, asumirse como un grupo criminal más, éste al amparo de los uniformes y cargos, y servirse de los demás, regentearlos y usarlos de parapeto de todas las acciones criminales. La posible presencia de los grupos parapoliciacos era lo último que nos faltaba en este más que complicado escenario, y que éstos hayan tenido como su santuario el penal estatal juarense es de las peores noticias que hayamos recibido.

Confirma lo establecido semanas atrás, a propósito de la increíble cadena de asesinatos ocurridos en el interior de los penales de Chihuahua, que implantar el orden, la disciplina y la legalidad ahí era prioritario.