Áreas de opacidad

El Diario, 11 de marzo de 2012
Luis Javier Valero Flores
Lo ocurrido días atrás a El Diario de Juárez es extremadamente preocupante por varias razones, todas ellas derivadas de la política editorial desarrollada por el periódico líder de la entidad durante la oleada criminal, presente en la principal de las urbes chihuahuenses en los últimos cuatro años.

A finales de febrero, El Diario dio a conocer que había sido excluido de la publicidad oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal debido, según fuentes citadas por el mismo periódico, a la línea editorial desarrollada alrededor de la información de las actividades de los elementos de esta corporación en el antiguo Paso del Norte. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario 29/02/12).

“La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) excluyó a El Diario de Juárez de contratar su publicidad oficial, en represalia por su línea editorial que calificó como ‘dura’ y porque considera que ‘golpea mucho’ a la Policía Federal, según expresaron funcionarios de la dependencia a directivos de este medio. Comunicación Social de la SSP contrató los días 20, 22, 24 y 27 de febrero una plana completa cada día sólo en el periódico local Norte de Ciudad Juárez para difundir logros de la Policía Federal en esta frontera, pero prescindió de los espacios de El Diario bajo los argumentos mencionados”.

El presente caso adquiere mayor envergadura debido a que, según lo consigna la reportera, ya había ocurrido una situación semejante en abril de 2011 y en aquel entonces, directivos del periódico se habían entrevistado con el vocero de la Policía Federal, José Ramón Salinas, quien les expresó su opinión acerca de la “dureza” de la línea editorial de El Diario.

La preocupación se ubica en el manejo discrecional de los recursos públicos aplicados en comunicación, que hacen recordar otras épocas –por desgracia no tan lejanas, ni tan retiradas, ni ausentes– en las que los “premios” gubernamentales entregados a los medios de comunicación eran los que dictaban la línea editorial de los medios. Es decir, el manejo patrimonialista del presupuesto para decidir acerca de lo que se debía informar ú opinar en los medios de comunicación.

Pero, además, en el caso que nos ocupa tal criterio se aplica en medio de la peor racha criminal abatida sobre la entidad –y no solamente en Juárez– en la que el gremio periodístico ha debido arrostrar infinidad de riesgos, y no solamente del lado de la delincuencia.

Por problemas semejantes han pasado otras publicaciones, en particular la revista Proceso, quien “en abril de 2009 presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que se violaron los derechos fundamentales de la revista, entre ellos el de la libertad de expresión”. (Ibídem).

El presidente José López Portillo fue famoso por muchas cosas, y no sólo durante su mandato, también después de él. Una de ellas, recordada la semana anterior por la columna de Los Reporteros, fue la famosa frase de “no pago para que me peguen”, en referencia a que la revista Proceso ejercía un periodismo extraordinariamente crítico y el presidente quería que el pago de la publicidad insertada en el medio le sirviera para impedir que actuara de esa forma.

Por desgracia esa es la tónica de una buena parte de los gobernantes, piensan que el presupuesto de comunicación social no debe ejercerse bajo los mismos patrones –por lo menos los legales– que regulan el ejercicio de los demás rubros del presupuesto gubernamental, y actúan ejerciéndolo como si en él privara la más pura discrecionalidad.

En una época en la que los medios de comunicación impresos transitan por una verdadera crisis existencial (los más poderosos del mundo, en particular los norteamericanos) se encuentran al borde de la quiebra, y al mismo tiempo, por lo menos en México, los distintos niveles de gobierno emplean crecientes sumas para hacerse publicidad, especialmente a partir de la presencia de procesos electorales elevadamente competitivos, la tendencia entre los gobernantes es la de usar el dinero público para promocionarse, a sí mismo o a su partido, a través del ejercicio del presupuesto asignado a Comunicación Social.

Todos aceptamos que el gobierno use parte de sus recursos para promoverse, el problema estriba en que se gasta mucho en publicidad, pero no existe una real política de comunicación social pues esta área se ha empezado a usar como el pago de las facturas por tareas políticas realizadas, o simplemente para abrir el abanico de beneficiarios del erario, sin que exista un beneficio real para la sociedad y sin que se apliquen de racionalidad las directrices en el gasto público para asignar publicidad, tales como la penetración del medio, el estrato en el cual incide y el beneficio social derivado de utilizarlo como un instrumento para hacerle llegar a la sociedad parte de la información pública.

Al abordar este tema, la consejera del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Claudia Alonso, afirmó que “Sobre esta temática se han realizado solicitudes de información a los gobiernos municipales de Cd. Juárez, Chihuahua y Delicias, así como del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Comunicación Social, de la ex Procuraduría General de Justicia del Estado, del Congreso del Estado, del Instituto Estatal Electoral y del Ichitaip”.

“Las autoridades de estas instituciones se resisten a dar respuesta u otorgar de manera suficiente y detallada, por considerar reservada la información relativa o vinculada a la publicidad y propaganda desglosada en cuanto la relación de contratos y gastos por tipo y concepto del gasto, así como el nombre de los proveedores, con importes mensuales y anualizados a cada uno y los documentos que soportan esos gastos”.

Y es que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, todos los contratos de servicios, o de adquisiciones, y en lo general de cualquier operación efectuada con recursos públicos, como es el caso de los contratos o convenios de publicidad, deberán hacerse del conocimiento público, precisamente para que la sociedad esté informada, no solo del monto y modo del gasto de los recursos públicos, sino, también, de los objetivos buscados en el gasto del dinero público.

El problema radica en la conceptualización acerca de la propaganda pública. Mientras el gobierno piensa solo en publicitarse a través de los medios de comunicación, la sociedad deberá estar informada del quehacer gubernamental, de tal modo que la publicidad oficial forme parte del derecho a la información y a la libertad de expresión, pues si el gobierno anuncia determinada obra o programa, está ofreciéndole a la sociedad parte de la información a la que está obligado a otorgarle.

Así que no se trata solamente de cuántos anuncios paga el gobierno (así, en abstracto, pues tales afirmaciones aplican para el total de las dependencias gubernamentales), sino de cuales fueron los objetivos –compatibles con el derecho de información y la rendición de cuentas– buscados con el gasto en determinados medios de comunicación, y que, además, sean tangibles y mensurables, es decir, que se puedan apreciar y medir, tanto los objetivos como los servicios prestados, porque no es novedad asentar que una buena parte del gasto ejercido en comunicación social no puede evaluarse debido a la existencia de ocultas negociaciones y acuerdos para, a sotto voce, desarrollar una política editorial grata a los ojos del gobernante, pero alejada de la realidad.