¿Qué pasó en un año?

El Diario, 6 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
A un año de la masacre de Villas de Salvárcar ¿Qué pasó, en términos del esclarecimiento de esos crímenes y del reclamo efectuado por los representantes de Juárez a Felipe Calderón, en las históricas jornadas posteriores?

En esos aspectos, prácticamente nada, pero en el transcurso de ese año a los chihuahuenses nos pasó de todo; lo sucedido superó, nuevamente, lo acontecido el año anterior.

¿Por qué detenerse en esos hechos si el baño de sangre no sólo continuó sino, incluso, arreció, abarcando al total del territorio estatal?

Por varias razones, la primera fue que la irresponsable inicial declaración de Calderón –fue un pleito entre integrantes de distintos grupos criminales– contraria absolutamente a la realidad, le reveló al país la magnitud de la tragedia y lo endeble de los argumentos oficiales en el sentido que los “malos” se estaban matando entre ellos.

Las características de las víctimas del 30 de enero de 2010 funcionaron como catalizadores de la protesta y hartazgo de la sociedad –y no sólo la juarense– ante la ineficiencia de todos los cuerpos policiacos y militares, en lo que se suponía era el enfrentamiento del Gobierno Federal al crimen organizado.

Luego, ante la magnitud de las protestas, Calderón reaccionó sorpresivamente, acudió a enfrentar (y sólo en la primera ocasión, en las posteriores el aparato oficial funcionó como siempre, escogiendo a los interlocutores y tratando de desechar a los más críticos) los reclamos de quienes pudieron participar en las mesas de trabajo de lo que pomposamente la administración federal denominó “Todos somos Juárez”, en una parodia del lema del actual dirigente estatal del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, cuando fue candidato a la alcaldía, y que hizo recordar el primer ejercicio en ese sentido de cuando una manifestación en el DF se proclamó “Todos somos Marcos”, ante la embestida del gobierno de Zedillo, en febrero de 1995 en contra del EZLN, a pesar de haber pactado una tregua entre ambos.

Sin embargo, ese ejercicio, en el que distintos actores plantearon infinidad de cosas, sirvió para que el Gobierno Federal tuviese de primera mano el sentir de todos los juarenses y la inmejorable oportunidad de elaborar y concretar el más ambicioso de los proyectos en la urbe más castigada por la violencia.

De nada sirvieron, o quizá de algo, pero debemos recordar que el principal reclamo no fue la “reconstrucción del tejido social”, frase con la cual los funcionarios federales adornaron sus discursos y sus iniciales frecuentes visitas a Juárez. El reclamo mayor era –es– los elevados grados de impunidad en esta ciudad, se clamaba justicia, eficiencia de los aparatos policiales para enfrentar a los criminales, todo ello en primer lugar.

Y la lógica –y los especialistas también lo dijeron en todos los tonos– indicaba que lo primero era afrontar la ola de violencia y luego enfilarse a resolver los gravísimos problemas sociales de Juárez.

¿Y qué pasó?

No sólo se incrementaron los asesinatos –y un conjunto de índices delictivos de todo tipo– en Juárez, para conservar nuevamente el título de la ciudad más violenta del mundo, sino que ahora la capital del estado, en ese año de “grandes” preocupaciones federales acerca de la vida de los chihuahuenses, Chihuahua, se convirtió en la quinta urbe más violenta del planeta, pues fue el escenario de otra fase más de agudos enfrentamientos entre los grupos criminales, además del escandaloso incremento de delitos como el del robo de vehículos a mano armada.

Amén del ingreso de Camargo al grupo de los municipios más inseguros del país.

“El año 2010 fue, según cifras oficiales, el más violento en la historia reciente del estado de Chihuahua, el cual concentró el 30 por ciento del total de los homicidios dolosos ocurridos en el país, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal”, y a pesar de poseer esa calidad, durante ese período sólo encarcelaron a mil 694 personas en 2010 (Nota de Alejandro Salmón Aguilera/Corresponsal, El Diario, 28/01/11).

¿Y por qué el mote de más violentas del mundo? Según cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, en Ciudad Juárez se registraron 3 mil 186 homicidios, poco más de 500 por encima del año anterior, con lo que la tasa de homicidios se elevó a la siniestra cifra de 245.07 por cada 100 mil habitantes. A su vez, en Chihuahua hubo mil 261 homicidios, lo que nos llevó a una tasa de 180.14 por cada 100 mil habitantes, cifras que ni por asomo pensamos algún día que podría alcanzar la capital del estado.

Y es que el pasado 12 de enero, el vocero del gabinete de seguridad pública federal, “Alejandro Poiré, dijo que en todo el país ocurrieron 15 mil 273 homicidios durante el año 2010, y de ese total, el 30 por ciento se concentraron en el estado de Chihuahua”.

Si así fuera, a pesar de los indudables diferendos en las cifras de mortalidad, querría decir que esa dependencia acepta que en el estado de Chihuahua ocurrieron 4 mil 581 homicidios, cifra que no concuerda con los datos federales y estatales pues si sumamos los homicidios de Chihuahua y Juárez (3 mil 186 en Juárez, más mil 261 en Chihuahua, sumarían 4 mil 447) lo que significaría que en el resto de la entidad solo se presentaron, según estas cifras, 134 homicidios, algo que ni remotamente soporta la ola violenta sufrida por los chihuahuenses.

A pesar de tales incongruencias, si se tomara como cierta esa cifra significaría que en el estado de Chihuahua la tasa de homicidios llegó a niveles de verdadera monstruosidad –138.81 homicidios por cada 100 mil habitantes– situación que debió llevar a quienes dirigen la administración federal a adoptar medidas de verdadera emergencia, no sólo con motivo de las visitas presidenciales del año anterior.

¡Ah, pero el esquema federal es el de construir estadios y canchas en zonas paupérrimas –que, por supuesto, también se necesitan– y ampliaciones de los programas en curso Pero el tejido social no se reconstruye (o para decirlo mejor, se construye) a partir de la construcción de tales obras o instrumentación de esos programas, sino modificando el entorno social y ese, en Juárez, requiere inversiones multimillonarias y diseños distintos a los ahora aplicados, tomando en cuenta, sobre todo, la ingente experiencia de vastos sectores de la sociedad juarense, la misma que eficiente y diligentemente esbozó en las jornada citadas arriba.

Y si hubiera que refutar la línea oficial, o el pensamiento gubernamental que sustenta tales obras y programas, ahí están las nuevas masacres, acaecidas ¡Oh paradojas de la vida En canchas deportivas, pues tal parece ya les da lo mismo a los ejércitos de sicarios ejecutar a las personas en los bares, que en las canchas, que en cualquier lugar de las urbes chihuahuenses.

Así, los poco más de 3 mil millones de pesos de inversiones federales a derramar en Juárez (cuyo monto verdadero nunca lo supimos) se antojaron insuficientes –y cualquier otra cantidad– si antes no se ponía el acento en el combate a la violencia desatada en la entidad (por supuesto, iniciando en Juárez) pues la impunidad con la que actúan los criminales impedirá la ejecución de cualquier programa relevante en el antiguo Paso del Norte, incluso ahora mismo, ante el anuncio de la puesta en marcha de otro programa de capacitación de policías, aún queda pendiente la promesa de Calderón de enviar a más de 80 agentes del ministerio público federal, prometidos desde el arranque del Operativo Conjunto Chihuahua (A propósito ¿Cuándo murió este mamotreto?)

Quizá por todas las razones anteriores Felipe Calderón decidió no venir a Juárez a dar cuenta de los avances de los programas y obras que él ordenó ejecutar, vamos, ni siquiera el de los vehículos ‘chuecos’, ni el de la declaratoria de emergencia fiscal, a consecuencia de una catástrofe social de la envergadura como la sufrida por los chihuahuenses.

Y probablemente ni siquiera con la desatada por las condiciones climáticas tan adversas de los últimos días, algo en lo que deberemos reflexionar, suponiendo que tal ejercicio sirva de algo en la elaboración y ejecución de acciones gubernamentales, sobre todo federales, que las autoridades de este nivel son quienes administran los recursos necesarios para afrontar una emergencia como la ahora relatada.