¿El mismo espíritu electorero de siempre?

El Diario, 3 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Prácticamente sin advertirlo, seguramente por la dimensión de la matazón juarense, el resto de la entidad se convirtió en una especie de clon de lo acontecido en la mayor de las urbes chihuahuenses a lo largo de la actual administración federal. El baño de sangre asola a todo el territorio estatal, con cifras de escándalo pues las tasas de ejecuciones (importa repetirlo, no contemplan el resto de causales de homicidios), en la mayor parte de los municipios más poblados rondan, o superan los 40 por cada 100 mil habitantes, ubicándose de este modo en los rangos de los países centroamericanos, Colombia, Venezuela y de entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Veracruz.

Pero si lo anterior es elevadamente inquietante, lo sucedido en la capital del estado supera con creces lo anterior. Ahora acompaña a Juárez en los primeros lugares mundiales en la categoría de las más violentas ciudades, y Chihuahua ocupa el quinto lugar, a consecuencia del recrudecimiento de los asesinatos, presumiblemente atribuidos a las disputas del crimen organizado, en la segunda mitad del año anterior, con lo que puede ubicarse en alrededor de 100 personas ejecutadas por cada 100 mil habitante.

Bueno, a pesar de tan siniestra realidad, los diseñadores de las políticas de seguridad pública federal resolvieron que para hacer la distribución de los recursos asignados a los municipios en esa materia, es decir, los recursos del Subsidio de Seguridad para Municipios (Subsemun), tomar en cuenta los datos delictivos del ¡2007

Sí, se leyó bien, el número de homicidios, robos, asaltos a mano armada, etc., decidieron que se distribuirían los recursos con esa base. De ese modo, de los 90 millones de pesos que la administración municipal de Chihuahua esperaba recibir, solamente le adjudicarán 53 (Nota de Alejandro Salmón Aguilera/Corresponsal, El Diario, 2/02/11).

No sólo eso, con base en lo declarado por el alcalde, Marco Adán Quezada, ahora resulta que los índices tomados en cuenta por la Secretaría de Seguridad Pública Federal son los de la cantidad de condenas emitidas y no en el número de eventos delictivos.

Asombra saber que, por el contrario, a más de una decena de municipios mexiquenses, con índices delictivos por debajo de la capital del estado, se les incrementen los recursos (qué bueno), lo cual sucede, también, con más de 15 municipios del estado de Guanajuato ¿Por qué?

¿Será acaso porque la nueva administración municipal de Chihuahua ya no es de origen blanquiazul? No solo enerva sino que pone los pelos de punta llegar a semejante conclusión pues no tiene, en absoluto, repartir recursos federales con esa lógica (que, por supuesto, no la tiene) que sólo atiza la percepción que priva un sentido electorero en la conducción del país y más en un ámbito que debiera permanecer ajeno a tales pretensiones electorales.

Máxime si, como es del dominio generalizado en la ciudad de Chihuahua, a partir de mediados de octubre pasado, se dice, que ahora sí la policía municipal desarrolla tareas de patrullaje en la ciudad, algo que llegó al colmo de que al término de la anterior administración un considerable número de patrullas municipales se quedaron varadas por falta de gasolina.

Con tales antecedentes, es irremediable recordar lo sucedido en Juárez el año anterior, particularmente a partir de la masacre de Villas de Salvárcar, cuando a las visitas presidenciales les sucedieron incontables giras de los funcionarios federales, hasta el grado de que a unos cuantos días de las elecciones estatales, se presentaron cuatro secretarios del gabinete presidencial, después de largas semanas de ausencia y que desaparecieran inmediatamente después de los comicios locales del primer domingo de julio pasado y sólo hasta la cercanía del aniversario de aquella masacre, nuevamente se apersonaron los más altos funcionarios federales, con la honrosa excepción, hasta ahora, de Felipe Calderón

¿Qué pasó, entonces? ¡Ah, es que ahora no hay elecciones