Atentado a la educación

Luis Javier Valero Flores
El decreto emitido por Felipe Calderón, mediante el cual se podrá deducir el Impuesto Sobre la Renta de las colegiaturas que se paguen en la educación privada hasta el nivel medio superior, es un gravísimo atentado a la educación pública, y en general a toda la educación, pues el Estado mexicano tiene una altísima responsabilidad con la educación pública de la cual no puede deslindarse tan a la ligera.

El fisco federal dejará de percibir, según cálculos efectuados por distintas fuentes, alrededor de 13 mil millones de pesos por año. Esa cantidad representa, según lo ha afirmado el rector de la Unam, José Narro Robles, el doble de la cantidad que el año pasado solicitaron los rectores de las universidades públicas para fortalecer la educación impartida ¡en todo el país por esas instituciones

Es de tal magnitud el boquete que se le abrirá a la educación pública, que con la mitad de esa cantidad se podría erradicar el analfabetismo, según los cálculos de Narro Robles, o mejor aún, con los 13 mil millones de pesos podría iniciarse un programa que duplicara para el año 2020 la cobertura en las universidades públicas, (En el ciclo 2008-2009, las instituciones universitarias atendieron a poco más de 2.8 millones de alumnos. Las públicas cubrieron el 67 por ciento de esa matrícula total mientras las privadas cubrieron el otro 33 por ciento) en un país en el que siete de cada 10 jóvenes, –de acuerdo con el rector universitario, aunque otras fuentes la ubican en 4 de cada 10– no tienen posibilidad de acceso a las instituciones de educación superior.

Así, con tal de “cultivar” al electorado que presumiblemente votaría a favor de su partido, las capas medias y medias altas, Felipe Calderón nuevamente hace uso discrecional de los recursos públicos. Más aún, al explicar que las finanzas públicas no sufrirían merma alguna por la deducción del ISR, nos dio a conocer que el origen serían los ahorros realizados por la administración federal, que ascienden a 20 mil millones de pesos.

De ese modo, toda la argumentación esgrimida por el panismo gobernante a favor de la elevación del IVA (del 15 al 16 por ciento) cae por tierra pues cada punto de ese impuesto recaudado equivale a aproximadamente esa última cantidad; o los reiterados aumentos a la gasolina, con los cuales se ha golpeado seriamente a la economía de la mayoría de las familias.

¡Ah, pero la economía mexicana va bien, insisten en afirmar los más altos funcionarios federales Y como va bien, entonces el gobierno federal puede permitirle a las capas sociales más poderosas dejar de pagar impuestos, en momentos en que diversos fenómenos, a cual más de inesperados y perjudiciales golpean a numerosas regiones del país, lo que requeriría la canalización de ingentes recursos económicos para paliar sus efectos.

Pero tal conducta no puede pasar desapercibida por la sociedad mexicana, al discurso de campaña electoral, de bajar los precios de los energéticos y de impulsar una reforma fiscal progresiva nos encontramos con una conducta gubernamental totalmente contraria a tales discursos, justamente a unos cuantos meses del inicio de las actividades de la campaña presidencial del 2012, la que aparentemente se presentará en condiciones inéditas y absolutamente adversas.

Y es en este preciso momento que se deplora la falta de políticas de largo plazo, de Estado, que nos permitan afrontar los variados problemas hoy existentes en la sociedad mexicana.

Uno de ellos, crucial, es el de la educación y el futuro de la juventud y la niñez. Tal como se aprecia, por los resultados de la “guerra” de Calderón y la obstinación en mantenerla en los parámetros hasta ahora usados, no hay previsión alguna sobre el futuro mediato.

Eso es lo que criticó el rector universitario, al insistir en “que es tiempo de tomar decisiones de fondo a mediano y largo plazos en favor de la educación, el conocimiento científico, la investigación y la cultura. Pero ya no basta decirlo, necesitamos hechos concretos”.

No se necesitan más palabras.