Punto de quiebre

El Diario, 20 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Pocos momentos como el actual son determinantes para el rumbo de la vida futura en la entidad. No es una exageración a pesar de lo vivido a lo largo de ya casi tres años de padecer una guerra como la suscitada en Chihuahua.

Los acontecimientos derivados de la muerte de Rubí Frayre, del asesinato de Marisela Escobedo y de su cuñado, han llevado a la crisis total, no solamente al aparato encargado de la procuración, también al de la aplicación de justicia y han puesto en grave riesgo la solidez del total de las instituciones públicas.

En un momento en el que el total de los esfuerzos de la actual administración estatal debiesen estar enfocados al combate al crimen y a la creación de las condiciones que cambien la situación económica, nos hemos enfrascado en un asunto –si bien importante per se– que nos ha llevado a la polémica, a la controversia y al alejamiento, por lo menos en la forma, hasta ahora, del marco legal establecido.

Digámoslo claramente, las posturas firmes y las declaraciones tajantes de los funcionarios públicos, especialmente del primer mandatario estatal, para hacerle frente a los delincuentes, especialmente a los del crimen organizado, son bien recibidas, pero hay asuntos que escapan de la esfera de sus facultades y funciones.

Con motivo del juicio seguido a Sergio Barraza hemos escuchado que desde las alturas del Poder Ejecutivo en la práctica se sentencia y se castiga, cuando en los hechos, ni el juicio político, ni la sentencia a Barraza son cosa juzgada.

Es entendible que se pretenda hacer eco del justo reclamo de una sociedad tan agraviada como la nuestra, pero ahí es en donde los estadistas deberán hacer su tarea y señalar el camino, dentro del Estado de Derecho, para no incitar a los linchamientos, así sean mediáticos, ni concitar la violación de la frágil división de poderes.

Más aún, en momentos como los actuales, el principal responsable de la conducción de la administración, más que nunca, y más que todos, deberá encontrar el tiempo necesario para reflexionar frecuentemente sobre la problemática cotidiana y allegarse opiniones, (más allá de las del equipo cercano) y sobre todo las más críticas, las más alejadas de quienes lo acompañan diariamente, si se quiere no para que las tome en cuenta pero sí para que le permita hacer distintas evaluaciones y lanzar, por tanto, a la sociedad los mensajes más mesurados, más equilibrados posibles, pues las condiciones sicológicas de los chihuahuenses no son precisamente las mejores.

Los acontecimientos de los últimos tres años han llevado a la sociedad chihuahuense a vivir en permanente zozobra. La posibilidad de un asalto o de presenciar disparos en la calle son cada vez más cercanas y eso ha hecho que la mayoría de las personas se encuentren en un estado de labilidad emocional muy crecido.

Por desgracia, el asunto del asesinato de Rubí Frayre ha venido a develar la podredumbre de las instituciones. La manera en que se ha abordado por parte de las máximas autoridades estatales no parece ser la mejor.

¿Son los jueces, que encontraron inocente a Sergio Barraza, responsables de las múltiples fallas de los seis agentes del ministerio público que llevaron el caso? ¿Son los culpables de haber aplicado la ley, la misma que fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado?

¿De veras es el abogado Joel Meneses, defensor público, y en este caso de Sergio Barraza, el funcionario corrupto sobre el cual deberá recaer todo el peso de la ley sólo porque hizo lo que debió efectuar meses atrás, es decir, solicitar el amparo a favor de su defendido?

¿Por qué el rasgamiento de vestiduras y las declaraciones tronantes en su contra? ¿Porque la justicia federal puede otorgarle el amparo a Barraza, con lo cual quedaría demostrado, no solamente que los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez emitieron su veredicto de manera correcta, sino que el Ministerio Público falló? ¿Y que, por tanto, el Tribunal de Casación –que encontró culpable a Barraza– se equivocó, por acatar la consigna de enmendar lo efectuado por los jueces?

¿Y que, además, estuvo mal enfocar las baterías en contra de esos jueces, pues hasta el momento del asesinato de Marisela Escobedo, Sergio Barraza era legalmente culpable, se encontraba prófugo y las protestas de Marisela ya no eran tanto contra los jueces sino contra la ineficacia del aparato policial para ubicarlo y detenerlo, como ya había sucedido?

Lanzada la ofensiva en contra de los jueces, los amparos solicitados por éstos, y otorgados provisionalmente, han develado un rasgo inesperado en la nueva administración estatal, la de no aceptar que pueden existir determinaciones contrarias a sus deseos y opiniones y, por tanto, adelantar opiniones contrarias a las que está obligado quien debe preservar el Estado de Derecho.

Y esas declaraciones motivan otras igualmente lamentables, como las expresadas a lo largo de toda la semana por Jorge Neaves, titular de la Defensoría Pública, oficina, paradójicamente dependiente de la Secretaría de Gobierno, quien prácticamente linchó al defensor Joel Meneses por hacer exactamente para lo que fue contratado.

Tales afirmaciones concitaron el rechazo de numerosos sectores, que demostraron palmariamente que la agenda gubernamental se encuentra lejana de los problemas por los que atraviesa la entidad, o que la priorización de los asuntos está equivocada, pues ante las múltiples declaraciones gubernamentales en contra de los jueces y del abogado Meneses empezaron a descollar las que cuestionan la nulidad oficial para encontrar a los asesinos de todos los caídos en este asunto y las que muestran su preocupación ante los crecientes grados de intolerancia en el ámbito oficial.

Además, casos como el ahora comentado pusieron de relieve la grave equivocación de los autores del nuevo Sistema de Justicia Penal al sacar del Poder Judicial a los defensores públicos. De ese modo, ahora resulta que el Poder Ejecutivo es el jefe superior de los fiscales, encargados de llevar la acusación en contra de los indiciados, y es el jefe superior de los defensores públicos, es decir, quienes deben defender a los presuntos responsables de las acusaciones de los fiscales.

Así, como en el presente caso, el Ejecutivo puede determinar la conducta de ambas figuras en un proceso penal. Prevaricato le dicen en los medios judiciales cuando un abogado representa a las dos partes de un juicio. No se puede.

Más aún, el esclarecimiento del presente caso –y sólo para los efectos de la actuación de los jueces, que no para la impartición de justicia pues las muertes de Rubí y de Marisela, así como la desintegración de su familia son hechos irremediables– pudo servir para delimitar responsabilidades de un sinfín de funcionarios, empezando por los de la extinta Procuraduría General de Justicia, es decir, los agentes del Ministerio Público y sus jefes inmediatos, que no fueron capaces de allegar las pruebas y evidencias del modo que señalaba la nueva ley y a quienes, todavía hoy, no se sabe del inicio de investigación alguna para deslindar sus responsabilidades y que la presentación del amparo por Meneses sí llevaría a que este caso quedara como cosa juzgada, en cualquiera de sus términos.

Como lo dice Maclovio Murillo, el abogado defensor de los jueces, en la carta dirigida a refutar las aseveraciones de la columna Ráfagas de El Heraldo de Chihuahua: “La resolución del juicio de amparo, someterá al escrutinio constitucional la sentencia condenatoria dictada contra (Sergio) Barraza Bocanegra, para determinar si la misma es o no violatoria de garantías. Y en caso de que sea concedido el amparo, sí apoyaría lo argumentado por los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, en cuanto a que es correcta la absolución, pero si contrariamente a eso, es negado, independientemente de que ese hecho por sí solo no desarticula ni anula totalmente los argumentos defensivos de éstos, sí causaría por lo menos un impacto negativo en la percepción social y en los medios de comunicación, porque se aprovecharía la circunstancia para argumentar que eso confirma que los jueces actuaron ilegalmente, al dictar la tan cuestionada sentencia absolutoria. Es decir, la resolución de ese amparo, impone un riesgo compartido, para ambas partes en conflicto”.

De ese tamaño son las consecuencias de un proceso emblemático como el que más de la gravísima crisis de las instituciones, especialmente las dedicadas a la procuración y aplicación de la justicia.

PD.- Fanfarrias para Mirna Pastrana por haber obtenido el Premio Testimonio “Carlos Montemayor”, por su trabajo “Cuando las banquetas fueron nuestras”. Un abrazote.