Transparencia, compromisos y avances

El Diario, 30 de mayo de 2010
Luis Javier Valero Flores
Como en toda campaña electoral, a pesar de la gravísima crisis de credibilidad sufrida por los partidos, las esperanzas se renuevan en una parte de la población; la de ahora no es la excepción aunque seguramente no son tantos, como en ocasiones anteriores, los involucrados en las actividades electorales, ni tantos participan de la euforia de los simpatizantes de los candidatos.
Seguramente porque las campañas electorales ocupan parte importante de la atención de los medios de comunicación y porque la crisis de seguridad pública todos los días nos ofrece nuevas cifras aterradoras, la aprobación del Congreso del Estado de importantísimas reformas a la ley de transparencia y acceso a la información pasó casi inadvertida.
Más aún, preocupados en hacer prevalecer sus propuestas en seguridad pública, el debate desatado por el pago de la tenencia, o las propuestas de desarrollo económico enarboladas de distinta manera y alcance por los dos principales candidatos, el tema del compromiso con la transparencia y el respeto al derecho del acceso a la información pública no ha pasado por las preocupaciones de Carlos Borruel, César Duarte y Luis Adolfo Orozco.
Y necesitan pronunciarse en ese sentido porque, no sólo en Chihuahua, estamos inmersos en una preocupante tendencia de la clase política a la opacidad gubernamental. Olímpicamente, funcionarios de todos los niveles y de todos los partidos, en cada vez mayor medida se resisten a otorgarles a los ciudadanos la información solicitada.
El sexenio de Reyes Baeza inició con grandes expectativas en materia del derecho al acceso a la información pública, sus expresiones en la campaña electoral les dieron amplísimo sustento; eran los tiempos en que esa tendencia transparentadora cruzaba el territorio nacional. En la parte final del sexenio de Patricio Martínez, diversos protagonistas de la sociedad chihuahuense intentaron, sin éxito, que esa administración legislara en aquel sentido.
Al inicio de la actual administración se advirtieron avances. En las discusiones previas se advirtió que existía efectivamente, en el grupo gobernante, la intención de aprobar una regulación, la primera, sobre el derecho de los chihuahuenses al acceso a la información pública y que la transparencia en el uso y ejercicio de los recursos públicos y la administración pública era requisito ineludible para los gobernantes y quienes los reciben.
Esta postura, y la de modificar el método de designación del titular de la Procuraduría General de Justicia, concitaron no pocas simpatías entre quienes pensaban en que la construcción de semejantes herramientas legislativas van en el sentido de conformar un régimen más democrático.
Luego, la aprobación de la ley, una de las mejores en el ámbito nacional, superior en algunos de sus alcances a las de entidades que se habían significado por su impulso inicial, a la aprobación de leyes no solamente locales sino, incluso, la federal. Ese impulso inicial sirvió para que se disculparan algunas carencias, entre ellas la de que no se obligaba a los servidores públicos a transparentar sus ingresos y bienes personales –en este caso se agradece ese gesto al candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua, Marco Adán Quezada, de dar a conocer su patrimonio personal– ni, por ejemplo, la obligación de dar a conocer, con detalle, los gastos efectuados por los legisladores en los no pocos viajes que efectúan.
Se disculparon tales carencias y defectos, se vivían los primeros momentos en que una nueva administración llegaba y cuyas características –las de Reyes Baeza– se agradecían frente a los excesos sufridos en la dos inmediatas anteriores –incluida la de Francisco Barrio– y por la ríspida confrontación política que había vivido el estado.
Pero en la conformación del Consejo del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y la casi inmediata aprobación de su reglamento se pudo apreciar lo que significaron claros retrocesos. El reparto de consejeros obedeció a la persistente práctica del reparto por cuotas partidarias y el reglamento volvió nugatorios varios de los avances más importantes de la nueva ley.
El ejercicio del Ichitaip confirmó lo que entonces eran solamente presagios. Para hacer válido el derecho a la información pública eran necesarias varias premisas, entre ellas la inmediatez, la accesabilidad y la agilidad del trámite.
Más. Era necesario que cualquier ciudadano, sin necesidad de recurrir a los farragosos procedimientos judiciales, tuviera garantizado dicho derecho, para lo cual era necesario que las autoridades tuvieran presente, como primer concepto, que toda la información pública en sus manos, es precisamente eso, pública.
Elemento central de la vigencia de tal derecho era, por otra parte, la inmediatez, de ese modo, la ley estableció que el Ichitaip tenía 30 días para resolver la inconformidad de un ciudadano al que alguna dependencia le hubiese negado la información solicitada.
La tendencia de la actuación del Ichitaip era en sentido contrario, no sólo al de la ley, sino al de la esperable mejoría en ella, conforme mejor conociesen la materia, se suponía, acelerarían la resolución de los asuntos.
Un estudio realizado por la consejera Claudia Alonso Pesado demuestra fehacientemente tal tendencia. En el 2007, el promedio para la resolución de los recursos presentados por los ciudadanos fue de 29.6 días; al año siguiente, 34 y en 2009, 42 días.
No puede alegarse que tal retraso tuviese que ver con las cargas de trabajo pues en el primer año los recursos de revisión (que tal es el nombre de los recursos presentados por los ciudadanos ante la negativa a entregarles información pública) fueron 100 y el año pasado, 99.
Pero en el curso de los dos últimos años del anterior Consejo General del Ichitaip las tendencias regresivas no se circunscribieron a tal aspecto, en numerosas ocasiones los entes obligados no se negaban a entregar la información solicitada sino que, decían, sería entregada en sus oficinas en la ciudad de Chihuahua. Al quejarse los ciudadanos de tal negativa, en muchísimas ocasiones el Ichitaip falló a favor del ente obligado.
De ese modo, un ciudadano de, digamos, Batopilas, que hubiese solicitado el número de funcionarios de la Secretaría de Finanzas, lo obligaban a acudir a la ciudad de Chihuahua a recibir tal información.
Pero hete aquí que el 7 de mayo pasado el Congreso del Estado aprobó, por unanimidad, varias reformas a la ley de transparencia entre las cuales enumeramos que en adelante las sanciones a los entes obligados, responsables de haber violado lo contenido en esa ley, podrán hacerse acreedores de multas de 150 a 1,500 veces el salario mínimo y dejará, según sea el caso, de “recibir recursos públicos o ejercer la función pública por un lapso de seis a doce meses”. Si transcurrido ese tiempo no ha cumplido con la resolución del Ichitaip, no podrá recibir los recursos públicos ni ejercer la función pública.
Otro aspecto no menor es la aprobación que en adelante, si la “solicitud de aclaración no contiene todos los datos requeridos, el Sujeto Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare”. El beneficio de tal reforma consiste en que en el pasado, si alguna solicitud no contenía alguno de los datos, era desechada de inmediato.
Y acaso las más importantes, la del artículo 72 aprobado establece que si el Ichitaip no resuelve en el plazo de 30 días, se considerará una falta grave, la que puede llevar (eso no lo dice esta ley, sino la de responsabilidades de los funcionarios públicos) a la destitución; y la que modificó el artículo 77, la cual establece que ahora la notificación, si la solicitud se hizo vía electrónica, se hará por la misma vía y el ente obligado deberá demostrar contundentemente que lo hizo.
Finalmente, y no es asunto menor, el Congreso aprobó que el artículo 78 garantizase que “durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del recurrente”, esto es que si la queja contuviese deficiencias técnicas, el Ichitaip está obligado a suplir tal deficiencia en la queja.
Todo muy bien, sólo que hasta estas fechas el gobernador del Estado aún no ha publicado las reformas en el Periódico Oficial y el plazo para efectuar observaciones, si las tuviese, vence el 7 de junio y si no las presenta entonces, indefectiblemente, deberá publicarlas a más tardar el 17 de junio.
Hacerlo, sería actuar con la congruencia necesaria para el fortalecimiento de la transparencia en Chihuahua, algo que deberíamos esperar, también, de quienes aspiran a suceder a Reyes Baeza.