Acotamiento al presidencialismo

El Diario, 29 de abril de 2010
Luis Javier Valero Flores
Deberá ser objeto de un mejor y más detenido análisis, pero a vuelo de pájaro y con las primeras informaciones a la mano, podemos concluir que las reformas legales aprobadas el martes por el Senado, referentes a las facultades del ejército y el acotamiento a sus funciones, pero sobre todo a las presidenciales en el uso de las fuerzas armadas son un innegable avance en el desmantelamiento del viejo orden de cosas.
La ley de seguridad nacional, aprobada por el senado le pondrá límites a la participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, elevará las penas a los militares que se involucren en estos delitos y restringirá severamente la discrecionalidad con la que el Presidente de la República usaba al ejército en distintos eventos, especialmente la represión a las movilizaciones sociales. Sin embargo, no modificaron las actuales leyes militares a fin de que quedara inscrito, de manera clara y contundente que los militares involucrados en hechos delictivos en los que participaran civiles fuesen juzgados por tribunales civiles y no militares, como ahora pretenden la jerarquía militar y Calderón se haga.
No pueden tocarse a vuelo totalmente las campanas, quedan resquicios que deberán ser minuciosamente abordados y, ojalá, desaparecidos en la revisión a realizarse por la Cámara de Diputados.
No podían pasar impunes los numerosos hechos en los que, no sólo existía la presunción de la comisión de delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, sino que hay evidencias plenas, concretas de ello, derivadas del uso que la actual administración federal ha hecho del ejército en el combate al narcotráfico y en la famosa “guerra” de Felipe Calderón contra los cárteles del mismo.
Lo que el senado aprobó constituye un formidable revés a las pretensiones de Calderón y de una parte del ejército, por reforzar los márgenes de discrecionalidad con los cuales se ha evitado que se aplicaran las sanciones legales a quienes incurrieron en excesos y delitos, bajo el manto del uniforme militar y que han constituido serios atentados a la legalidad vigente y contribuido grandemente al crecimiento del rechazo que existía al ejército, antes de la entrada en vigor de la Operación México, y que ahora, envuelto el país en un mar de sangre e impunidad, viene a corroborar el total fracaso de tales acciones y el tremendo error de afrontar tal fenómeno delictivo sin previsión alguna, de ningún tipo.
Son tantas las denuncias de los abusos cometidos por elementos del ejército que el acotamiento de las facultades presidenciales, a fin de evitar el uso del instituto armado, para lanzarlo contra manifestaciones y movimientos sociales sobrevino casi de manera automática y poner fin, de este modo, a una larga historia de hechos en los cuales los poderes políticos los lanzaron en contra de sus opositores sociales.
Del mismo modo, al imponer una serie de restricciones y requisitos en la autorización de elementos de las fuerzas armadas en tareas policíacas, es un sonoro mentís a los propósitos de Felipe Calderón quien pretendía que con tan solo la declaratoria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y previo examen de la Presidencia de la República, se podía hacer uso del ejército en tareas policiacas. Pues no, así no puede ser en un país medianamente democrático.
De este modo, para usar al ejército en tareas policiacas deberá declararse la existencia de graves desórdenes a la seguridad interior y esa participación sólo podrá efectuarse a petición de los mandatarios estatales, aprobación del Consejo Nacional y mediante la revisión de la Cámara de Senadores. Además, deberá especificarse el tiempo que permanecerán en aquella calidad las fuerzas armadas.
Tales conclusiones constituyen un claro reforzamiento de la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar, por lo menos en el papel.
Más aún, el Ejército no podrá ser llamado si la declaratoria de afectación a la seguridad nacional tiene origen en resoluciones administrativas o laborales; ni mucho menos en conflictos sociales o de carácter político-electoral.
Las modificaciones tendrán efectos inmediatos, una vez aprobada por la Cámara de Diputados, y los procedimientos señalados en la nueva ley deberán ser acatados por las autoridades ahora inmersas en la Operación México.
Bueno, por lo menos una noticia medianamente buena, pero de ahí a su aplicación esperamos que no medie, como en otras legislaciones, un mundo de distancia.
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