Judicialización electoral

El Diario, 20 de mayo de 2010
Luis Javier Valero
No son pocas las voces en los medios de comunicación preocupadas por el número “tan grande” de denuncias que los partidos han presentado y presentarán ante las instancias electorales.
Los argumentos son extremadamente variados, van desde la impugnación por la instalación de espectaculares antes del inicio de las campañas electorales, por la colocación de pendones fuera de las regulaciones municipales, por frases colocadas en los espectaculares que son, dicen los quejosos, “guerra sucia”, por la emisión de spots fuera de los parámetros estatales y federales, etc.
¿Debemos preocuparnos de tal giro otorgado a las campañas electorales por los partidos?
Sí y no.
Por un lado, las actitudes, posturas y acciones de los partidos y sus candidatos demuestran cuán poco respeto les merece la legislación aprobada por ellos, le da la razón a la vieja conseja popular consistente en que “la ley se hizo para violarla” y con ello envían un pobre mensaje a la ciudadanía pues muestran lo endeble que es la cultura de la legalidad.
¿Cómo le piden a la ciudadanía que respeten el “Estado de Derecho” si los procesos usados por ellos están plagados de triquiñuelas –chicanadas, dicen los abogados– para evadir o eludir el marco legal electoral?
Incapaces de afrontar seriamente el gravísimo problema de la incidencia de los poderes fácticos en los procesos electorales, la clase política no tuvo los arrestos necesarios (por supuesto los cívicos) para prohibir por entero la propaganda política en los medios electrónicos de comunicación y la prohibición absoluta a la difusión de la obra gubernamental en los tiempos electorales.
A cambio, en la más vergonzosa concesión, aprobaron otorgarle a los partidos una parte de los tiempos gubernamentales en todas y cada una de las estaciones y en la propaganda gubernamental dejaron como excepciones la difusión de lo relacionado con la salud, la educación y prevención social.
En el primer caso, la regulación electoral no contempló que en los tiempos otorgados a los partidos se privilegiaran los programas de verdadera difusión y cultura electoral y democrática y en cambio se perpetuó el formato de los spots cansinos y repetitivos de los partidos, en lugar, por ejemplo de elevar los debates, los paneles y las mesas de discusión.
Tan pobre concepción de respeto a la legalidad es la razón fundamental de la presentación del exagerado número de denuncias de los partidos pues se trata de evadir a como dé lugar la ley.
Así, en días pasados El Diario (Nota de Gabriela Minjáres, 11/V/10) informó de la guerra sostenida por los dos partidos mayoritarios en Chihuahua a través de “anuncios en radio, televisión, panorámicos y desplegados en periódicos la implementación de programas con impacto social en esta frontera en el contexto del plan ‘Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad” y llegaron al extremo de promover, cada uno por separado, el Seguro Popular como el programa que otorga “servicios de calidad gratuitos”, en el caso del Gobierno Federal, en tanto que el Gobierno del Estado difunde que es “operado por chihuahuenses capacitados”.
Más aún, la administración federal llega al extremo, ilegal por lo demás, de incluir el logotipo del Gobierno Federal, en tanto que los anuncios estatales “contienen el logotipo de la Secretaría Estatal de Salud y se identifica como ‘Seguro Popular Estatal”.
Creció tanto el problema, y lo que puede crecer con casi medio país inmerso en este año en procesos electorales, que de plano el IFE resolvió, en una de las muy contadas resoluciones atinadas, suspender “como medida cautelar la difusión de dos promocionales del gobierno federal en 13 estados del país donde se llevan a cabo campañas electorales locales”.
De ahí que lo ventajoso de la actual campaña electoral sea que ahora pueden y deben a los tribunales electorales y ahí se determinan los resultados electorales y todos lo deben acatar.
Y luego se quejan de que la impunidad es imbatible ¿Por dónde deberíamos de empezar a combatirla?
Por supuesto que con la clase política, pero no sólo, recordemos que los más poderosos hombres de negocios son, a su vez, importantes accionistas de las más extensas e influyentes cadenas de radio y televisión que con la mano en la cintura determinan no sólo lo que se informa, sino cuándo sí se informa y cuándo no.