El Ejército a los cuarteles

Luis Javier Valero Flores
El Diario, 16 de mayo de 2010
Ya no es una opinión derivada solamente de las concepciones personales, es una necesidad, y no solamente en Chihuahua, en el país. El último de los “incidentes” en los que elementos de las fuerzas armadas cometen un “accidente”, o que se ven afectados civiles por las acciones militares, reviste la mayor de las gravedades.
Debemos repetirlo hasta el cansancio, todas las agresiones, todas las muertes son execrables, pero unas lo son más que otras, por el peso específico de quienes las sufren y por las responsabilidades individuales de las víctimas para con la sociedad.
Por ello importa deplorar el ataque sufrido por el convoy del candidato del PRI al Gobierno del Estado, César Duarte. Uno de los vehículos –o varios– recibió, o recibieron, uno o más disparos salidos del arma de un militar que, hasta el momento de redactar la presente colaboración las autoridades militares no habían, ni siquiera, informado quién había sido el autor de ese disparo(s).
Es decir, la persona que en estos momentos aparece con más probabilidades de asumir la gubernatura (por el resultado de las últimas encuestas conocidas públicamente) y por consecuencia la dirigencia formal de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), resultó ser la víctima del “accidente” de ahora, cometido por un militar (¿Fue un elemento nada más?).
Tal incidente debiera llevarnos a plantearnos con toda seriedad, la que la situación reclama, el relevo del ejército de todas las funciones policiales asumidas hasta ahora y delimitarlo a los ámbitos expresamente señalados por el actual marco legal.
Tal planteamiento va en sentido absolutamente contrario a lo deseado por la actual administración federal; en lugar de otorgarle más facultades a las fuerzas armadas lo que urge es señalar límites para su involucramiento en tareas que debieran ser, estrictamente, de civiles.
El incidente retrata nítidamente la necesidad de regresar a los militares a los cuarteles. No solamente por el incidente, que si fuera uno aislado no serviría para obtener conclusión alguna, pero si al más reciente le sumamos los sucedidos en otras zonas del país a lo largo de los últimos cuatro años, y los sufridos por numerosos juarenses, entre ellos hasta el de nuestros compañeros periodistas (apenas una semana atrás dimos cuenta de nuestro repudio a la agresión y amenazas sufrida a manos de militares por los periodistas de El Diario, Lucy Sosa y Mario Bañuelos), amén de las miles de quejas presentadas en el último trienio, que van a la par del evidente fracaso de la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico.
Ayer, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, un convoy de tres vehículos se aproximaba al aeropuerto de la ciudad de Chihuahua. En uno de ellos viajaba el candidato priísta acompañado del ex secretario de Salud, Jesús Kumate. Luego, de acuerdo con las versiones del propio candidato y de sus colaboradores, de improviso oyeron varios disparos y dos de los vehículos presentaron orificios de disparo de balas.
Los disparos provinieron de dos unidades militares en las que se encontraban varios elementos. Repuestos del susto, los funcionarios de la campaña de Duarte se enfrascaron en una discusión con los militares pues estos, en un episodio más de la altanería y la ilegalidad con la que se comportan, intentaban llevarse los dos vehículos rafagueados. ¿Por qué? ¿Quién les dio esa facultad? ¿Acaso son peritos en balística? ¿O pretendían, como tanto se ha denunciado en Juárez, borrar las evidencias?
Y en lugar de que encontráramos una versión oficial, es decir, del Ejército, nos encontramos una versión del vocero de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh), Enrique Torres, quien nos informa que a uno de los militares se le disparó su arma automática por accidente. Ya casi nos dicen que “se le chispoteó” y que, además, el Gral. Felipe de Jesús Espitia “ya se comunicó con el candidato César Duarte”. ¡Magnífico, podemos pasar al descanso y al relajamiento, no debemos preocuparnos por un incidente menor, total, nadie salió herido!
Pero en lugar de informar de frente, claramente, nos encontramos una actitud contraria a la más elemental lógica democrática y se esconde la información; vamos, todavía a esta hora no sabemos si fue solamente un disparo o una ráfaga.
Las autoridades –de todo tipo– involucradas en la ejecución de la OCCh debieran informarnos, informarle al Congreso del Estado, instancia legalmente facultada para hacerlo, acerca de los beneficios obtenidos por la ciudadanía de la participación de las fuerzas armadas en el actual “combate” al narco; deben hacer un balance mesurado, real, acerca de la utilidad de la llegada a Chihuahua de las fuerzas armadas y si su participación sirvió para detener las consecuencias violentas del tráfico de drogas y de la disputa sostenida por los cárteles, que hoy sostienen tan cruento enfrentamiento, causante de la muerte de más de 6 mil personas en tan solo dos años y dos meses de vigencia de la OCCh.
Y se trata de efectuar un balance, no de escuchar de nuestros políticos las consabidas frases de elogio y reconocimiento a las fuerzas armadas; no, debemos efectuar una revisión, con las armas de la democracia moderna, para concluir si fue adecuado o no involucrar al ejército en esta tarea.
A la luz de los hechos, está más que claro el auténtico fracaso, no del ejército, sino de los civiles que lo lanzaron a una aventura, (Calderón dixit – No había una idea precisa de las dimensiones [del narco]) pues ahora sí ya sabemos, fuera de toda duda, que las fuerzas armadas están preparadas para el combate, para la guerra pues, contra los enemigos “internos” y externos, siempre y cuando éstos y aquellos estén organizados en un ejército y no para combatir a los criminales y, además, preservar el orden y la legalidad vigentes.
Digámoslo claramente, los militares están preparados para eliminar al enemigo, de ahí la prestancia con la que suelen disparar pues su entrenamiento no está dirigido a prevenir el delito ni a detener a los delincuentes y si un convoy, a sus ojos, es sospechoso, pone nervioso a más de uno de sus integrantes, no de otra manera podemos entender que un militar, como dijo el vocero de la OCCh, se le haya soltado un balazo al estar manipulando su arma.
Y la evidencia del fracaso del uso de las fuerzas armadas la obtenemos no solamente de nuestra percepción, el mismo gobierno federal ha concedido en tal sentido. No de otra forma debemos valorar el hecho que ahora la OCCh está dirigida y operada por la policía federal (que al fin de cuentas son militares también), con todas sus ventajas y sus aún mayores desventajas, dados los numerosos incidentes que ya forman parte de la cotidianidad de la vida chihuahuense.
Ahora, con los últimos incidentes, particularmente el suscitado anteayer en Juárez cuando, después de que unos policías federales fueran atacados en calles de esta ciudad, varios elementos se dedicaron a catear casas, obviamente sin la respectiva orden, a causar daños y a, según versiones de personas afectadas, robar dinero y objetos domésticos, ¿qué diferencia hay con las permanentes denuncias públicas levantadas por numerosos habitantes del Valle de Juárez –entre ellas, y de destacada manera las sostenidas por la ex regidora perredista de Guadalupe Distrito Bravos, Josefina Reyes, cuyo asesinato permanece aún, al igual que la gran mayoría de los presentados en este período, impune– por los numerosos atropellos cometidos por elementos militares?
Y en las explicaciones ofrecidas a los medios de comunicación tampoco hay diferencia –bueno, sí, los polifederales hablan más– pues en su concepción el mal se encuentra en la sociedad. Así, el vocero de la Policía Federal, José Ramón Salinas Frías, justificó los cateos ilegales pues “buscaban a un grupo de hombres armados” y se quejó porque “la ciudadanía no coopera”.
O sea, se da un enfrentamiento armado, la gente corre a esconderse en sus casas, atemorizada y luego, como si fuera poco, sus casas son violentadas ¡¡por las fuerzas del orden!! y todavía se quejan los voceros policiales de falta de cooperación de los juarenses.
No es todo, y a pesar de las múltiples evidencias (El Diario publicó numerosas fotos) el funcionario adujo que debían presentar una denuncia oficial, pues de lo contrario “suena a chisme”. (Nota de Blanca Carmona, El Diario 14/V/10).
Así, por si lo necesitáramos, este nuevo incidente no vino más que a soliviantar aún más los ánimos electorales, pues el dirigente del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, calificó de “espectáculo” las declaraciones de Duarte quien, obviamente, descargó sus baterías contra el gobierno federal pues al “incidente” le sumó la nada despreciable y extrañísima actividad de numerosos funcionarios federales en el antiguo Paso del Norte.
¿Será porque estamos en campaña electoral? N’ombre, mal pensado que es usté.