¡Qué respetuosos!

El Diario, 28 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
 Caro estamos pagando haber iniciado una ofensiva en contra del crimen organizado, del modo concebido por Felipe Calderón, como lo explicó hasta la saciedad el ex comandante de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, quien fuera uno de los primeros en argumentar sólidamente que se había enviado a tales operaciones a los contingentes policiacos y militares sin idea alguna de los objetivos a alcanzar, sin las herramientas de inteligencia necesarias para afrontar a las bandas del tráfico de drogas, sin las armas necesarias y sin que los elementos lanzados tuvieran el mínimo conocimiento del terreno que pisarían, algo que es materia prima de cualquier ejército lanzado a la guerra, cualquiera que ésta fuera.

Hoy, Herrera Valles sufre en carne propia tal atrevimiento, está preso, acusado de estar involucrado en el crimen organizado, después de haberse desempeñado como jefe operativo de las primeras acciones de la Operación México en Michoacán, al inicio del sexenio.

Por desgracia no es la única víctima de estrategia tan equivocada. Usar al ejército tenía como riesgos posibles la violación del marco legal, la pérdida de la confianza popular en el ejército y el fracaso de tal operación.

Todo eso ha ocurrido. Lo más lamentable es la pronunciada pendiente a la que se lanzó la seguridad pública. Siendo deplorable todo lo anterior, cada cierto tiempo, desgraciadamente con mayor frecuencia de la deseada, se están presentando diversos incidentes paradigmáticos de los excesos a los cuales podemos caer si no se ponen límites a las conductas violatorias de las leyes, por parte de quienes fueron sacados de los cuarteles para, precisamente, resguardarlas.

Los incidentes de la última semana son muestra vívida de tal aserto. Los dos ocurridos en el área metropolitana de Monterrey son contundentes. El asesinato –y posible tortura de uno de los jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey (institución orgullo de la clase empresarial regiomontana)– a manos de soldados del Ejército Mexicano y el asesinato extrajudicial de un presunto delincuente, grabado con vida por cámaras fotográficas y de video antes de abordar un helicóptero, no admiten explicación alguna, son excesos violatorios de la ley. Sin embargo, ante las evidencias, los gobernantes federales insisten, a como dé lugar, en defender a los elementos de las fuerzas armadas presuntamente responsables de tales hechos.

Y si allá sucedieron hechos tan deleznables, lo ocurrido en Chihuahua el domingo anterior, en las instalaciones de la Comandancia Norte de la policía municipal, cuando un soldado encañonó a un reportero gráfico, exigiéndole que no tomara fotos para a continuación increparlo y tratar de borrar las imágenes obtenidas, no tiene nombre.

Y si eso es lamentable, las explicaciones ofrecidas por el Gral. Felipe de Jesús Espitia son un monumento a la impunidad, la opacidad y el autoritarismo. Negó que se dieran los hechos tal y como lo había informado El Diario (versión ciudad de Chihuahua, 24/III/10).

La portada del matutino muestra la fotografía del soldado dirigiéndose a nuestro compañero, encañonándolo con el rifle y una mirada muy resuelta.

Ante esa información, el Gral. Espitia Hernández, le envió una carta al presidente y Director General de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda. En ella afirma que el soldado solicitó “respetuosamente al camarógrafo que evitara el uso de toma de imágenes, en virtud de que afectaban la visibilidad y ponían en riesgo la seguridad del elemento fotografiado y la del personal que era resguardado”, pues el reportero arribó al lugar e “intempestivamente utilizó el flash… por lo que el elemento que aparece en la imagen publicada fue sorprendido por la luz y reaccionó a la alerta visual”.

El jefe militar aduce que el personal militar “se condujo de manera correcta, sin insultar o amenazar al reportero” y acepta que el soldado pidió la cámara e intentó borrar las imágenes.

Sin embargo, un video y más fotos muestran la inexactitud de los dichos del responsable de las fuerzas armadas en el estado de Chihuahua.

Ni hay una actitud respetuosa, ni hay mesura, ni sorpresa en el rostro del militar que encañona al reportero gráfico, armado sólo de su cámara fotográfica, ante la cual el mílite reacciona como si se enfrentara al peor de los enemigos de la sociedad a la que dice resguardar y que, además, como si el reportero esgrimiera una potentísima arma.

Más aún, la petición respetuosa del militar, en la versión de Espitia, es altanera, prepotente, irracional y lesiva a los derechos constitucionales de la sociedad chihuahuense pues el militar le ordena al reportero que no realice su trabajo, como si fotografiar la comandancia policiaca fuera a poner sobre alerta a los sicarios, o que sirviera para mostrarles a los criminales la fachada del edificio y con ello poner en riesgo la seguridad de la central policiaca.

La “respetuosa solicitud” argumentada por Espitia consistió en la siguiente orden: “¡Cuando nosotros te digamos que no tomes fotos, no tienes porque hacerlo!”.

Por si faltaran elementos, ahí está la versión de otro reportero quien reveló que la “sorpresa” del encañonador le duró el trayecto de más de siete metros en los cuales no bajaba su arma, al tiempo que ordenaba no efectuar fotografías, mandato ante el cual el reportero se molestó porque ¿Con base en qué ordenamiento de la vida civil, que se supone aún no perdemos, un militar impide a la prensa efectuar su trabajo?

Y si el jefe de la OCCh miente ante evidencias tan contundentes, en relación a hechos que involucran a periodistas ¿Cómo le vamos a creer en otros episodios?

Tal agresión motivó la publicación de una carta abierta de los trabajadores de El Diario de Chihuahua en el que denunciaron tal atropello y exigieron “garantías y seguridad para el desempeño de nuestro trabajo; exigimos ejercer con toda libertad y responsabilidad nuestro derecho a informar a la ciudadanía lo que está ocurriendo y lo que las autoridades están haciendo para resolver la grave crisis de seguridad por la que atravesamos”.

Del mismo modo se manifestó el Colegio de Periodistas de Chihuahua. Mediante un comunicado, la organización presidida por Valentín Ramírez Llanes, repudió “de manera enérgica” las agresiones físicas y verbales que elementos del Ejército Mexicano hacen en “contra de la ciudadanía y en especial las que atentan en contra de los periodistas que hacemos nuestro trabajo”.

Pero el anterior es sólo uno más de los graves incidentes –así sean aislados, pocos en relación al número de elementos apostados en la entidad, y de los graves riesgos corridos por ellos– que no han tenido un tratamiento adecuado, de frente a la sociedad, la misma que le ha entregado a las fuerzas armadas su confianza, pensando que su actividad era para hacer respetar la ley, de ahí su incorporación a la “guerra” de Calderón.

Un incidente ocurrido en días anteriores mostró los bajos niveles de profesionalización, de violación a las normas vigentes y de la superficialidad con la que los altos mandos policiacos y militares de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh) suelen ventilar ante la sociedad asuntos escabrosos. Pocas semanas atrás, dos militares fueron ejecutados en un centro comercial de la ciudad de Chihuahua. Según la información extraoficial, custodiaban a una persona muy cercana al Gral. Espitia. La sorpresa la constituyó el hecho de que viajaban en un vehículo robado. Ante las explicaciones, en boletín oficial, la dirección de la OCCh informó que ese vehículo se los había asignado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ¡para actividades de inteligencia!

¡Oh, cuánta pulcritud! ¡Cuánto respeto al estado de derecho! ¿No se supone que tales unidades debieran estar resguardadas, en espera de ser entregadas a sus propietarios, resguardadas, dicen, precisamente para evitar que sufran daños.

Y luego, no era un vehículo cualquiera, era una lujosa camioneta Cadillac, modelo 2007, con reporte de robo en el estado de Durango. Puros puntos oscuros. Si la camioneta tenía reporte en aquella entidad ¿Por qué no se envió a las autoridades correspondientes y así pudieran presumir que habían recuperado otro vehículo robado?

Pero, además, la camioneta usaba ¡Placas sobrepuestas!

¡¿Cómo?!

Y eran los que venían a hacer respetar el estado de derecho, en tanto, el baño de sangre continúa sin pausa alguna.