Obesidad y fortunas

El Diario, 23 de marzo de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿Sabe usted en dónde inició su fortuna el desaparecido Carlos Hank González, ícono del priismo nacional, quien dijera que político pobre, era un pobre político?
Inimaginable. En la “tiendita” de la escuela en donde impartía clases de primaria en Santiago Tianguistenco, allá en el Estado de México. Ya luego ingresaría al afamado grupo de Atlacomulco, en donde participaría como alumno del fundador, Isidro Fabela y vería, muy joven, el crecimiento del único integrante de tal grupo que ha llegado a la presidencia de la república, Adolfo López Mateos.
Pero esa es otra historia, la de hoy tiene que ver con el anuncio, muy malo, efectuado por el secretario de Salud del Estado, Octavio Rodrigo Martínez Pérez, quien afirmó que el estado de Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en obesidad infantil, que en nuestra entidad cuatro de cada 10 niños padecen obesidad o sobrepeso y que por cada peso gastado en prevención, “nos ahorraríamos 8 en atención médica por las enfermedades que provocan la obesidad y el sobrepeso”. (Nota de Horacio Carrasco, El Diario, 19/III/03/10).
A tal realidad ha contribuido enormemente el astronómico crecimiento del consumo de los alimentos “chatarra”, que han originado un drástico cambio en los patrones alimenticios, motivado por la insaciable voracidad de las empresas fabricantes de los mismos, por puritita casualidad productoras, también, de los refrescos de cola de mayor venta en el mundo y, también, por casualidad, accionistas importantes de la mayor cadena de televisión en México.
Ante tales cifras, que no son de ahora, uno debería esperar la instrumentación de una serie de medidas, de todo tipo, para desmotivar tales patrones alimenticios. Otra es la realidad.
Ante los distintos intentos por normar la venta de esos alimentos en el interior de las escuelas públicas, siempre se ha respondido con el sambenito de que no se puede prohibir tal venta.
¿Qué impide a las autoridades escolares emitir un reglamento en el que se especifiquen las mercancías que se pueden vender en el “mall” de la escuela? ¿Acaso no existen normas, privadas, en algunos centros comerciales que impiden el establecimiento de giros comerciales no deseados por los impulsores de tales centros?
¿Por qué las autoridades educativas no pueden imponer tales restricciones si finalmente son una especie de concesiones las que permiten el funcionamiento de tales “tienditas”? ¿Será, acaso, porque, como lo planteó el presidente de la Federación Médica de Baja California, Renán González, en el II Simposio Internacional de Obesidad y Diabetes, celebrado en Juárez en abril del año pasado, “que a los directivos de las escuelas no les conviene retirar los puestos porque con la renta de éstos logran ganancias para llevar a cabo mejoras en las escuelas”? (Nota de Pedro Sánchez Briones, 20/IV/09).
En esa orientación, ante la posibilidad de aprobar la Ley para la Prevención y Erradicación de la Obesidad, que contempla la eliminación de la venta de refrescos en los planteles, la diputada Patricia Alamillo, presidenta de la Comisión de Salud, defendió la “autonomía” de las “tienditas”, no está ahí el problema, dijo, sino en “que no estamos educados para alimentarnos bien".
Más papistas que el mero mero, el diputado Pedro Reaza Ríos, integrante de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, aseveró que ¡en México existe el libre mercado! “por lo cual los diputados quedaron imposibilitados para evitar la venta de frituras y refrescos”, según nota de Jaime Armendáriz y Lourdes Díaz (El Diario, 28/II/09).
No son los únicos que han frenado la elaboración de la normatividad necesaria para erradicar tal lacra de las escuelas públicas, en el Congreso de la Unión se encuentran congeladas por lo menos cinco iniciativas de ley para regular la venta de comida chatarra en ellas. (Nota de Martha Elba Figueroa, 22/IV/09). Entre las iniciativas se contempla no solamente impedir la venta de esos alimentos sino, incluso, imponer sanciones por "vender y comercializar en las escuelas de niveles básico, secundaria, media superior y bachillerato bebidas carbonatadas que causen problemas de obesidad; así como permitir la publicidad que aliente el consumismo de alimentos y bebidas que no coadyuven a una dieta balanceada".
Como si fuera algo para presumir, la diputada Irma Patricia Alamillo Calvillo, informó que los diferentes ordenamientos en ese sentido no tendrían carácter prohibitivo, porque “todo lo que se prohíbe causa mayor atracción, más en menores de edad". (Nota de Silvia Macías, El Diario, 31/VIII/09).
¿Y entonces?
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