Sin sustento la guerra de Calderón

Aserto No. 76, Noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Dos de los protagonistas más importantes del gobierno de Vicente Fox elaboraron la más documentada (hasta ahora) crítica a la que puede considerarse la principal acción gubernamental de Felipe Calderón, la llamada “guerra” contra el narco.
Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores, y Rubén Aguilar, el vocero presidencial en el sexenio anterior, sin ambages señalan el origen de la decisión calderonista: Legitimarse ante lo que llaman supuesta derrota ante López Obrador. Una a una echan por tierra las argumentaciones del gobierno federal para llegar al extremo de prácticamente militarizar zonas enteras del país y llevar al país a una espiral de violencia extrema.
Los dos ex funcionario foxistas publicaron apenas el mes pasado el ensayo titulado “El narco: La guerra fallida”. Por considerarlo de extrema importancia para los chihuahuenses publicamos aquí los principales aspectos abordados por los autores.
“La conclusión de este texto, -dicen Castañeda y Aguilar- derivada del análisis de los argumentos esgrimidos por el gobierno para explicar/justificar/defender su decisión, es que la razón primordial de la declaración de la guerra del 11 de diciembre de 2006 fue política: Lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones”.
“… sostenemos que la consigna central de la comunicación oficial (“Para que la droga no llegue a tus hijos”) no se sostiene. México no ha pasado de tránsito a país de trasiego y consumo, tampoco ha aumentado de manera significativa la demanda de drogas, de acuerdo con las cifras del propio gobierno de Calderón. En segundo término, si la razón (para la guerra) era la eclosión de la violencia, a casi de tres años prevalece un clima de hostilidad superior al de antes, que venía declinando desde principios de los noventa.
(Por otro lado) la complicidad del narco con las autoridades municipales, estatales y federales no nació ayer, sino hace una eternidad… ni el supuesto tráfico de armas procedentes de Estados Unidos ni la demanda de sustancias ilícitas en ese país han contribuido a un mayor deterioro del que imperaba antes del gobierno de Calderón. La demanda estadounidense de estupefacientes ha permanecido estable a lo largo de estos 40 años y solo ha variado en su composición.
La sociedad estadounidense ha concluido, con razón, que el esfuerzo por reducir la demanda no vale la pena; se trata de una constante, no de una variable. (A su vez) Colombia ha logrado notables avances en la limitación de los daños colaterales provocados por el narcotráfico sin reducir la superficie sembrada de la hoja de coca, ni lograr un descenso de la producción y exportación de cocaína”.
Para apoyar su hipótesis, los autores recurren a las cifras gubernamentales: “Según la Encuesta Nacional de Adicciones (aplicada cada cinco años a partir de 1998) el porcentaje de la población urbana, entre 12 y 65 años, que reconoce haber probado alguna vez cualquier droga ilícita evolucionó así: 5.3% en 1998; 4.2 en 2002 y 5.5% en 2008. La encuesta del 2002 revela una suma de 307 mil personas adictas y para 2008, de 465 mil. Un incremento de menos de 6% al año en un país de 110 millones de habitantes representa apenas 0.4% de la población.
México se ubica en el rango de los países de bajo consumo. La ONU estima una prevalencia mundial de 4.2% (la población mayor de 15 años que informó haber consumido alguna droga durante el último año), en México el promedio es de 1.3%. A su vez, la Organización Mundial de la Salud calculó en 7.8% el índice mundial de incidencia, (esto es la población mayor a los 15 años que declara haber consumido alguna droga por lo menos una vez en su vida) superior al de México con 5.5%, y muy inferior al de Estados Unidos con 42%.
El gobierno aduce que México se ha convertido en un fuerte consumidor, donde ha crecido de manera alarmante el consumo de cocaína. Conviene cotejarlo con la prevalencia de otros países. En México fue de 0.3% en 2002 y de 0.4 en 2008, mientras que en Estados Unidos llegó a 2.5% en 2005 y a 2.8 en 2008.
Por otra parte, la prevalencia de drogas “nuevas”, de acuerdo con un estudio de la ONU de 2005, fue de 0.1% en México, de 1.8 en Estados Unidos, de 0.8 en Canadá, de 0.7 en Brasil y de 0.6 en Argentina y Venezuela”.
En los temas de mayor preocupación ubican a la mayor urbe chihuahuense, Juárez, a la cual ubican como una ciudad en la cual el consumo “casi duplica el promedio nacional y sufre 50% más de consumo que el resto de la región. Según un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría el consumo entre 1998 y 2005 pasó de 1.3% a 3.9 por ciento en esta ciudad”.
Otro de los aspectos centrales, el del precio y disponibilidad de las drogas, es abordado certeramente: “El precio de la cocaína ha disminuido a nivel mundial. Una razón nos la entrega la Junta Internacional de Fiscalización: el rendimiento promedio de una hectárea de cultivo de hoja de coca ha pasado de 4.7 a 7.3 kilos… la cantidad de cocaína disponible en el mundo se ha incrementado.
El precio al mayoreo, para Canadá fue de 33 mil dólares el kilo y en México de 7,900 dólares (para el DF)… en la frontera norte el precio oscilaba entre 12 y 15 mil dólares (en agosto de 2009, Genaro García Luna dio la cifra de 12 mil 500 dólares).
Actualmente, en México el gramo de coca cuesta en la calle entre 15 y 20 dólares, según su pureza; en Estados Unidos, a finales de 2008, el precio era de 200 dólares.
El otro argumento central de Felipe Calderón, el del aumento de la violencia de apabullado por Castañeda y Aguilar. Sostienen que el índice de homicidios iba a la baja hasta 2006 y que a partir de la declaración de guerra y la participación de las fuerzas armadas se elevó abruptamente.

“La falacia de la violencia
La segunda justificación esgrimida por el gobierno de Felipe Calderón para su declaración de guerra contra el crimen organizado radica en una extraña combinación de violencia, razón de estado y corrupción-penetración del narco en las esferas políticas.
La evolución de las cifras de homicidio anuales de 1997 a 2008. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población, el número de homicidios totales en 1998 fue de 33 mil 942; en 1999 de 33 mil 242; en el 2000 de 31 mil 704; en el 2001 de 31 mil 524; en el 2002 de 29 mil 67; en el 2003 de 28 mil 202; en el 2004 de 26 mil 668; en el 2005 de 25 mil 780; en el 2006 de 27 mil 160 y en el 2007 de 25 mil 129.
Si tomamos en cuenta el crecimiento de la población, la tendencia es claramente decreciente; per cápita, se trata de una caída de casi 20% sobre nueve años.
Igual sucede con los secuestros. En 1997 se produjeron mil 45 registros de secuestros ante agencias de ministerio público, en 1998 se presentaron 734; en 2002 433; en 2003, 436; en 2004, 334; y en 2005, 325 casos.
No había tal auge de la violencia o la inseguridad en México, ni siquiera los delitos menores: robo a transeúntes, robo de vehículos o robo en casas habitación”.
Más aún la percepción ciudadana acerca del incremento de la inseguridad no lo ubicaba en el narcotráfico pues en agosto de 2008 solo el 5% lo atribuía a tal fenómeno.
¿Y los resultados de la Operación México? Así lo dicen los mencionados autores: “… los resultados a casi tres años de distancia son simplemente indefendibles… Según Reforma, hasta agosto de 2009, se habían producido 16 mil 88 ejecuciones en los dos años y ocho meses del sexenio de Felipe Calderón. Para Milenio el dato es de 17 mil 952. Para 2007 fueron, de acuerdo con este periódico, 2 mil 773; para 2008 5 mil 685 y en los primeros ocho meses de 2009, 6 mil 300, un incremento de casi 50% sobre el mismo período del año anterior.
Entre los seis eventos frente a los que la ciudadanía manifiesta tener mayor miedo, no pintan obviamente ni el secuestro, ni el narcomenudeo, ni la violencia intranarcos o las decapitaciones. En otras palabras, si se trataba de infundirle a la ciudadanía una sensación de mayor seguridad, el fracaso es patente”.

“Las elecciones de la violencia
Ahora bien, la mejor prueba de la disonancia de las tesis gubernamentales con el sentir de los mexicanos reside en los resultados electorales del 5 de julio de 2009. No tanto en los porcentajes de votación o el número de diputados, sino en las motivaciones del voto detectadas por las encuestas de salida. En la de Consulta Mitofsky, en una proporción de más de dos a uno (65.8% versus 25.8), los votantes confesaron que su principal preocupación residía en los problemas económicos, no en la inseguridad.
Por otro lado, una encuesta conjunta de México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky, realizada entre marzo y mayo de 2009, reveló que tres de cada cuatro percibía un deterioro de seguridad a lo largo de de los 12 meses anteriores, mientras que sólo 24 por ciento apreciaba una mejora.
… no sabemos es si el desvío de droga y el debilitamiento de los narcotraficantes está teniendo lugar, si vamos por buen camino, ni cuándo llegaremos. Pero, sobre todo, a tres años del arranque de la guerra, desconocemos el costo del viaje y el destino final.
… (Calderón rechazó la tesis norteamericana del Estado fallido) pero luego insiste en que uno de los motivos para emprender la embestida contra el crimen organizado es la pérdida de control, poder y vigencia del Estado en determinadas partes del territorio nacional, justo las características incipientes de un Estado fallido.
… De nuevo, en esta materia, como en la del consumo de narcóticos en México, el quid reside en la diferencia: no es que no haya consumo hoy en México, ni que no exista corrupción, penetración y sustitución del Estado; el dilema consiste en determinar con precisión si hay más que antes, y si el hipotético incremento compensa el inmenso costo de la guerra”.
Al abordar esta parte, los autores enumeran los múltiples episodios previos, incluso desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en los que diversos gobernantes, federales y estatales fueron señalados de ser parte del engranaje de los cárteles. Rememoran las razones que llevaron a la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, infestada, dicen, de narcos; lo mismo sucedió, recuerdan, con la Policía Judicial Federal, renacida como Agencia Federal de Investigaciones “a su vez inservible”.
Entre los pasajes del pasado, rescatan la organización dirigida por Pablo Acosta, asentada, así dicen los autores, en el pueblo “bicicletero” de Ojinaga, y basados en un informe confidencial de la DEA, rescatado por Terrence E. Poppa en su obra Drug Lord, The Life and Death of a Mexican Kingpin, llegan a señalar que el cártel de Acosta recibía protección del gobierno de Chihuahua, encabezado por Oscar Ornelas y del general comandante de la zona militar de aquel entonces.
El ensayo de Castañeda y Aguilar luego aborda el asunto del tráfico de armas y la idea prevaleciente que las usadas por los narcotraficantes provienen de Estados Unidos.
“… en México podría haber entre 12 y 15 millones de armas, de las cuales un tercio es legal y está registrado… un estudio de la Auditoría Superior de la Federación estableció que existen 4 millones 500 mil armas legalmente registradas, incluido el millón de armas en manos de las Fuerzas Armadas y las policías… se estima en poco más de 2 millones el número de ciudadanos con autorización para portar armas, y que 17.6 de los hogares poseen una.
… los cárteles mexicanos podrían recurrir con mucha facilidad al contrabando de armas en Brasil, Paraguay, Argentina o Venezuela, y añadir a los cargamentos de coca una buena dotación de armas”.
Si en algún aspecto existen diferencias entre Estados Unidos, -dicen- al afrontar el problema de las drogas radica en que “La estrategia (entre ambos países) para enfrentar el desafío de la venta y consumo de drogas es distinta. El gobierno norteamericano asume, cada vez más, que se trata de un problema social cuya solución depende, en buena medida, de las instituciones de salud pública. El gobierno mexicano lo enfoca como un problema de seguridad; hacerle frente corresponde a sus fuerzas militares y policiacas.
El nuevo ‘zar antidrogas’ (Gil Kerlikowske, nombrado por Barak Obama) se desempeñó como jefe de la policía de Seattle; durante su gestión planteó que el reto de las drogas debía enfrentarse a través de la prevención y el fortalecimiento del tejido social, más que por el uso de la fuerza. Esa postura lo condujo a una actitud de cierta tolerancia frente a la posesión y el consumo”.
Kerlikwske llamó a descontinuar el uso del término de ‘guerra contra las drogas’, acuñado durante la administración Nixon. Ese concepto, “limita las herramientas y le dice a la gente que estamos en guerra contra ellos. Y lo que necesitamos es una política integral y efectiva”, que en su opinión exige: inteligencia interna, combatir el tráfico de armas y del dinero en efectivo, y atender el consumo no sólo desde el lado de la oferta sino también de la demanda.
Y en cuanto a la continua exigencia calderonista al gobierno de EEU, Aguilar y Castañeda sostienen que “existe un creciente consenso entre los estadounidenses de que la estrategia punitiva está destinada al fracaso y que no deben pagarse los costos que implica: muertos de ambos bandos, intranquilidad social, corrupción y uso ineficaz de los recursos públicos… Sabemos que Washington está dispuesto a apoyar, más con discursos que con hechos, la actual estrategia mexicana, pero no a seguirla. Es la manera de ‘exportar’ su conflicto interno”.
En cuanto a la legalización de las drogas, los autores sostienen: “Disponemos de elementos para sospechar que los estados (de EEUU) cuyas leyes permiten el consumo de mariguana bajo ciertas condiciones no han visto disparadas las tasas de consumo.
… Las encuestas sugieren ahora que más del 40% de los estadounidenses está a favor de legalizar la mariguana; entre los demócratas, el porcentaje asciende a más del 50…
En EEUU, entre todos los órdenes de gobierno, se gastan anualmente 44 mil millones de dólares en acciones contra las drogas: siete veces más de lo que se destina al tratamiento de las adicciones…
… como bien lo saben los psiquiatras responsables, existe un porcentaje más o menos fijo de cada sociedad estable que posee una proclividad (o patología, dirían algunos) a las adicciones de un tipo o de otro, y en particular a los estupefacientes. No ha disminuido y no va a disminuir. El reto de las sociedades consolidadas reside en administrar esa proclividad con el menor daño posible; el desafío para las sociedades en plena metamorfosis, como la mexicana, consiste en comprender su futuro ineludible, asumirlo y administrarlo.
Luego abordan los aspectos de la introducción y la distribución de las drogas y muestran las razones del porqué de la elevación del poderío de los cárteles mexicanos: ”En la década de los ochenta la mayor parte de la cocaína entraba a EEUU por Florida. A finales del siguiente decenio, 58% entraba vía Centroamérica-México, 30% por el Caribe y 11 en buques mercantes o vuelos comerciales directos… para el año 2000, 66% se encaminaba por el corredor Centroamérica-México, el Caribe 30… Para 2003, la proporción era de 77% a través del corredor; a partir del 2006 se empieza a decir que 90% pasa por la ruta Centroamérica-México.
… Informes de la DEA señalan que son ya 240 las ciudades que están bajo el control de los narcos mexicanos.
Acerca del precio de la droga, los autores sostienen que “a principios de los ochenta el gramo de cocaína costaba 600 dólares; al arranque de los noventa valía 260 dólares, pero de 2003 al 2007 el precio fluctuó entre los 122 y 145 dólares, con un nivel de pureza promedio de 75-80%. Empezó de nuevo a subir en 2008 para alcanzar los 182 dólares a finales de ese año, y 199 dólares al inicio del 2009”.
… no ha habido una reducción, ni de la demanda, ni de la oferta en general. Lo cual no descarta la posibilidad (la más deseable desde todos los puntos de vista) de que, aún si la demanda y la oferta de EEUU son estables, se haya producido una reducción de la oferta mexicana, sustituida por una oferta procedente de otros países.
… No existe entonces ninguna razón para pensar que la producción mexicana de heroína y mariguana y el tránsito de cocaína por nuestro país hacia EEUU hayan disminuido en estos tres años… existen algunos indicios de que quizás ha descendido el volumen de la oferta mexicana, pero muy difícilmente esto puede justificar los enormes recursos materiales y humanos gastados, el auge espectacular de la violencia y el terrible deterioro de la imagen de México en el mundo, provocado por la guerra contra el narco.
… Analistas estadounidenses consultados por los autores manifiestan sus dudas sobre las posibilidades de éxito de este tipo de políticas (las aplicadas por Calderón). Saben que el aumento momentáneo de los precios siempre trae consigo aunque no se quiera, un aumento de la violencia en las ciudades de EEUU, además de que el mercado siempre regresa a sus niveles históricos. Como lo señala la policía de Washington, D. C., “cuando hay la misma demanda y menos oferta” se radicaliza la competencia y aumenta la violencia en las calles.
… A las autoridades mexicanas les debe quedar claro que el gobierno de EEUU siempre les dará “palmaditas”, pero que nunca asumirá la corresponsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, por tres razones. Primero, no están dispuestos a pagar el costo de llevar la guerra al interior de su país, sobre todo si hay alguien que lo quiere hacer por ellos. Segundo, disponen de evidencias para comprobar que el enfoque punitivo está destinado al fracaso. En tercer término, piensan que el problema de las drogas debe ser tratado como un asunto de salud pública que implica algún tipo de legalización, que en los hechos ya ocurre aunque no se le quiera llamar así.
¿Por qué dar, entonces, esta guerra, si nuestros vecinos caminan en otra dirección?
En la búsqueda de alternativas, Castañeda y Aguilar proponen sustituir los intentos de reducción de la demanda por la reducción del daño “…se trata de buscar formas en lo individual semejantes a la reducción de los daños colaterales en lo nacional: registro de heroinómanos, tratamiento de rehabilitación si alguien lo desea, opción de metadona si la buscan, recambio de jeringas usadas, verificación de la limpieza de las sustancias consumidas, detección de enfermedades inducidas”.
Y plantean varias medidas, entre las cuales se encuentran, en primer lugar, la legalización, siempre y cuando se realice también en los EEUU; la construcción de una policía nacional; sellar la frontera sur mediante el sellamiento del Istmo de Tehuantepec por tierra, mar y cielo y pactar verdaderos apoyos con los EEUU “con el fin de detener realmente los flujos financieros de EEUU a México y de México a EEUU, así como para desmantelar los circuitos financieros del narco. Para controlar y limitar el lavado de dinero (es imposible erradicarlo) se necesitaría sin duda una revisión de cuentas, una suspensión del sigilo bancario para ciertos casos; cruzar datos financieros mexicanos y estadounidenses con signos exteriores de riqueza, declaraciones de impuestos con declaraciones patrimoniales en ambos países, y transferencias financieras, no sólo de más de 10 mil dólares”.
Las conclusiones del ensayo son contundentes: “Las principales justificaciones para la guerra contra el narco no se sostienen”. Dicen que el consumo de drogas no aumenta, o que los aumentos son insignificantes; sostienen que el contubernio de las autoridades con el narco no es nueva, ni más grave que antes y recuerdan varios episodios del pasado que así lo demuestran; argumentan que el tráfico de armas de EEUU a nuestro país no justifica los elevados índices de violencia; no ha caído la demanda de drogas en EEUU y finalmente reafirman su dicho inicial: “A las preguntas obvias (¿A poco el gobierno no sabía todo esto? ¿Entonces por qué procedió como lo hizo?) Respondimos desde el principio: por motivos políticos, producto directo de la supuesta necesidad de legitimarse, al término de un proceso electoral cuestionado por los perdedores”.
Y concluyen: “El Estado mexicano no cuenta con una fuerza infinitamente superior a la del narco, no se vislumbra una estrategia de salida, no existe una definición de la victoria y, aunque subsiste el apoyo de la mayoría de los mexicanos, dicho respaldo es escéptico, lejano al terreno y difícilmente duradero”.
La obra termina citando el documento elaborado por los ex presidentes latinoamericanos Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria (Drogas y democracia, hacia un cambio de paradigma): “Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados… estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de la erradicación de las drogas. Por ello, romper el tabú, reconocer los errores de las políticas vigentes y sus consecuencias es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas… la cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello, es esencial las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad… (Por ello es preciso) evaluar la conveniencia de descriminalizar la tenencia de mariguana para consumo personal con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica”.