Las deudas de Calderón

El Diario, 17 de noviembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
¿Qué más se puede agregar, si nada sirve aparentemente en esta salvaje oleada homicida? ¿Qué podemos decir ante los bestiales asesinatos de dos niños y seis mujeres –lo cual no le quita bestialidad a los asesinatos cometidos en contra de varones- y los siniestros mensajes lanzados entre sí por los integrantes de los grupos del crimen organizado, en los que se amenazan con eliminar hasta a los miembros de sus respectivas familias?
¿Qué más podemos agregar, que ayude a disminuir el clima de impunidad prevaleciente, si quienes debieran ser los primeros garantes de la legalidad la violan flagrantemente, tal y como queda demostrado en el lamentable “incidente”, aún confuso, en el que muriera acribillado el agente del Ministerio Público Federal Miguel Ángel Meneses Maciel, quien fue asesinado en un retén establecido por una Base de Operaciones Mixtas (BOM) el pasado 3 de noviembre en Chihuahua?
Y se afirma lo anterior porque se ha iniciado juicio penal a elementos de las policías locales por tales hechos, pero a los elementos del ejército mexicano, participantes de los hechos, se les ha sacado de la entidad y se les ha canalizado a la justicia militar, en otro episodio de la violación del marco legal constitucional, pues quienes participaron en los hechos eran ciudadanos mexicanos y los militares involucrados deberían responder de sus actos ante las autoridades correspondientes, dice la Constitución, y estas son las del fuero civil, pues que sepamos aún no se decreta por el Congreso de la Unión el estado de excepción, es decir, el estado de guerra en el que debería aplicarse el fuero militar.
Por desgracia, otra vez, las autoridades civiles declinan de sus competencias y se subordinan a la élite militar que dirige las actividades del calderonismo en contra del crimen organizado.
No quede duda, dadas las lamentables condiciones en que se encuentran los organismos policiales, hasta los críticos de la participación del ejército en tales tareas, aceptamos ese hecho, pero siempre se enfatizó en la necesidad de que se hiciera bajo el más estricto apego a la ley.
Por desgracia, esa no ha sido la realidad. Con una muy inquietante frecuencia, se repiten los episodios en los que elementos de las fuerzas armadas participan en hechos delictivos, o violentos, en los que el factor común es la confusión, el caos y la falta de veracidad en los reportes y en el ocultamiento o alteración de las evidencias criminales en el lugar de los hechos y en el rápido ocultamiento de los elementos de las fuerzas armadas “para ser juzgados por la autoridad militar correspondiente”, se dice en los boletines de prensa con una muy lamentable frecuencia.
Así, lo que fue señalado en su momento como enormes riesgos para la sociedad y las fuerzas armadas –el fracaso en el combate al narco, el incremento de las violaciones a los derechos humanos, el aumento de la impunidad y el descrédito de los mílites- es hoy una lacerante realidad.
Ni disminuyó el número de ejecuciones –al contrario, se incrementó-; ni se afectó al tráfico de estupefacientes; ni disminuyó el consumo de drogas; ni se mejoró la seguridad pública; y por el contrario, se dispararon todos los índices delictivos, la sensación de inseguridad e impotencia societaria se incrementaron, aparecieron por decenas las quejas en contra del ejército y se elevó el número de casos en los que la violación a la legalidad vigente deben acreditársele a la autoridad.
Tal es el panorama con el que deberá encontrarse Felipe Calderón hoy –si es que no cancela su visita a la capital del estado- y del que debiera responder. Su principal apuesta en materia de seguridad pública ha sido un sonoro fracaso. El problema estriba en que de ese fracaso se ha derivado una tragedia multitudinaria.
El dolor de quienes han perdido a alguno de sus familiares, o de quienes han visto caer a uno de los suyos en el negocio o el consumo de las drogas, sin ninguna otra acción del Estado más que la de incrementar su fuerza de fuego, es inconmensurable.
Más aún, quedan pendientes infinidad de asesinatos de víctimas totalmente ajenas a la batalla de los cárteles y a la “guerra” de Calderón, entre ellos, destacadamente el de nuestro compañero Armando Rodríguez, al que su secretario de Gobernación se comprometió a escalerecer.
De ello deberá responder Calderón.
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