Ichitaip, otra oportunidad

El Diario, 15 de Noviembre 2009
Luis Javier Valero Flores
La elección de quienes sustituirán a los consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) que concluyeron su encargo (Thlié Carlos Macías, Rodolfo Sandoval y Rodrigo Ramírez Tarango) se puede convertir en otra oportunidad para que el grupo gobernante enmiende lo hecho hasta ahora, negativamente, en materia de transparencia y la preservación del derecho al acceso a la información en Chihuahua.
Criticado acremente, el proceso del cual emergieron, no sólo quienes se van, sino el total de los consejeros del organismo encargado de velar por el cabal cumplimiento de la transparencia, en lo que lo central fue la negociación y el reparto por cuotas partidarias de quienes integraban entonces las fuerzas parlamentarias, puede repetirse nuevamente y echar por la borda, otra vez, la honda y extendida aspiración ciudadana a contar con organismos integrados por ciudadanos distantes de los partidos políticos.
Por desgracia, casi desde el principio se apreciaron las consecuencias, funestas para la preservación del derecho a la información, de tal forma de integrar al Consejo del Ichitaip. El final fue peor. Durante los últimos meses, una mayoría de consejeros –los que se van- fueron estableciendo una serie de criterios contrarios al espíritu y letra de las iniciativas que le dieron origen al ordenamiento estatal en esta materia.
Más aún, casi como un albazo se pretendió, al cuarto para las doce, aprobar la reelección de los consejeros de transparencia, en un clarísimo intento de reelegir a quienes se convirtieron en este tramo en los mejores defensores y preservadores de la opacidad gubernamental.
Así, Thlié Carlos Macías y Rodolfo Sandoval, identificados con el PRI, y Rodrigo Ramírez con el PAN (quien venía de ser el vocero del grupo parlamentario de ese partido en el Congreso local) aprobaron en el período que la primera fue presidenta del organismo una serie de resoluciones en las que se le daba la razón a los sujetos obligados (las dependencias gubernamentales o entes receptores de recursos públicos) para negar la información solicitada. Basados en una serie de falacias aprobaron, por ejemplo, que la información relativa a los salarios de los académicos de la Uach, o que las licencias solicitadas por Guillermo Márquez y Alejandro Cano, para alejarse de sus cargos en el gabinete estatal para buscar las candidaturas a las diputaciones federales, serían entregadas en las oficinas de las dependencias señaladas, por no contar con copias en otro medio que no fuera el del papel impreso.
Esa fue la tendencia, y no sólo en el caso de las oficinas gubernamentales, cuando un ciudadano requirió los gastos efectuados al interior del PRD, la oficina de transparencia de este partido contestó que sí se las podían mostrar, pero en las oficinas partidarias. Tal argumento fue apoyado por la mayoría de los consejeros señalados.
Conocido es el episodio en el cual la presidenta Carlos Macías decidió, por su cuenta inicialmente, retirar de las páginas de internet los salarios de los funcionarios de varias dependencias del gobierno estatal y las de los funcionarios del Ichitaip. La argumentación fue existía un clima de inseguridad creciente en la entidad y volvía riesgoso para esos funcionarios que se supieran sus ingresos como funcionarios públicos.
La verdad –dirían los amigos- ni necesitamos asomarnos al internet para saber que los gobernantes ganan mucho dinero, así que una prevención como esa salía sobrando. Pero no era una manifestación aislada, al contrario, formaba parte de la concepción que priva en los consejeros salientes, su intención fue, no la de preservar, impulsar la tendencia a transparentar el ejercicio público, sino a encontrar mecanismos para proteger la opacidad gubernamental.
Otro, en el que se solicitaba conocer de manera desglosada las remuneraciones de los titulares de las secretarías de Desarrollo Comercial, Fomento Social, Finanzas, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y Cultura, Planeación y Evaluación y de la Contraloría, “el Consejo General confirmó las respuestas otorgadas luego de obtener la mayoría de votos”. Esto es, ratificar la negativa a entregar la respuesta a través del medio electrónico; tal información, decían los sujetos obligados, está a su disposición en las oficinas centrales de las dependencias respectivas.
Más aún, los criterios adoptados por la mayoría del Consejo General del Ichitaip inciden directamente en los principales ejes rectores del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y ayudan a eludir la obligación de quienes ejercen recursos públicos, a transparentar el ejercicio de ellos.
Ahora mismo, en el proceso de selección de los aspirantes (el total presenta un examen, de ellos, una comisión de selección, integrada por representantes de los tres poderes, designará a un grupo de 20 candidatos; enseguida, la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado seleccionará a 10 y de ellos el pleno legislativo elegirá a los tres nuevos consejeros y sus respectivos suplentes a más tardar el 15 de diciembre del 2009) las dudas pesan en el proceso electivo.
En el mismo se ha desatado una polémica. Los priistas pretenden no hacer públicos los resultados de todos los que presenten el examen de conocimientos –es que puede haber un académico reconocido reprobado y el daño a su prestigio puede ser grande, dicen- y con ello se vulneran otros derecho, el de la ciudadanía, y el de los aspirantes, pues puede darse el caso que se elija a alguno de ellos con calificaciones por debajo de quienes fueron desechados.
Y es que, de acuerdo con la información disponible, la composición de los aspirantes puede llevarnos a pretender que el proceso sea lo más transparente posible pues de los noventa y un aspirantes, doce trabajan actualmente en ese organismo; cuatro son periodistas, incluyendo al vocero del Ichitaip; varios son catedráticos de la UACh, así como integrantes de las barras y colegios de abogados; y otros más actualmente trabajan en áreas jurídicas de diversas dependencias del gobierno estatal.
Nos piden los legisladores que les tengamos confianza, que no actuarán con dolo en la selección de los consejeros. El problema es que para eso son las normas, para no actuar discrecionalmente, para actuar de manera transparente en materia de ejercicio gubernamental y que sea la sociedad la que, teniendo acceso a la información, evalúe si los funcionarios de gobierno actúan apegados a la ley y al espíritu que le dio origen a la misma.
Más aún, transparentar todos los resultados le abonaría al Poder Legislativo mayor credibilidad, dadas las bajísimos niveles alcanzados por sus integrantes entre la población, máxime si aún no se olvida el más reciente episodio de opacidad, o de franca tendencia en ese sentido, consistente en la negativa de la mayoría de los diputados a aprobar una reforma a la ley de transparencia, elaborada por los diputados Arturo Zubía, del PAN y presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso, y Víctor Quintana, del PRD, para que fuera modificado el artículo 21 a fin de que las dependencias de gobierno publiquen sus sueldos en medios electrónicos, de manera “obligatoria” y no como actualmente dice la ley “preferentemente”, pretexto usado por los consejeros del Ichitaip cuyo ejercicio concluye, para no obligar a dependencias gubernamentales a publicar en las páginas de transparencia sus salarios.
El otro antecedente preocupante, para el ánimo de quienes aspiran a contar con un Ichitaip con plena independencia y estricto apego al cumplimiento de la ley de transparencia es el de la pretendida modificación a la misma para aprobar la reelección. La iniciativa fue presentada por el diputado priista Jesús Armando Muñoz Ponce, quien no forma parte de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado. Muñoz Ponce entregó esa iniciativa en la última sesión de la Diputación Permanente del período anterior, a fin de que pasara inadvertida.
La propuesta sólo fue anunciada, no fue leída en sesión, como se realiza normalmente, y de inmediato fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales. ¡Oh magia del poder! En tan solo sólo nueve días la iniciativa atravesó todo el trámite legislativo. El dictamen aprobatorio ya estaba listo en ese lapso, al contrario de infinidad de iniciativas de ley “congeladas”.
Según la versión sostenida por el editorial de El Diario, edición Chihuahua, (10/X/09) diputados priistas habían informado de la existencia de un acuerdo previo con el PAN para aprobar la reelección, sin embargo, por alguna razón éstos se desistieron y con ello se frustró la intentona reeleccionista pues para aprobar tal modificación se requiere lo hagan dos terceras partes de los legisladores.
La razón que se esgrimió en ese editorial es que, al elegirse a tres nuevos consejeros, la presidencia del organismo debería recaer en Claudia Alonso o Fernando Lino Bencomo, ambos inconvenientes “al PRI debido a que Alonso es de tendencia izquierdista y Lino Bencomo, después de que el instituto reprobó en la evaluación nacional de transparencia cuando él fue presidente, prácticamente se volvió independiente de los intereses del PRI”.
De este modo, casi al terminar su gestión, el gobernador Reyes Baeza, líder del grupo gobernante, tiene sobre sus hombros otra responsabilidad, no menor, que es la de darle sustento a sus frases y promesas de los tiempos de la campaña electoral, cuando sostenía que Chihuahua contaría con uno de los mejores instrumentos de transparencia y acceso a la información, el problema es que a la hora de gobernar no se trata solamente de los textos de la ley, se necesita, y mucho, de la plena correspondencia entre el espíritu de la reforma legal y las convicciones de quienes tienen –tendrán- la obligación de convertir tales promesas en plena realidad del Chihuahua del siglo XXI y así salirle al paso a hechos, como el denunciado por el diputado perredista, Víctor Quintana, quien sostiene que ya “están negociados” quiénes se convertirán , a partir de mediados de diciembre, en consejeros del Ichitaip.
No sólo se trataba de obtener que el funcionamiento gubernamental adquiriera la necesaria transparencia, como un mecanismo paralelo de la rendición de cuentas, sino que se adquiriese plena conciencia que el quehacer gubernamental debería ser accesible a todos los integrantes de la sociedad y a ésta se le garantizase tal derecho desde los órganos de transparencia.
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