Lo que faltaba, escuadrones de la muerte

El Diario, 5 de noviembre 2009
Luis Javier Valero Flores
No hay vuelta de hoja, las terribles declaraciones del alcalde de San Pedro Garza García, el panista Mauricio Fernández Garza, en las que informó de la ejecución de cuatro personas, -presuntamente secuestradores- por lo menos cuatro horas antes de su hallazgo por las autoridades del DF, casi seis horas antes de su identificación por esas autoridades y cuya muerte ocurrió entre 48 y 72 antes del hallazgo, es la mejor evidencia que el alcalde participa de la comisión de un delito.
No es cualquier delito, sus declaraciones mueven a honda preocupación pues de ellas puede derivarse que estaba plenamente informado de la comisión de un delito, que pudo participar en él y antes de informar a la ciudadanía de ello debió avisarle a la autoridad correspondiente… y a los padres y familiares de los caídos, cualesquiera que fuera su estatus legal y las actividades que desempeñase.
No bastó lo anterior, en los días siguientes, al tratar de explicar lo inexplicable, Mauricio Fernández Garza reiteró que creará un grupo de inteligencia y un “equipo rudo”, cuya actuación no está prevista en ley alguna, para obligar al crimen organizado “a largarse del municipio por las buenas o por las malas”.
Fue más allá, aclaró que se tomarían atribuciones por fuera de la ley –me voy a brincar las trancas, dijo- en lo que pudiera ser la primera manifestación de algún funcionario gubernamental en reconocer ser partícipe de una parte del fenómeno que nos faltaba en el país.
Ya en la década pasada, en el antiguo Paso del Norte, cuando los números de ejecutados eran infinitamente menores a los actuales, un fenómeno semejante probablemente sufrimos los chihuahuenses, las desapariciones forzadas, que en el lenguaje del norte de México recibieron su denominación más justa: Los levantados.
En aquellos años hubo no pocas informaciones en las que predominaban algunos rasgos, tan preocupantes como los ahora desatados con motivo de las declaraciones de Fernández, algunos de los cuales consistían, en una buena parte de los casos, en que los comandos “levantadores” vestían uniformes del ejército o de la policía federal (entonces la PGR) y los movimientos del comando para efectuar su tarea eran perfectamente sincronizados, como si el lazo común fuera un evidente adiestramiento militar.
Pero si preocupa la existencia de tales grupos, más lo hacen las declaraciones de los panistas en el gobierno; además de la de Fernández Garza, el martes se sumaron las del ex precandidato presidencial del PAN, y ahora senador de la república, además de destacado consejero ciudadano del IFE a mitad de los 90’s, Santiago Creel, quien calificó como “muy loable que un presidente municipal tenga esa convicción y esa determinación de acabar con el crimen, particularmente, en su municipio, pero también habría que tener muy en cuenta cuáles son las facultades de los presidentes municipales, de los gobiernos estatales y de la federación” y reconoció al presidente municipal por “tomar al toro por los cuernos”.
Más aún, en tan lamentables hechos, Fernández Garza no se quedó solo, afirmó que “Cuando a mí me llegó la información yo le pregunté al gobernador (el priista Rodrigo Medina). Me dijo que sí, que él también había recibido información al respecto”. ¿O sea, entre ambos tienen una evidente liga que les permite acceder a tan puntual información? Se podría deducir, por tanto, que estamos ante la posibilidad de una acción concertada entre el gobernador y el alcalde, orientada, fundamentalmente, a romper el orden legal vigente.
¡Y Fernández Garza lo hacía, precisamente, el día que juraba, otra vez, respetar y hacer respetar la ley!
Así, el círculo parece completarse: Calderón permite emplear al ejército en actividades fuera de su ámbito legal (por lo menos sin que tal acción fuese aprobada mediante los mecanismos contenidos en la norma constitucional) y luego, desde el poder, se organiza a grupos extralegales ¿Ese es el fenómeno al que asistimos ahora?
Por el bien de la Nación, antes de que sea demasiado tarde, todas las autoridades involucradas deberán informar, creíblemente, del presente caso, de ello dependen muchas cosas, una de ellas, esencial, la plena vigencia del estado de derecho que nos dimos.
PD.- Mil disculpas a los lectores del escribiente, por razones fuera de nuestra capacidad no apareció la colaboración del martes anterior, lo siento.
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