El Diario, 3 de diciembre de 2013
Luis Javier Valero Flores
Se cumplió el primer año de Enrique Peña Nieto al mando del país y, salvo la nueva generación de reformas neoliberales aprobadas en lo que va de su mandato -no necesariamente servirán, como las anteriores, las de Salinas de Gortari, para el desarrollo del país- seguimos en la inercia de la parte final del gobierno de Vicente Fox y todo el sexenio anterior.
Tal inercia se aprecia en los dos aspectos que más importan, en estos años, a la mayoría de los ciudadanos, la economía personal y la seguridad pública. Y la primera en su doble vertiente, tanto del salario, como del empleo, en ambas se advierten serios problemas.
Habrá tiempo para reflexionar, con el espacio suficiente para ello.
El sábado, en la edición de Chihuahua, José Díaz López (“¿Chivos expiatorios? ¡Ajá!.. ¡cómo no!”, El Diario de Chihuahua, 30/XI/13) escribió un artículo que nos permitirá reflexionar sobre aspectos sobresalientes del estado que guarda la procuración de justicia en Chihuahua.
En esa colaboración deplora el “sospechosismo” de quien esto escribe, porque en distintas colaboraciones radiales y escritas he planteado la posibilidad de que los señalados de ser los asesinos de la familia Romero Castañeda, de la Col. Morelos Zaragoza, en Juárez, no sean los responsables.
Importa detenerse en las argumentaciones de Díaz porque hay un sector de la sociedad dispuesto a aceptar, a como dé lugar, las explicaciones de las autoridades policiales y prejudiciales a pesar de que, con más frecuencia de la deseada, aparecen las evidencias de las notorias fallas en esta parte de los procesos penales.
Díaz desestima la aplicación de la tortura en Chihuahua para obtener declaraciones autoinculpatorias.
Falla, quien sostiene lo contrario son, ni más ni menos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Caso Israel Arzate) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Queja de Marisela Escobedo sobre el asesinato de Rubí Fraire).
Luego, el articulista nos informa que 8 testigos afirmaron que “los acusados estaban en una fiesta” al momento en que se efectuaba el multihomicidio. Y da por buena la versión del fiscal, en el sentido de que uno de los acusados tenía manchas de sangre en tenis y ropa. A tal afirmación, Díaz la llama “realidad probatoria”, sólo porque, afirma, los defensores de los acusados no “desvirtuaron” la existencia de manchas hemáticas. Desconoce que tales manchas -y la prueba del Luminol- fueron motivo de descalificación de los defensores, además de que se desconoce el resultado de las pruebas genéticas de ellas.
Si resultaran de los perros a que se dedicaban víctimas y acusados, entonces ¿Quiénes son los asesinos?
Y como se trata de permanecer abiertos a cualquier posibilidad, a cualquier hipótesis sobre la masacre, ojalá el abogado Díaz López nos pueda ilustrar acerca de las razones de la fiscalía para desestimar que en septiembre fuera asesinado, en Torreón, un integrante de la familia victimada, y que otro miembro de ella declarara a los agentes ministeriales, cuando indagaban sobre la masacre, sobre tal asunto, agregando, además, su suposición acerca de la que cree puede ser la verdadera razón de la masacre y no la esgrimida hasta ahora que, por una supuesta deuda de mil 500 pesos se desató el demonio.
El colmo, el articulista de El Diario de Chihuahua nos espeta que “la postura” de los acusados “durante la audiencia, que era de ‘agachados’ con el ‘rostro abajo’, encorvados, (que) constituye una sintaxis de aceptación tácita en los hechos que están siendo acusados”.
N’ombre, y encima de ello, pobres y feos ¡¡¡Culpables!!!
Los acusados pueden ser responsables de la masacre, pero la autoridad (en eso consisten las reformas penales recientes) deberá demostrar, sin duda alguna, que lo son y hasta ahora sólo tienen como evidencias las supuestas declaraciones autoinculpatorias y las manchas hemáticas. En sentido contrario, la declaración exculpatoria de los testigos y la posibilidad de demostrar (si los dejan) que la sangre no es humana, o que no pertenece a ninguna de las víctimas.
Y en el aire, porque la Fiscalía General la desestimó, nomás porque puede, la posibilidad de la conexión del crimen organizado ¿Es que, acaso, por ventura, alguna de las masacres recientes en el Juárez de estos años, y más con antecedentes directos de un asunto relacionado con la delincuencia organizada, no tendrá vinculación con las bandas criminales?
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