Los textos de la infamia

 El Diario, 22 de diciembre de 2013

Luis Javier Valero Flores

Sirvan estas líneas para expresarle nuestra solidaridad al Ing. Ignacio Manjarrez Ayub,

por la sensible pérdida de su señor padre, José Ignacio Manjarrez Alonso.

Primero, antes que nada, desearle a todos que pasen una Feliz Navidad, en la concepción que cada quien tenga de ella, tanto los de convicciones religiosas, especialmente los del rito católico, como los que no posean credo alguno, así como los del resto de los credos.

Ojalá sirvan estas festividades para encontrar un momento de sosiego, de remanso ante los cada vez críticos augurios -para la mayoría de la población- sobre el presente y el futuro de la sociedad mexicana.

Nada más alejado del escribiente que enviar un mensaje pesimista en estas fechas, en las que, por diversos motivos, debiera prevalecer el optimismo, la alegría y la certeza de que podríamos vivir muchos momentos de esparcimiento. Los merecemos como sociedad; no siempre los alcanzamos, en particular muchos de nuestros compatriotas, a quienes esta sociedad no les ha otorgado la posibilidad de contar con los satisfactores necesarios.

Y es que, -por supuesto- desde la óptica del escribiente, el bloque gobernante ha efectuado una de las peores reformas de que tengamos memoria. No todos los días se afecta tan profundamente uno de los recursos más importantes, si no es que el más, con el que puede contar una nación.

El petróleo, y su explotación por el Estado Mexicano, posibilitó los grados de desarrollo alcanzados por México a partir de 1938. Ese año puede catalogarse como el del punto entre el antes y el después.

Casi por las mismas razones, el día de la Guadalupana de 2013 adquirirá semejante calidad.

No es una novedad asentar el desconocimiento generalizado acerca de las modificaciones constitucionales realizadas; es de tal magnitud que la inmensa mayoría de los legisladores, federales y locales, también se encuentra en esa tesitura.

Luego de que Peña Nieto presentara una propuesta de modificar solamente los artículos 27 y 28 constitucionales, el primero que norma todo lo relativo a la propiedad de la nación y el segundo la prohibición al establecimiento de monopolios, las negociaciones entre priistas y panistas arrojó, además, la modificación del artículo 25, para crear “las empresas productivas del Estado”, pero en el que ya aparece la principal modificación en lo relativo a la electricidad, mediante la cual se constriñe al Estado Mexicano a efectuar solamente “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. Ya no es estratégica la generación de energía eléctrica.

Cosa semejante ocurre con lo relacionado con el petróleo, en el mencionado artículo ya no aparece como actividad estratégica la refinación del petróleo.

Como es de esperarse, las principales modificaciones -en el sentido, en el propósito, no necesariamente en la cantidad de texto modificado- ocurren en el artículo 27. El texto aprobado dice así en la parte medular:

“Artículo 27. …

…

… Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares (negrillas de LJVF) en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones (negrillas de LJVF). Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares (Ibídem), en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

En materia de electricidad la generación de ésta, ya no forma parte de las funciones estratégicas del Estado Mexicano ¿Y entonces como andan prometiendo que las tarifas bajarán? ¿Le apuestan, como siempre, a que “las leyes del mercado” regulen el precio? ¡Híjole!

Luego, en lo referente al petróleo asientan que se mantiene la propiedad, pero quitan las palabras “ni contratos”, luego de “concesiones”, del viejo texto, y adelante quitaron la palabra “refinación”. En el futuro esa ya no será tarea exclusiva del Estado.

Ahora nos explicamos el porqué, después de cinco años de aprobada la construcción de una refinería en Tula, aún no se construyen ni siquiera las bardas del terreno en donde se asentaría.

N’ombre, para qué, si ya sabían que venía la apertura total y, con ella, la posibilidad de efectuar inmensos negocios.

“Artículo 28. …

… No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos…”.

Y aquí aparecen las trampas. Están declarando que CFE sólo será una empresa reguladora de la planeación y distribución de la energía, ahí no se le podrá catalogar como “monopolio”, pero se abren las puertas de par en par a fin de que el capital privado use toda la red e instalaciones eléctricas nacionales.

Del mismo modo, se preserva el carácter no “monopólico” de Pemex, pero solo en exploración y extracción del petróleo, pero de ninguna manera en la explotación y refinación.

Es decir, que lo fundamental de la reforma consiste en que por la vía del establecimiento de “contratos” se permitirá el acceso del capital privado a todas las actividades petroleras, y no solamente a la exploración y explotación del petróleo de las aguas profundas, como engañosamente se ha difundido.

Y esa figura era la que estaba expresamente  prohibida, precisamente porque la experiencia ha enseñado que por esa vía se han fugado las extraordinarias ganancias obtenidas por las empresas; recuérdese nada más como ejemplo reciente que ese fue el mecanismo utilizado por las empresas de la industria bélica militar de EU para quedarse con los recursos millonarios enviados por el gobierno norteamericano a la “reconstrucción” de Irak, después de haberlo devastado.

Con el “pequeño” añadido que varios de los más importantes funcionarios gubernamentales norteamericanos eran, al mismo tiempo, elevados funcionarios de las empresas beneficiadas con los “contratos”. Esos son los que llegarán en busca del petróleo mexicano luego de casi un siglo de haberlos expulsado.

Por su parte, la agrupación más ampliamente extendida en el rechazo a la reforma energética, Morena, ha anunciado su decisión de, además de buscar la realización de una consulta popular, presentar una controversia constitucional a través de alguno de los gobiernos estatales o municipales que lo desearan hacer debido a que ninguna otra figura, ni física ni moral, pueden plantearla.

Además, dentro de esa estrategia de impugnar jurídicamente a la reforma, la dirigencia de Morena planea demandar al Presidente Enrique Peña Nieto por traición a la patria, “debido a que impulsó una Reforma Energética que compromete la soberanía nacional”.

Otro aspecto es el de que interpondrá una denuncia ciudadana en materia de juicio político, amparos individuales, amparo colectivo contra los órganos legislativos y el apoyo a denuncias de personas que vean violentados sus derechos humanos por la aplicación de la reforma.

Por su parte, Bátiz insiste en que la controversia constitucional puede tener éxito debido a que la reforma alteró “los principios básicos de la Constitución Mexicana“.

Lo dicho, fue un golpe de estado “técnico”.

Así despiden el año, ya se frotan las manos, gustosos, ávidos, satisfechos…

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