Aguinaldos de fábula

Editorial, Aserto 125-Diciembre 2013, 19 de diciembre

Ni por donde empezar. Sus ingresos y desplantes encienden la indignación, más su forma de gobernar, tienen postrado al país, se ufanan de disminuir centésimas de punto las cifras de la pobreza, de que las reformas “estructurales” tanto tiempo postergadas nos convertirán en país competitivo, mediante las cuales ingresaremos al primer mundo, que nos convertiremos en un país pletórico de transparencia en el manejo de la “cosa” pública, etc.

Todo ese discurso, enarbolado por el total de la clase política -los que forman parte del pacto, los que no lo están, los impulsores de él, sus detractores dentro de los partidos, todos- se cae en el momento en el que se les pregunta a cuanto asciende su aguinaldo y sus ingresos por la función desempeñada.

Año con año, conforme se acercan las fechas navideñas, crecen las informaciones acerca de las ofensivas prestaciones de los funcionarios públicos mexicanos, especialmente las obtenidas en esta parte del año.

Ofenden sobremanera los aguinaldos, especialmente los de la élite de las élites -los más “altos” funcionarios de la federación-, pero no solo; hasta el más modesto funcionario municipal, del más pobre de los municipios, devenga un salario muy por encima de los promedios de los obtenidos por sus gobernados. 

Es una pandemia político-social. El presupuesto público sirve para construir una nueva clase de adinerados, ya sea porque los funcionarios públicos se sirven directamente de él, o porque mediante sus posiciones se generan nuevos negocios, nuevas empresas, nuevos “nichos de oportunidad”.

Donde quiera aparece la pus de la corrupción.

A pesar de lo anterior, cuando se les increpa por lo elevado de los salarios, siempre aducen que en la iniciativa privada así los pagan y si queremos funcionarios de primeros niveles, deberemos pagarles del mismo modo.

¿Y su “vocación”, innata, de servir a la sociedad?

¿Cómo explicar salarios de 100, 200 mil pesos al mes; ya no digamos los de casi medio millón de unos cuantos funcionarios, incluidos los que debieran ser ejemplo de la “medianía” del funcionario público, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

No tienen justificación, mucho menos sus aguinaldos.

Así no hubiera un solo argumento para botarlos a todos, bastaría el de los salarios.

Además, inmersos en el discurso de la “pérdida de valores” y el rescate de la “cultura de la legalidad”, no alcanzan a explicarnos la razón por la cual no pagan impuestos por la mayoría de sus ingresos. Son, sin más explicaciones, evasores fiscales y, con ello, pierden la menor o mayor autoridad moral para gobernar a un pueblo que los ve fracasar permanentemente en la mejoría del bienestar de la sociedad.

¿Por dónde empezar? ¿Por el aguinaldo del Director General del Banco de México, ese que se encarga de que no se eleve la inflación y de resguardar las reservas de divisas, que se encuentran por encima de los 150 mil millones de dólares?

¿O por los presidentes de los municipios más pequeños de Chihuahua, con aguinaldos de fábula mientras más pobre y menos habitantes tenga su municipio?

¿O qué, por razones de seguridad, el gobernador César Duarte se niegue a informar acerca del monto de su aguinaldo, cuando más de 100 policías lo resguardan?

¿O que, cuestionados acerca de sus salarios, aleguen que hay cosas “mucho” más importantes que sus salarios?

¿O que, con salarios superiores a los 100 mil pesos mensuales les paguemos, todavía, “ayuda para la despensa”?

O se bajan los salarios o llevarán al país a una de las peores crisis políticas. De ese tamaño es la importancia de sus ingresos; no se los dio su mamá, se dice en los corrillos.