“Profeproa"

El Diario, 26 de noviembre de 2013

Luis Javier Valero Flores

En marzo y abril presenciamos las llamativas movilizaciones de los maestros defraudados por la empresa GRIO. Prontamente, el Gobierno del Estado desactivó el conflicto por la vía de suspender los descuentos a la nómina que esta empresa hacía, luego de pactar con ellos préstamos agiotistas, con la anuencia y, ahora sabemos, también con el impulso de las dirigencias sindicales, de los dos niveles, estatal y nacional.

Entonces supimos que se trataba de un negocio nacional, que abarcaba a los sectores del magisterio, los federales y los estatales. El conflicto llegó hasta la elaboración del presupuesto federal para el 2014, con la aprobación de una partida de 5 mil millones de pesos, para resolver el problema, pero por la vía de cancelar los préstamos otorgados por las empresas y aparecer, ahora, el gobierno federal como el prestamista con una tasa de interés de locura: ¡Del 18% anual!

De ese modo, se pretende legitimar una tremenda violación a las leyes federales del trabajo y de servicio público, a través de un negocio pactado desde los tiempos de Vicente Fox en la presidencia de la república, entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y empresas financieras no reguladas por la autoridad.

El mecanismo es aparentemente sencillo: La dirigencia sindical firmaba la autorización para que el patrón de los profesores, el gobierno federal, actuara como retenedor de los abonos quincenales por el crédito y los entregara al acreedor, en abierta violación de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado pues los porcentajes de descuento de la nómina, de los deudores, rebasaba los máximos legales permitidos, del 30% “y sólo en caso de deudas contraídas por el trabajador con el Estado por anticipo de salarios, pagos hechos en exceso, cobro de cuotas sindicales, aportaciones a cooperativas o cajas de ahorro; créditos con organismos públicos de vivienda, pensiones alimenticias ordenadas por un juez o préstamos de los fondos de vivienda”.

Los arreglos eran en la cúpula, de acuerdo con la información del reportero Roberto González Amador, (La Jornada, 23 de noviembre de 2013) ese era el mecanismo generalizado, y puso de ejemplo el contrato firmado el 24 de agosto de 2004 entre Elba Esther Gordillo Morales y Sergio Chedraui Eguía, representante legal del Grupo Chedraui, que opera la compañía de préstamos garantizados por la nómina, Consupago.

Tales contratos son legales, sostiene la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, y, por supuesto, declaró su respaldo al programa gubernamental que más que rescate de los trabajadores, parece rescate de estas empresas.

Y es que, al “rescatar” a los trabajadores, luego de erogar los 5 mmdp, les cobrará a los maestros una tasa de interés casi de agiotista, el 18%, que significa, para quien solicitó un préstamo de 50 mil pesos, sólo de intereses al año, ¡9 mil pesos!

¿A quién salvaron?

Por desgracia, luego de la crisis de abril en Chihuahua -con un universo de aproximadamente 40 millones de pesos y 456 maestros defraudados-, puede pensarse que el conflicto terminó, pues no se ha sabido del curso de este proceso, que debió derivar por la vía judicial.

Los comentábamos entonces, las víctimas presentarían las cartas en las que desautorizarían se efectuaran los descuentos, pero la deuda permanecía con las empresas. Con las novedades, pareciera que podrían acogerse los implicados al programa federal, a menos que éste sólo abarque a los maestros de ese ámbito.

 Pero quedan subsistentes varias interrogantes, derivadas de las posibles anomalías cometidas en el otorgamiento de los préstamos.

¿En función de qué facultades el Gobierno se convirtió en el departamento de cobranza de las financieras? ¿Cuánto cobra por esos servicios?

De ahí que tengan razón los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la casi proscrita -para las “buenas conciencias”, CNTE, al afirmar que es insuficiente tan sólo erogar los 5 mmdp, sin investigar y sancionar a quienes se beneficiaron de los préstamos usureros.

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