jueves, 28 de noviembre de 2013

Parodia fiscalizadora

 El Diario, 28 de noviembre de 2013

Luis Javier Valero Flores
Si se piensa que hemos agotado las cosas que pudieran asombrarnos del desempeño de los funcionarios gubernamentales, especialmente de los legisladores, estamos muy lejos de la realidad.
Lo realizado el martes por los integrantes de la mayoría legislativa del Congreso del Estado, -conformada por el PRI, PVEM y PANAL- es para competir por los récords de más trabajo legislativo: Aprobaron en una sola sesión las cuentas públicas del año 2012 ¡De 173 entes, tanto públicos como privados! En éste caso, aquellos que recibieron recursos públicos.
Reacios, por distintos motivos, a rechazar tal hecho, el resto de las fracciones parlamentarias -PAN, y el denominado bloque de izquierda (integrado por los legisladores del PRD, PT y MC)- se abstuvieron, es decir, ni las aprobaron, ni las rechazaron, sino todo lo contrario.
Con este hecho quedó explicada en toda su magnitud la maniobra, absolutamente ilegal, efectuada al término de las elecciones locales de este año, mediante la cual el Partido Verde decidió (Nos imaginamos que por su cuenta, sin que nadie le “sugiriera”, ni le ordenara, sino, también, todo lo contrario) aceptar como su candidata mejor perdedora a la postulada por la Coalición de este partido con el PRI, María Elvira González Anchondo, militante distinguida del tricolor. Hoy es la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso, es decir, la encargada de “planchar”, literalmente, prácticamente todas las cuentas públicas hoy comentadas.
Correcto, dicen bien los diputados del PRI, que las cuentas públicas fueron “subidas” a la internet, pero los dictámenes de cada una de ellas (los proyectos) fueron conocidos apenas unas cuantas horas por los diputados locales de todos los partidos. Como siempre, en eso no le fallaron, lo hicieron como sus ancestros, que nadie los conozca con antelación.
Entre las cuentas aprobadas se encuentran, 44 de juntas regionales y municipales de agua y saneamiento, de municipios, 35 de organismos descentralizados y autónomos, 18 fideicomisos, Conacyt, la Casa Chihuahua, el Programa Nacional de Becas y Financiamiento del Estado de Chihuahua y 76 asociaciones civiles. “No se encuentra el Instituto Estatal Electoral (IEE), pero sí el Tribunal Estatal Electoral y otros organismos… El IEE recibió diversos señalamientos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), sin embargo, no apareció entre las cuentas públicas revisadas y presentadas por la Comisión de Fiscalización”, señala la información de El Diario. (Nota de Patricia Mayorga, 26/XI/13).
Los dictámenes fueron aprobados por la mayoría señalada por 21 votos y 11 abstenciones del bloque opositor.
Lo realizado por la actual legislatura supera en toda la línea lo efectuado por sus antecesoras. Por lo menos, en el pasado, se cubría el expediente de presentar cada uno de los dictámenes y someterlos a su discusión, pero de ahí a aprobar en paquete, como si cada uno de los ejercicios gubernamentales fueran los mismos, igual un municipio que una organización de la sociedad civil, supera todas las previsiones que en materia de opacidad hubieran hecho los más acerbos críticos del quehacer gubernamental.
Modificar radicalmente los mecanismos de fiscalización es tarea prioritaria de la sociedad chihuahuense y, por lo que vemos, de ninguna manera para el grupo hegemónico en Chihuahua.
Tal tarea ha sido pospuesta, una y otra vez por los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado. Más allá de quien ha detentado la mayoría legislativa desde la segunda mitad del gobierno de Francisco Barrio -el PRI- una buena parte de tal rezago le compete al panismo chihuahuense; a éste le corresponde la corresponsabilidad del pasado, de aquel en el que se intercambiaban con el priismo la aprobación de las cuentas -tú apruebas la de Juárez y te apruebo la de Chihuahua y la del gobierno estatal, era la conseja.
Luego, con su aprobación para el nombramiento de quienes han ocupado la Auditoría Superior del Estado (antes, la Contaduría General).
Hoy tienen, junto con el resto de los legisladores, la responsabilidad de cambiar el método de fiscalización y del modo de nombramiento del Auditor Superior del Estado.
También los priistas ¿Querrán éstos?
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