Apresuramientos y deslindes

 El Diario, 24 de noviembre de 2013

Luis Javier Valero Flores

Casi como copia, pareciera que el ahora denominado Vive Bus Juárez va a repetir toda la ruta crítica seguida por su antecesor en la capital del estado, ante el aparente apresuramiento de la puesta en marcha del gobernador César Duarte Jáquez, quien informó que el 30 de noviembre arrancaría operaciones el nuevo sistema de transporte urbano del antiguo Paso del Norte.

Una de las diferencias será la postura pública adoptada por los representantes de los concesionarios de tal transporte: “La red de transportistas que operará el… Vive Bus Juárez, pidió que se aplace el arranque del proyecto porque no existen condiciones, infraestructura, ni esquemas administrativos para su operación... ‘No es una negativa, pero es una realidad. Solicitamos que se amplíe el plazo, porque no hay un esquema. Confiamos en las autoridades, pero en los hechos no lo hemos vivido’, dijo Mario Téllez Contreras, secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”. (Nota de Angélica Villegas, El Diario, 22/XI/13).

Tal postura que, ante los acontecimientos ocurridos en la capital del estado, pareciera ser la racional, choca frontalmente con la adoptada por los funcionarios estatales y municipales, quienes, casi como si fueran los directamente encargados de prestar el servicio, refutan a los dirigentes sindicales, todo está listo, dicen.

Pero de las mismas informaciones de los funcionarios gubernamentales y de los representantes de choferes y concesionarios puede colegirse que la apertura de la primera ruta tropezará con problemas semejantes, o quizá superiores, a los sufridos por los usuarios de la capital chihuahuense. Un factor pesará por encima de todo ello, el porcentaje de la población que usa este sistema de transporte; si en Chihuahua rondaba, según los estudios previos a la puesta en vigor del Vive Bus, alrededor del 17%, (algo así como 140 mil) en Juárez puede superar la quinta parte de la población, lo que llevaría a cifras por encima de los 250 mil usuarios diarios.

La lista de faltantes, y su importancia, es grande. Reportan que no se ha llegado a ningún acuerdo entre las autoridades estatales y municipales sobre el traspaso de los camiones y la contratación de los choferes. 

No hay acuerdos de los concesionarios con los choferes. No ha habido capacitación para los choferes de la nueva ruta, lo que puede redundar en un preocupante incremento en el número de accidentes, cosa que ha ocurrido en Chihuahua capital, seguramente no atribuibles la mayoría de ellos a los choferes del Vive Bus, pero de no impartirse los cursos necesarios lo resentiremos en el número de víctimas, de lesionados, de embotellamientos y de horas-hombre-trabajo perdidas a causa de los accidentes pues, también es un hecho, que una buena parte de los conductores particulares no están habituados a este nuevo sistema de transporte urbano.

Los concesionarios no cuentan con oficinas administrativas; seguramente todavía no están construidas las instalaciones de los talleres, patios de resguardo, ni los estacionamientos para las unidades.

Del apresuramiento dan cuenta las informaciones vertidas por el titular de la Dirección de Transporte, Jaime Enríquez Ordóñez, quien dio a conocer que se tiene contemplado contratar a 104 choferes, y que en el curso de la semana “van a estar firmados los contratos con los choferes que están debidamente preparados”, es decir, apenas van a firmar contratos y seguramente, como ya ocurrió en Chihuahua, a los antiguos choferes no se les plantea uno de los principales problemas, el del cambio de patrón, porque en adelante ya no será el concesionario, individualmente, el que sostenga la relación laboral, sino el nuevo ente conformado por los concesionarios, ellos mismos lo informan, aún no resuelven la situación de los choferes que tienen más de 15 años laborando en la ruta que será reemplazada.

No sólo en esos aspectos hay un evidente retraso, según las informaciones de los choferes, las zonas en donde se realizará el trasbordo de los peatones de las rutas alimentadoras hacia la troncal aún no cuentan con las instalaciones debidas.

No sólo eso, todavía no están establecidas aún las condiciones de cómo se van a pagar, ni las viejas, ni las nuevas unidades.

Es decir, la incertidumbre en todos los pasos del -ahora sabemos- difícil, muy difícil proceso de transición al nuevo sistema de transporte. Resulta que, de acuerdo con las declaraciones de estos funcionarios -citados en distintos medios- aún no saben si la empresa concesionaria va a adquirir los viejos-nuevos autobuses del Transporte SemiMasivo, ni los precios, ni el financiamiento, éste “se está negociando”, dijo Carlos Castañeda Echaniz, coordinador del Vivebús Juárez por el Municipio. (Ibídem)

Y como en Chihuahua, uno de los principales aspectos del sistema de transporte, el de los boletos, o de las tarjetas, a una semana de la puesta en operación, iniciará apenas mañana, con la operación de sólo cuatro módulos de expedición de tarjetas y aún no hay fecha de cuando se podrán adquirir en las tiendas comerciales y de autoservicio.

Y eso sin contar todas las anomalías que se presentan con las tarjetas, tanto que hasta la fecha existen cientos de usuarios en Chihuahua reportando que la pérdida de dinero en el uso diario las ha llevado a duplicar el gasto en transporte, por las fallas de las tarjetas, y eso sin contar el evidente retraso con el que se pusieron a la venta.

Bueno, está tan atrasada la transición que el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, Guillermo Márquez Lizalde, informó que “en días pasados el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, presentó una iniciativa al Congreso, la cual está a la espera de ser aprobada”, para dar origen a “un fideicomiso técnico” encargado de la recaudación pública.

Ahí se encuentra el meollo de la discusión acerca del transporte público ¿Debe estar en manos de la iniciativa privada o, por el contrario, dada la complejidad e importancia -de la ciudad, del servicio, del número de usuarios y la evidente incapacidad de los concesionarios para ofrecer un buen servicio- esta empresa debiera ser del gobierno estatal y así evitarnos la insistente petición, anual, para aumentar el precio del pasaje, sin incrementar la calidad del transporte.

Ahora sabemos, por la experiencia de Chihuahua, que los ingresos del transporte urbano superan, quizá por mucho, las cifras que anualmente informaban los concesionarios.

Además, es el más vivo ejemplo de cómo los los dineros públicos sirven para subsidiar un negocio privado. Hasta ahora, en la actual administración estatal, se han gastado 440 millones de pesos, 300 millones por parte del Municipio y 140 de Gobierno del Estado, más los cerca de mil millones de las fases anteriores, después de más de una década de retraso

¡N’ombre así cualquiera se convierte en próspero y respetado empresario.

DESLINDES.- ¿Cómo está eso de que las primas deben decidir quién se queda en el Municipio, como lo sostiene el presidente municipal de Juárez?

Para eso es la autoridad, y el alcalde Enrique Serrano, simple y sencillamente debe despedir a la directora de Desarrollo Social, Adriana Terrazas Porras, prima hermana de la regidora Mireya Porras Armendáriz, porque el responsable de la designación es el alcalde y en todo caso es el munícipe el que incurre en violación a la ley de responsabilidades pues está violando el Código Municipal.

De otro modo, pareciera que el alcalde está presionando para que sea la funcionaria elegida por la ciudadanía, y no la designada por él, la que que debiera renunciar, y eso, es inadmisible pues se trata de una integrante del órgano colegiado de gobierno del municipio y, por tanto, de la misma fuerza y representación que el presidente municipal.

Por otra parte, las funcionarias no están resolviendo un asunto de la familia, se trata de la administración de los recursos públicos de los habitantes del municipio de Juárez, no es a ellas a quienes les corresponde resolverlo, basta con la aplicación de la ley, y en este sentido, ni siquiera tiene que esperar Enrique Serrano la opinión de la regidora para resolver, ésta es una funcionaria de elección popular, a menos que, como frecuentemente pasa, le estén ofreciendo otro puesto y otras prebendas, ya que,  entonces podría pensarse en que (como también muy seguido ocurre) la suplente aparece como más cómoda para los designios de quien todo lo resuelve en el cabildo.

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