Contundentes críticas a la justicia en Chihuahua

El Diario, 17 de noviembre de 2013

Luis Javier Valero Flores

No podía ser de otra manera, dos de los casos emblemáticos de la procuración y aplicación de justicia, de los tiempos recientes, en los que se intuían la comisión de serios quebrantamientos al Estado de Derecho y por los que existía un muy vigoroso rechazo de la sociedad chihuahuense, el de Marisela Escobedo y el de Israel Arzate, conforme a los más recientes cambios del marco legal en materia penal (derivados de las sentencias recibidas por el Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) se han convertido en contundentes señalamientos a la forma en que el gobierno de Chihuahua -en sus tres poderes y sus dos niveles, el estatal y el municipal- ha venido aplicando la justicia.

Tales casos pueden convertirse en el antes y el después de la actual administración estatal en esa materia. Se le abre una oportunidad para efectuar una profunda reforma interna, sin la necesidad de realizar reformas legales, a ellas no nos referimos, sino al modo en concreto con el que se procura y se aplica la justicia, en un momento en el que se aprecia un reforzamiento del control que ejerce el titular del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, y sobre los gobiernos del ámbito municipal; no en balde hemos afirmado que César Duarte se encuentra en el cenit de su poder.

Lo que ha ocurrido en los casos de Marisela Escobedo e Israel Arzate no puede, no debe repetirse, son ejemplo de lo que no debe hacerse. Por un lado, desoír los reclamos y denuncias de una madre a la que le mataron una hija y por otro lado, violar la ley y los hechos para encarcelar a una persona, en aras de demostrar artificialmente su culpabilidad, son los ejemplos extremos de una deficiente aplicación de justicia.

Eso es lo que está en el fondo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ordenar la inmediata liberación de Israel Arzate, ratificando los amparos solicitados por éste; y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las quejas interpuestas por Marisela Escobedo en 2010 que, quizá, sea la más severa de las condenas, tanto a la anterior administración estatal, como a la actual.

Los asesinatos de Rubí Fraire y de su madre, Marisela Escobedo, estremecieron a los chihuahuenses. Indignada, Marisela realizó una ejemplar actividad en la exigencia de encarcelar al asesino de su hija. Ante la cerrazón oficial, pese a sus denuncias en las que señalaba al cónyuge de Rubí como el presunto autor del asesinato, se quejó ante la CNDH. Hoy, ya nadie puede congratularse de la emisión de la recomendación, fue asesinada ante las puertas de Palacio mientras se ejercía una “discreta” protección por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), según informaría el entonces titular, Carlos Manuel Salas.

Unos meses atrás, Israel Arzate era detenido por tropas del ejército mexicano. Demostró que fue detenido en un momento y lugar distinto al reportado por los militares y que no fue a bordo de un vehículo robado. Después de varias sesiones de tortura sería entregado al ministerio público, acusado de ser uno de los participantes de la masacre de Villas de Salvárcar. A pesar de que una víctima lo señaló de ser uno de los asesinos, Arzate siempre arguyó su inocencia.

De la aplicación de tortura para obtener declaraciones autoincriminatorias ya no podemos especular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acreditó, en este caso, que sí se aplica, por ello determinó, sin llegar al fondo del caso, la inmediata liberación de Arzate.

Y es que llegaron a extremos inconcebibles. La resolución de la Corte hace hincapié en que Arzate era sacado ilegalmente del penal y trasladado a la Guarnición de la Plaza “en donde aparentemente era sometido a tortura y luego regresado a su celda”.

Pero la trama no termina ahí. En el colmo (si existiera tal medida en la procuración de justicia en Chihuahua) el nuevo Fiscal General, Jorge González Nicolás, ha declarado prófugo a Israel Arzate. Y lo hace, luego de haberse desempeñado como titular de la defensora pública en Juárez en los tiempos que Arzate enfrentaba una y mil peripecias causadas por el aparato de justicia. Antes lo defendía y hoy pretende inculparlo ¿Por qué? Porque puede.

Ahora, ya como fiscal general, pretende detenerlo, luego que durante cuatro años su dependencia no ha logrado obtener más pruebas en contra de Arzate y la de que fue detenido a bordo de un vehículo, con reporte de robo, fue desechada pues Israel Arzate demostró que fue detenido por los militares mientras vendía discos piratas, en un lugar cercano a un supermercado por la avenida Jilotepec, según lo refieren los testigos, y un día antes del que reportaron los mílites. 

O sea que ni siquiera el robo de vehículo le podrán achacar, aunque en el 2011 le presionaron para que aceptara su responsabilidad en el robo del vehículo, supuestamente usado en la masacre y en el que, según el reporte del perito en criminalística, Pedro Alfredo Velazco Cruz, de la FGE, al realizar la búsqueda de huellas o fragmentos dactilares de Arzate, los resultados fueron negativos.

Ignoro si la conducta del Fiscal esté penada por la ley, pero si no es así, debiera. Es como los ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, o de la presidencia de México que luego se convierten en elevados funcionarios de instituciones bancarias o en parte de los consejos de administración de las empresas que adquirieron las empresas del Estado mexicano en su gestión.

¿En qué consiste la recomendación de la CNDH en el caso de Marisela?:

En que ordena otorgar a los familiares de Marisela asistencia médica, psicológica, social y material; la emisión de una disculpa institucional a los familiares de Marisela Escobedo, reconociendo las violaciones a los derechos humanos cometidos y el otorgamiento de medidas y garantías de no repetir actos como los que dieron origen a la investigación.

Asimismo, “realizar todas las acciones necesarias para la debida investigación de las amenazas y homicidio en agravio de Marisela Escobedo, y que se envíen a la CNDH las constancias que acrediten su cumplimiento y que debe tomar las medidas necesarias para que sus agentes observen los derechos de las víctimas y ofendidos del delito”; instruir al Fiscal General “para que se tomen las medidas necesarias para que los agentes de esta institución, observen los derechos de las víctimas y ofendidos del delito y se remitan a la CNDH las constancias con que se acredite su cumplimiento”.

Así como “para que en lo subsecuente, los fiscales especiales, jefes de unidad, directores y agentes del MP atiendan en tiempo y forma las solicitudes de información que la CNDH formule con motivo de investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos y se remitan a este organismo nacional las evidencias que le sean solicitadas, y las constancias con que se acredite su cumplimiento”.

Del mismo modo, que se “diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación, a los Agentes de Ministerio Publico, en materia de atención a víctimas, fortalecimiento de valores éticos y morales”, así como el envío de los indicadores de eficiencia de tal capacitación.

No sólo, ordena la colaboración de la FGE en la queja que levantará en contra de “los servidores públicos involucrados en los hechos que dieron origen al presente pronunciamiento y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento”, así como “en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, contra los SERVIDORES PUBLICOS involucrados, a fin de que se inicie la averiguación previa y se remitan a esta comisión nacional las constancias con que se acredita su cumplimiento”.

La CNDH señala que existen elementos suficientes para poner en evidencia las violaciones a derechos humanos a la legalidad, la seguridad jurídica, el trato digno y la debida procuración de justicia y al derecho a la verdad y, además, que la FGE “evidencia una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como una efectiva protección y defensa de los derechos humanos”.

Ese es el camino que debiera recorrer el gobierno de Chihuahua. Tal es el reto a la mitad del camino.

No es menor.

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