Reforma a negociar, ésta sí

El Diario, 10 de septiembre de 2013 Luis Javier Valero Flores Algo detectó el gobierno de Peña Nieto que finalmente ha propuesto una reforma fiscal esencialmente progresiva a causa de dos aspectos propuestos, uno de ellos de la mayor importancia y que no ha merecido la atención que el monto potencialmente recaudable por este rubro debiera despertar, el de la desaparición del régimen de consolidación fiscal. El otro, que no es menor, es el de la imposición de un gravamen del 10 por ciento a las operaciones realizadas en el mercado de valores. Por supuesto que el resto de la propuesta merece analizarse fríamente, pero está de tal modo elaborada que a simple vista pareciera ser una que se lanzó a fin de negociar con los distintos sectores económicos. No parece ser una iniciativa que se vaya a aprobar tal y como la envió al Congreso de la Unión el equipo económico de Peña Nieto. Les pega fiscalmente a varios de los sectores más privilegiados a lo largo del último siglo. No se quedarán callados, uno de ellos, el de los empresarios de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), estrechamente ligado al PAN, ha lanzado críticas acerbas a la reforma, porque, dice, se les cobran impuestos “a los mismos”. ¿Será cierto? La propuesta golpea, también, a los sectores populares y capas medias de las franjas fronterizas, particularmente la norteña al elevar la tasa del IVA al 16 por ciento, en una postura diametralmente opuesta a la permanentemente reclamada por toda la sociedad fronteriza chihuahuense. Ahí pareciera que se ausentó la sensibilidad social. Más aún, al imponer el pago del IVA a los productos necesarios para la industria maquiladora hará que los directivos de ésta pongan el grito en el cielo, luego de décadas de privilegios sinfín y carentes, ésta también, del necesario compromiso con la sociedad a la que transformaron profundamente, en un sentido negativo, según vamos llegando todos a esa conclusión. ¿Se necesita mucho para llegar a la conclusión que se necesita, urgentemente, un estado de excepción fiscal en Juárez, y en general en toda la frontera del norte? Recordemos a la tamaulipeca, en condiciones semejantes a la chihuahuense. Hay para todos los gustos, pero en el conjunto subyace la impresión que en el ánimo del equipo gobernante influyó el enrarecido clima social y económico existente en el país y se optó por no proponer medidas que podrían generar el rechazo de otros sectores sociales y así evitar que se sumaran a los que ya están movilizados en contra de la reformas educativa y energética. Por otra parte, se advierte la necesidad de imponer algunas medidas que impulsen el desarrollo económico ante la posibilidad de que se profundizara la crisis y disminuyera aún más el crecimiento, ya detenido al final del año a un nivel no esperado, de alrededor del 1.5 por ciento. De ahí la importancia de la desaparición del régimen de consolidación fiscal. Quizá ninguna de las medidas recaudatorias posee la característica central de esta variante. Todas las propuestas de Peña Nieto, de una u otra forma están encaminadas a obtener recursos, vía un impuesto, la elevación de otro, la imposición de algún otro, etc., pero en el caso de la consolidación fiscal se obtendrían recursos que simplemente se iban a engrosar las gruesas, muy gruesas carteras de los propietarios de todas las más grandes empresas que hacen negocios en México. De aprobarse y aplicarse con absoluta transparencia, el país obtendrá recursos frescos en montos que deberían llegar a los 400 mil millones de pesos al año. Si le creemos a Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, con esta reforma fiscal el Gobierno Federal obtendría recursos extras por encima de los 200 mmdp, pero si recaudaran bien, dicha suma podría ser superior, muy superior y podrían cubrir el gasto que implica la ambiciosa promesa presidencial de la pensión universal y creación del seguro de desempleo, así como la decisión de que de la recaudación a obtener –1.4 por ciento del PIB– un punto se canalice a estados y municipios. Comentario aparte merece la decisión de desaparecer el impuesto a los depósitos en efectivo, creado por Felipe Calderón para ¡combatir el lavado de dinero! ¿Sirvió de algo? Son muchos los aspectos que levantarán polémica pues se afectará sensiblemente a las capas medias altas (IVA a las colegiaturas en escuelas privadas, elevación del ISR a 32 por ciento para quienes tengan superiores a los 500 mil anuales, las compras de mascotas, a la compra de piezas de joyería, etc.) pero, por encima de todos, el de la desaparición del régimen de consolidación fiscal puede convertirse en la diferencia; esta sí obliga –o debería– a pagar más impuestos a quienes tienen más dinero.