domingo, 1 de septiembre de 2013

¿Qué esperan para estatizar?

El Diario, 1 de septiembre de 2013 LUIS JAVIER VALERO FLORES A la luz de la experiencia del ViveBús en la capital del estado –y de la cual aún no es tiempo de poner punto final en cuanto a su puesta en marcha–, es tiempo de reflexionar acerca del transporte semimasivo de Juárez y en general del sistema de transporte urbano en las dos principales ciudades del Estado Grande. Una semana después, ya con la experiencia de su funcionamiento, por lo menos para el escribiente, se consolida la tesis inicial: el transporte urbano de Juárez y Chihuahua debe ser operado por los municipios o por el gobierno estatal, es facultad del gobernador otorgar concesiones y puede delegarlas en los municipios, si así lo decide (Constitución de Chihuahua, Art. 93, fracciones 27 y 37); es extremadamente complejo su funcionamiento, son tantos los intereses y el gremio que lo ha detentado mostró, en estos 7 días, su absoluta falta de compromiso para con la sociedad y su voracidad sin límites, al grado de comprometer el funcionamiento de toda una ciudad. ¿Por qué tanta tolerancia a los concesionarios y choferes? Y no se pueden defender, basta con ver las condiciones de la absoluta mayoría de las unidades del transporte urbano de Juárez, la capital de la industria maquiladora posee, para sus trabajadores, uno de los peores sistemas de transporte urbano, la inversión es mínima en la adquisición de unidades, menor en el mantenimiento y rehabilitación, casi nula en la reposición de unidades, amén de que la mayoría sólo cuenta con una puerta, con sillones pésimos, pisos de cartera, y extremadamente “térmicos”: cuando hace frío, son helados, y cuando hace calor, queman. ¿Cuántos los agraviados en la primera semana del Vive Bus? ¿Cuántas las pérdidas? ¿Cuántas las horas-trabajo perdidas? ¿Cuántas las angustias por la llegada tarde, al trabajo, a la escuela, a todas partes? ¿Cuánto el desazón de miles de madres al ver partir hijas –e hijos– en la oscuridad de la madrugada sin que las rutas alimentadoras cumplieran con su obligación de iniciar a las 5.30 horas de la mañana? ¿Cuántos los camiones que no salieron a efectuar sus recorridos? ¿Cuántos los choferes que boicotearon el traslado de los usuarios? Las respuestas espantan. Y más el atisbar el titipuchal de cosas no efectuadas por las autoridades de transporte para obligar a los concesionarios a acatar los acuerdos para poner en funcionamiento el Vive Bus. Enerva saber que, apenas, una ínfima minoría de choferes han resuelto sobre su situación –aceptar al patrón sustituto o pedir la liquidación– pues se informa de un total de 110 choferes que lo han hecho, cuando se ha informado de la existencia de un poco más de mil choferes que laboraban con los antiguos concesionarios. Es tal el desorden que el Gobierno del Estado decidió traer unidades y choferes de otras ciudades, aplicar una sanción de más de 130 mil pesos a la empresa proveedora del servicio, la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), y amenazar a 90 concesionarios con retirarles las concesiones en caso de no presentarse a fin de que dieran a conocer sus motivos para no poner a disposición de los usuarios sus unidades. Pero en estas acciones, y en prácticamente todas, como las de la expedición de las tarjetas, son las autoridades las que han tomado en sus manos todas y cada una de las actividades que les correspondían a la empresa concesionaria. Agreguemos otro detalle, sólo para ejemplificar: Desde el gobierno se dice que se otorgó capacitación a los más de mil choferes, muchas semanas antes de la inauguración. Si esto es cierto ¿Por qué no se definió, desde entonces, el listado de quienes sí se quedarían en el ViveBús? La respuesta es simple, para esta pregunta y para las demás: porque desde las alturas del gobierno se protege a un gremio y a una central sindical, es decir, a los concesionarios y a la CTM, y así hay que decirlo, a quienes no les importa la calidad del servicio que otorgan y quienes, estos sí, mantienen como rehén a toda una ciudad, en este caso la capital del estado y que a partir de noviembre –si se mantiene la promesa gubernamental de iniciar el semimasivo en esa fecha– es probable que la mayor parte de los problemas, ahora sufridos por los capitalinos, pasen a formar parte de la cotidianidad de los juarenses. Analicemos fríamente la situación, sin maniqueísmo ni prejuicios políticos o ideológicos, porque ya oímos a las voces que claman, cuando se expone la idea de municipalizar o estatizar el transporte urbano, acusando que esa es una idea “socialista” – (¡Ay, horror al crimen, ahí vienen los comunistas!) – cuando en la mayor parte de los países desarrollados, del mundo capitalista, hace mucho tiempo que los sistemas de transporte vertebrados en una sola empresa son propiedad estatal, y no por ello se les acusa ideológicamente. Desde antes del ViveBús, Juárez y Chihuahua padecían un transporte urbano deficiente, malo y caro, además de manejarse de manera caprichosa y cuyos propietarios –los concesionarios– permanentemente se quejaban de las muy bajas tasas de utilidad que ofrecía ese negocio. Pero no lo dejaban, ni lo dejan. Ahora sabemos, por las quejas de los choferes que están optando por la liquidación, que éstos obtenían ingresos diarios de hasta mil pesos; por ello, cuando la CTC les ofrece un poco más de 300 deciden retirarse. Si esas utilidades obtenían los operadores, quiere decir que sí era negocio. Ni siquiera el gobierno del panista Francisco Barrio puso un freno a los abusos del “pulpo camionero”, como se le denominaba. Sólo se cambió la ley para establecer que no podrían circular unidades con más de 15 años de antigüedad. Los juarenses son los mejores testigos de cuán fielmente obedecen, choferes, concesionarios y gobernantes tal precepto legal. Es un insulto a la sociedad juarense la calidad de su transporte urbano. Es de tal magnitud la inversión gubernamental realizada –tanto en Juárez como en Chihuahua– en sus sistemas de transporte, a fondo perdido, que la pregunta salta a los ojos ¿Por qué invertimos tanto en un negocio privado? En la ruta troncal No. 1 de Chihuahua se invirtieron mil 200 millones de pesos, aún faltan otras ¿Cuánto nos costarán cada una de ellas? ¿También serán a fondo perdido, en beneficio de la CTC? ¿Por qué? Y luego, si no les gustan las tarifas o las rutas, ¿actuarán nuevamente como en esta semana para el olvido en Chihuahua? Se dice que no sería un buen negocio para el gobierno la estatización. Hagamos cuentas. Se calcula en 120 mil personas las que usan el transporte urbano en Chihuahua, eso significan, por lo menos, dos viajes por cada una, entonces son 240 mil viajes, por 16 pesos diarios, suman casi 4 millones de pesos ¡diarios! Si estas cifras son ciertas, señores, estamos hablando de un negocio, sólo en la ciudad de Chihuahua, de un poco más de mil 200 millones de pesos al año. Así, sí se puede recuperar la inversión de la ruta troncal. Y a los que dicen que es mejor la iniciativa privada para manejar este servicio tienen a la mano los antecedentes y ahora la puesta en marcha del ViveBús. Si el gobierno estatal no se pone al frente del sistema de transporte urbano las cosas habrían sido infinitamente peores. Y es que se empleó a fondo casi toda la estructura estatal para salir al frente de lo que podría ser –y lo es hasta el momento– uno de los peores momentos de la actual Administración estatal, aderezado por la torpe actuación de los órganos de seguridad para enfrentar las manifestaciones de los días anteriores. De tal manera que no se puede argüir que el gobierno no tendría la capacidad para operar el sistema de transporte. Pero si todo lo ha hecho, mi alma: construyó las instalaciones, cambió y acondicionó las vialidades, les consiguió a los concesionarios el financiamiento de las unidades nuevas, gestionó y contrató los servicios de internet, se hizo cargo de la publicidad, asumió los costos de la primera semana gratis, les impartió los cursos de capacitación a los choferes, convenció a los concesionarios, organizó la empresa, les facilitó la firma de contratos y liquidaciones, obtuvo la participación de unidades y choferes para sustituir los faltantes de las rutas alimentadoras y aportó, diariamente, más de 100 elementos de tránsito para cuidar el adecuado flujo de la ruta troncal. ¿Cuál es la única tarea que no hace el gobierno estatal? ¡Cobrar! Po’s sí. Esa es tarea reservada para los concesionarios. ¡N’ombre, así sí dan ganas de hacer negocio! ¿Repetirán el esquema en Juárez?

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