Proyectos "especiales" en las escuelas

El Diario, 24 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores El anuncio se hizo bajo un tamiz atractivo. Los padres de familia sólo estarán obligados a aportar recursos económicos a las escuelas de sus hijos, si éstas desarrollan “proyectos especiales”, para lo cual la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte presentará en los próximos días el esquema para erradicar el cobro de cuotas en las escuelas, consistente en que “cada escuela recibirá una cantidad específica por cada alumno para cubrir sus requerimientos, mientras que en caso de que haya proyectos especiales, la dirección del plantel y la sociedad de padres desarrollarán un programa de actividades para juntar recursos”. “Según información extraoficial, el esquema contempla la creación de un fondo especial estatal del cual serán asignados presupuestos a las escuelas para sus gastos cotidianos. También se obtendrán recursos de un Fondo Nacional Escuela Digna, destinado a respaldar a cada uno de los planteles educativos”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario de Chihuahua, 22/II/13). El esquema planteado, tal y como fue presentado –insistimos, “extraoficialmente” – en la práctica le dará permiso a las autoridades escolares para concesionar las “tienditas escolares”, en la búsqueda, dicen, de acabar “con las diferencias entre los planteles considerados ‘ricos’ y los ‘pobres”. (Ibídem). ¡Ah, pero los padres de familia, si lo desean, podrán ponerse de acuerdo con las direcciones de las escuelas para “proyectos únicos de mejora, como la instalación de un nuevo equipo o la construcción de un nuevo edificio de servicio”, que de aprobarse por la Secretaría de Educación, les permitirá obtener recursos “adicionales” para que los proyectos sean financiados de manera bipartita entre padres de familia y autoridades, en un esquema parecido –dice el escribiente– al existente para la construcción de obra pública entre los gobiernos de los tres niveles. Con un esquema como ese se antoja francamente imposible que desaparezcan las diferencias entre escuelas de ricos y pobres, pues indudablemente que las escuelas ubicadas en las zonas con mejores niveles de ingresos podrán desarrollar más actividades financieras y/o cobrar aportaciones más altas a los padres de familia y se puede llegar al extremo –nada raro, por cierto, en este momento– de que aquellos padres de familia que no aporten las cuotas para los “proyectos especiales” deberán sufrir la exclusión de sus hijos de éstos, por una sola y sencilla razón: las diferencias entre los ingresos económicos de los padres. Peor aún, tal propuesta acaba con la gratuidad de la educación impartida por el Estado, plasmada como una de sus obligaciones principales en el texto constitucional. De aprobarse, el Gobierno Estatal asumirá el papel de regulador de las mejoras efectuadas en las escuelas, como por ejemplo, el de mejorar la currícula de los alumnos, mediante la impartición de otras materias especializadas y ya no tendrá la obligación de aportar el total de los recursos, como hasta ahora se hace, o se debe hacer. Tal información tiene como antecedentes, que nos llevan a la conclusión que tal pretensión camina en la administración estatal, luego que el subsecretario de Educación, Cultura y Deporte de la Zona Norte, Javier González Mocken, declarara que “los padres podrán hacer aportaciones para necesidades escolares”, para de esa manera compensar la eliminación de cuotas de inscripción para el próximo ciclo 2013-2014, que sigue en pie”. (Nota de Karen Cano, El Diario, 8/II/13). Tal declaración vino a darle un giro a las vertidas un día antes por el juarense, Jorge Quintana, titular de Educación, quien afirmara que sí habría aportaciones de los padres de familia. En ese lenguaje críptico tan característico de la clase política, González Mocken, afirmó que “Se mantiene la prohibición al respecto, lo que el señor secretario señaló es que básicamente se deja a salvo la participación de las sociedades de padres para que contribuyan al mejoramiento de las escuelas”, a quienes, dijo el funcionario, “no se les podrá negar a los padres que voluntariamente se pongan de acuerdo y recauden fondos para necesidades extraordinarias de la escuela durante el año”. ¡Tanta tolerancia sorprende! ¡Ahora resulta que para “acabar” con las cuotas escolares, que se pensaba eran ilegales, ahora estamos construyendo todo un entramado para que no se cobren, a fin de hacerles llegar recursos a las escuelas que es una obligación constitucional de los gobiernos! Y es que a pesar del anuncio realizado por el gobernador del estado, en la audiencia pública realizada el 24 de enero, ahora resulta que sí se les pedirán aportaciones a los padres de familia: “Las cuotas que se cobran en los planteles educativos continuarán, pero serán utilizadas para gastos extraordinarios”, dijo el titular de la dependencia, Jorge Quintana. “El objetivo es que el Gobierno del Estado absorba los gastos ordinarios, como papelería y mantenimiento”, agregó. “El principal reto de este año, es que no se aceptará que se cobren cuotas a los padres de familia, pero esto no libera a la sociedad de padres de la responsabilidad que tienen con la escuela”, dijo Quintana. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario, 6/II/13). Pues tales agrupaciones pueden tener muchas responsabilidades, y eso está bien, pero de ahí a que tengan como eje central de su existencia la obtención de recursos económicos para mantener las instalaciones escolares, hay mucha distancia, y menos como se plantea ¡En igualdad de circunstancias con el Gobierno del Estado, por aquello de las “aportaciones bipartitas”! Tales desfiguros se derivan de las recientes reformas al marco legal de la educación impartida por el Estado, una de las cuales –avalada por los partidos firmantes del Pacto por México, PRI, PAN y PRD– establece la mentada “autonomía de gestión de los padres de familia”, lo cual es, como lo dice el periodista Luis Hernández Navarro, una “Mentira (pues) la legislación abre la puerta para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre: privatización”. (La Jornada, 15 de enero de 2013). Y a propósito de la evaluación a los maestros, elevada a nivel constitucional por la reforma, circula por la internet una propuesta muy interesante, seguramente elaborada por algún maestro: “¿Es o no justo que nivelen salarios de acuerdo al desempeño? Propuesta: ¿Por qué no los ponen (a los diputados) a hacer un examen de conocimientos legislativos de tres horas, sentados, sin hablar, ni moverse y por supuesto sin celular, como nos hacen a nosotros cada año en carrera magisterial? ¿Cuánto sabrán estos tipos, por lo menos sobre la Constitución? Y si se les exige un examen de conocimientos generales a toda esa bola de ... ¿Cuántos lo pasarían? Por lo menos que se les pida un perfil escolar, mínimo de maestría, como esperan de nosotros los maestros, no que hay cada político… cacique... Y si no lo creen, investiguen sus perfiles y vaya sorpresa que se encontrarán…”.