5 de febrero: ¿modernidad y privatización?

El Diario, 5 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores Cuesta trabajo aceptarlo. Conforme pasan los días de la nueva administración federal, de algún extraño modo pareciera que regresáramos en el tiempo. Todo se asemeja, vamos, hasta las tragedias, como la acaecida en el complejo de edificios de Pemex en la Ciudad de México, la respuesta y conducta del gobernante, la de la ciudadanía se parecen a las del pasado. Ahora, con el discurso de la ingente necesidad de modernizarse, se habla de la modernización de la principal empresa mexicana, eufemismo usado para encubrir las verdaderas intenciones del grupo gobernante: la privatización del más importante negocio hoy existente en México, la explotación y venta del petróleo crudo. A casi un siglo de la puesta en vigor de la Constitución, sus principales ejes son hoy lanzados por la borda; casi nada queda de los reclamos, exigencias, puntos programáticos de las fuerzas que enviaron a sus representantes al cónclave constituyente celebrado en Querétaro. Poco falta para que intenten destruir el principal postulado de esa, la constitución más avanzada del mundo hasta ese momento, que fue la de acabar con el mito de que la propiedad privada era don divino. A partir de la Constitución del 5 de febrero de 1917, la nación mexicana era la propietaria de todo cuanto pueden ver nuestros ojos –y también lo que no– y se imponía como facultad darle a la propiedad privada las modalidades que dictara el interés público, poniendo, así, por encima de los intereses individuales, los de la nación toda. Nadie se había atrevido hasta entonces ponerle un freno a la apropiación individual, se pensaba que heredar las propiedades –de todo tipo– era por decisión divina, incluso las coronas de los países. La reforma al artículo 27 constitucional, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari –mediante la cual la propiedad ejidal y comunal se pueden vender– significó, en los hechos, la contrarreforma agraria; del mismo modo, aunque en un nivel menor, las modificaciones a las leyes del IMSS e ISSSTE se convirtieron en los instrumentos para echar abajo varias de las mejores prestaciones sociales del movimiento revolucionario de principios del siglo anterior. Más aún, las recientes reformas en materia laboral son la versión de la contrarreforma que al grito de la modernización echan abajo todas las conquistas, no solamente de la Revolución Mexicana, sino de todos los movimientos sociales progresistas del siglo XIX. Hoy las baterías están dispuestas en contra de la empresa que modificó hasta sus raíces al país, la que hizo posible la modernización, real, de la sociedad mexicana, la que le aporta poco más del 30 por cierto al erario federal, Pemex, que hoy vive una de las peores tragedias y a la que al grito de la modernización se pretende privatizar en mayor grado. Nadie en sus cinco sentidos vendería una empresa en la que la obtención del producto le cuesta 8 dólares y lo vende a más de 100 en el mercado internacional. Tal margen de ganancia le permitiría, a cualquier propietario interesado en mejorar sus utilidades, invertir lo necesario en la modernización, rehabilitación y mantenimiento, sin necesidad de venderla. El caso de Florence Cassez nos ha permitido asomarnos al elevado grado de manipulación ejercido por la televisión privada en la sociedad mexicana. ¿Cuántos mexicanos creen en la culpabilidad de la francesa teniendo como única información la recibida en los noticieros y programas “de opinión” de Televisa y Tv Azteca? Más del 80 por ciento. Bueno, pues ese mismo aparato de manipulación le hace creer a la mayoría de los mexicanos que las privatizaciones son la fórmula para combatir la ineficiencia y la obsolescencia. Miremos a nuestro alrededor, los ejemplos sobran: los bancos son, casi todos, extranjeros ¿Cuánto cobran por sus servicios?; la principal empresa telefónica (que gozó durante muchos años del monopolio garantizado por el gobierno) es la fuente de la mayor riqueza del planeta, y no precisamente por su eficiencia y sus bajas tarifas; las minas de oro están en manos de las empresas extranjeras y no nos dejan, ni siquiera el pago a transportistas locales, y mucho menos parte de sus ganancias, ni en el reparto de utilidades a los dueños de las tierras, ni en el pago de impuestos por la explotación áurea. Esa es la modernidad del mundo de hoy, el de la globalidad, que en nada se distingue de la del pasado, de cualquier pasado…