CNC y UCD, ¿paraestatales recaudadoras?

El Diario, 3 de febrero de 2013 Luis Javier Valero Flores La información fue desmentida por el mismísimo director de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, César Toledo Franco, quien dijo que la denominada “Aportación para mitigar los efectos de la sequía”, –aprobada, según información de las organizaciones, en asamblea de los integrantes de la CNC y la UCD, cuando elaboraban un censo de los vehículos internados ilegalmente al país, los ‘chuecos’, pues– no era obligatoria. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 30/I/13). Luego, “decenas de contribuyentes expresaron su malestar por la forma en que el personal de Recaudación de Rentas los obliga a pagar la Aportación para mitigar los efectos de la sequía al momento de empezar el trámite para regularizar un vehículo ‘chueco’, que está planteada como una aportación voluntaria”, (Jaime Armendáriz, El Diario, 2/II/13). Toledo había informado que, incluso, alrededor de dos mil personas se habían negado a realizar la aportación (consistente en 300 pesos), pero que en el monto final, después de que más de 46 mil personas han iniciado los trámites para regularizar sus vehículos, es una considerable cantidad, más de 21 millones de pesos. Hasta ahí todo apuntaba a una “recomendación” tras bambalinas, que podía, o no, hacerse pública, pero hete que en contra de la información del funcionario, trabajadores de los módulos y contribuyentes le informaron al reportero que tal pago es obligatorio. Todo podría ser una confusión. Sin embargo, ayer, en los matutinos de la capital, aparecieron sendos desplegados pagados por el Gobierno del Estado en el que se señala textualmente: “Los propietarios de vehículos de procedencia extranjera interesados en la regularización de su automotor, deberán cubrir los siguientes requisitos: 1. Acudir por la ficha de aportación para mitigar la sequía a la Av. Tecnológico No. 4909 (sic, en realidad es 4904) {esq. con calle Pino}, donde se ubica el Punto de Inicio del Proceso de verificación Ecológica….”. (El Diario, 2/II/13, 7A). Con esta información ya nada queda, ni a la imaginación, ni a la especulación; ahora resulta que las oficinas de estas dos organizaciones ya forman parte del entramado oficial, de tal manera que son las encargadas de validar –y, por extensión, fiscalizar– que los propietarios de chuecos entreguen una aportación al Gobierno del Estado que, por otro lado, el coordinador de los diputados del PAN, Héctor Ortiz, exigió se informara a cual partida se asignarán los recursos obtenidos con esta muy novedosa forma de recaudación. Y es que en el año 2011, cuando la CNC y la UCD realizaron un censo de los ‘chuecos’, denominado por ellos como ‘precenso’, en el cual cobraron 150 pesos “que luego se entregaron al Gobierno del Estado, en apoyo a la sequía”, según fue acordado en asamblea de los propietarios de los vehículos, de acuerdo con la información proporcionada por el dirigente de la UCD, Pavel Aguilar. Este dirigente informó, además, que ahora “que quien hizo el precenso en el 2011 tendrá que pagar en Recaudación de Rentas 200 pesos si se trata de un vehículos a gasolina y 300 pesos los de diesel, para poder verificar el auto y conseguir el engomado ecológico, como paso previo a la regularización. Además deberá entregar 300 pesos de aportación voluntaria para la sequía. No obstante, aquéllos que no hayan precensado su vehículo deberán pagar el engomado de 200 ó 300 pesos según sea el caso, más 550 pesos de la aportación para la sequía”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 16/XI/12). No es cualquier cosa lo que está en el aire, según la información de la Secretaría de Hacienda, se habían recibido 46 mil 471 solicitudes de verificación ecológica, desde el 30 de agosto del año pasado, que habían dejado en las arcas del gobierno estatal un monto de 9 millones 821 mil pesos; “mientras que por concepto de aportación para mitigar los efectos de la sequía han ingresado 21 millones 260 mil 700 pesos a las arcas estatales con 44 mil 333 trámites”. (Ibídem del 2/II/13). Bueno, a pesar de esas cifras, solamente se han expedido 47 juegos de placas metálicas y sólo cerca de 2 mil personas iniciaron el trámite ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para obtener el pedimento de importación del automóvil. La opacidad cubre todos los pasos de la regularización, por lo menos los anteriores a los registros realizados ante el Gobierno del Estado. Toledo Franco informó que aproximadamente dos mil usuarios “optaron” por no pagar la aportación contra la sequía ¿Y por qué no pensar, más bien, que son ciudadanos que realizaron dicha aportación en las oficinas de las organizaciones? Porque las declaraciones del funcionario no tienen sustento. El dijo que “Es una aportación voluntaria y como tal el usuario puede llegar a ventanilla y decir que no quiere pagarla”. Pues no. El gobierno al que pertenece publicó los requisitos para lograr la regularización de los vehículos y entre ellos destaca el de pagar la susodicha aportación. Ahora resulta que un gobierno estatal, por lo menos para el escribiente, es la primera vez que se subordina a una resolución de una organización, como si estas formaran parte de la esfera estatal y, por tanto, sus determinaciones tuviesen el carácter de obligatorias. Peor aún, que deban someterse a la fiscalización de las organizaciones que seguramente lucraron –y si se argumenta que no hubo lucro, puede aceptarse, con dificultades, que no lo hubo económicamente, pero políticamente, claro que sí– y ahí está el señor Abraham Montes ubicado en una curul en la Cámara de Diputados, además de ser, con seguridad, uno de los candidatos que mayor preocupación le despertó al mandatario estatal en el pasado proceso electoral. De tal grado fue la preocupación que motivó un sorpresivo acercamiento con el ex gobernador Reyes Baeza a fin de que éste –y su grupo– fortaleciera la campaña de Montes en el distrito de Delicias. Ahora, no solamente se alzan como las agrupaciones sui géneris de la administración estatal, con todas sus implicaciones porque deberán informar del monto entregado a las finanzas del Gobierno del Estado, y éste deberá demostrar la documentación respectiva, que compruebe fehacientemente tal entrega. Además, el precedente es de muy mal pronóstico porque ahora cualquier organización (perdón, no cualquiera, sino una que goce de las simpatías en Palacio) podrá salir a la sociedad y realizar cualquier otra acción semejante, luego, simular un ánimo benefactor y solidario para con cualquier causa –legítima, real, ilegítima o falsa– buscar la protección oficial –luego, por supuesto, de haber ingresado cualquier cantidad de dinero a las arcas de la organización, o a los bolsillos de los dirigentes– y legitimarla con la bendición oficial. Pareciera ser la versión “chihuahuense” de un nuevo corporativismo que, al igual al existente antes del 2000 en el país –y con toda seguridad, existente todavía– le prestaba ingentes servicios al sistema, al tiempo que le ocasiona grandes, o menores, perjuicios a la población. De este episodio se generan –pero ¡¿cómo no!? – infinidad de preguntas y cuestionamientos, muchas de ellas relacionadas con el manejo del erario estatal, pero también con el lucro alcanzado por los dirigentes de estas organizaciones, dedicadas, con otro cariz, a prometer “protección”… y resulta que se las garantiza el gobierno estatal… la protección y las ganancias.